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UNIDAD DE INTELIGENCIA EN PRÁCTICAS – INTELIGENIA

Evaluar el riesgo de que redes yihadistas utilicen los flujos irregulares para infiltración, financiación o logística, con especial atención al Sahel y Magreb.

  1. La Estrategia Nacional contra el Terrorismo (ENCOT-2023), enmarcada en la Estrategia de Seguridad Nacional, constata que predomina la orientación yihadista en el terrorismo en España.
  2. La actividad yihadista en España está fuertemente vinculada a las personas de origen marroquí. Sin embargo, la tendencia muestra que hay más probabilidad de radicalización de personas de origen marroquí en España que en Marruecos.
  3. Aunque la radicalización online está muy extendida, en la mayoría de los casos se combina con la radicalización offline.
  4. Marruecos tiene un alto control en el tejido religioso islámico en España.

La amenaza terrorista para España siempre ha sido de gran relevancia en el entramado de la seguridad nacional. Especialmente por el período del terrorismo nacionalista de ETA. Sin embargo, con la expansión del terrorismo yihadista global en el último tercio del siglo pasado, este pasó a convertirse en la mayor amenaza a la seguridad española.

El terrorismo yihadista se consolidó en el último tercio del siglo XX como resultado de una serie de conflictos geopolíticos en el mundo islámico, que fueron utilizados por grupos extremistas como justificación ideológica para promover una visión radical del islam. Entre los eventos clave se encuentran el conflicto palestino-israelí, la invasión soviética de Afganistán en 1979 —considerada por muchos como el origen del yihadismo global—, y la posterior intervención estadounidense en Irak en 2003. Estos hechos alimentaron el sentimiento de agresión contra tierras islámicas y motivaron a numerosos actores a involucrarse.

En los años 90, el yihadismo se expandió por el norte de África y ya se habían formado estructuras organizativas como Al Qaeda que derivaron en nuevas franquicias en otras ubicaciones geográficas. A nivel organizativo, surgieron Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), activas en el Sahel y África Occidental. Por otro lado, el Estado Islámico que se instaura ya en el siglo XXI también se expandió por esta región, con el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)– activo en Mali, el oeste de Níger y el norte de Burkina Faso-, y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP)– centra sus operaciones en Nigeria-.

Esta región, junto con Afganistán y Somalia, se ha convertido en uno de los principales focos del terrorismo yihadista actual. Según datos del Observatorio Internacional de Estudios Sobre el Terrorismo, sólo en el mes de en febrero de 2023 se registraron 89 ataques, lo que implica que más de tres atentados se cometían por día, en su mayoría en África subsahariana.

También se extendió la figura del «lobo solitario», principalmente en Europa, que se trata de individuos auto radicalizados, principalmente a través de internet y redes sociales, sin vínculos estructurales con organizaciones terroristas. Casos como los atentados del 11M en Madrid (2004), el 7J en Londres (2005) o el ataque a Charlie Hebdo en París (2015), evidencian cómo la radicalización individual representa una amenaza significativa en Europa.

España considera el terrorismo una de las principales amenazas para su seguridad nacional, especialmente el de carácter yihadista, puesto que el terrorismo autóctono no representa a día de hoy una amenaza relevante, aunque se mantiene la vigilancia. Durante el período de 2019 a 2023, de las 110 operaciones relacionadas con actividades de terrorismo que se llevaron a cabo en territorio español, más de un 90 % estaban relacionadas con el terrorismo de etiología yihadista y algo más de un 5 % con el terrorismo autóctono.

Ante esta amenaza, España lanza la Estrategia Nacional contra el Terrorismo (ENCOT-2023), enmarcada en la Estrategia de Seguridad Nacional, que actualiza su enfoque para adaptarse a la evolución del fenómeno terrorista. De acuerdo a las estrategias de las organizaciones internacionales de las que España es parte, manteniendo el modelo de la Estrategia contra el Terrorismo de la Unión Europea (UE), la del Consejo de Europa (CE) y la de Naciones Unidas (ONU).

La ENCOT-2023 se concibe como un documento dinámico que permite su adaptación ante las amenazas cambiantes y la evolución de las tácticas terroristas, así como de la amenaza ligada a las prácticas de los diferentes grupos y de los distintos actores vinculados con los extremismos violentos. El ENCOT constata que el terrorismo en España:

  • Siguen siendo predominantemente de orientación yihadista.
  • Emplea cada vez más recursos de tecnología avanzada (drones, criptografía y redes sociales) que facilita sus labores de captación y radicalización, así como la coordinación y comunicación más efectiva.
  • Disponen de una estructura más descentralizada y difusa, lo que dificulta su identificación y desmantelamiento.
  • Han adoptado un enfoque cada vez más centrado en objetivos blandos, es decir, concentraciones multitudinarias en las vías públicas que causen mayor número de víctimas.
  • Apoyan la actuación de actores solitarios sin vínculos con organizaciones y con afectación por algún trastorno mental.

Los actores en solitario se caracterizan por la auto radicalización debido a la accesibilidad a la propaganda extremista en línea, la dificultad para su detección y el empleo de cualquier instrumento como arma para llevar a cabo sus atentados.

Otro elemento de gran relevancia en la lucha contra el terrorismo en España se trata del retorno de los Combatientes Terroristas Extranjeros (CTE), dado que su presencia y actividad en zonas de conflicto que les ha proporcionado suficiente conocimiento operativo, experiencia en el manejo de armamento, contactos, conocimiento de rutas y agentes facilitadores. Además de una posible posición de liderazgo, convirtiéndolos en ejes vertebradores de la concienciación radical y con posibilidades reales en la posterior ejecución de actos de terrorismo.

Existen varios factores que han contribuido al aumento de esta amenaza:

  • La polarización inducida por la crisis económica, sanitaria, social, energética y migratoria, así como una creciente desconfianza en las instituciones puede llevar a la adopción de ideologías extremas o radicales, especialmente entre los jóvenes.
  • La discriminación, el racismo y el sentimiento de agravio, que favorecen la adopción de ideologías extremas o radicales, especialmente entre los grupos marginados o excluidos.
  • La propaganda y la desinformación empleadas para difundir y transmitir este tipo de ideología, especialmente a través de las redes sociales y otros medios en línea.

Ante estas amenazas, el marco legislativo español recoge una serie de medidas para luchar contra el terrorismo y el extremismo violento, potenciando la cooperación internacional e intensificando los procedimientos de control y vigilancia en los puntos de entrada y salida del país. Por eso, la Estrategia Nacional contra el Terrorismo se basa en cuatro pilares fundamentales:

  • Prevenir: evitar la radicalización y el reclutamiento terrorista, con medidas marcadas en la lucha contra la radicalización, incluyendo la prevención en prisiones y el control del retorno de CTE.
  • Proteger: garantizar la seguridad de la ciudadanía, las instituciones y los objetivos vulnerables frente a posibles ataques.
  • Perseguir: identificar, investigar y neutralizar a los terroristas y sus redes de apoyo, incluyendo logística y financiación.
  • Preparar: reducir el impacto de los atentados mediante una respuesta rápida, apoyo a las víctimas y recuperación efectiva.

En este marco, se fijan como zonas prioritarias en cuanto a la lucha contra el terrorismo los Balcanes Occidentales, el Norte de África, Oriente Próximo, la región del Sahel y el Cuerno de África. La crisis multidimensional del Sahel afecta indudablemente a la estabilidad en la zona y, de manera directa, a los intereses nacionales de España, especialmente en lo que se refiere a la amenaza terrorista y al aumento de los flujos migratorios irregulares que pueden ser aprovechados por elementos terroristas para dar cobertura a sus desplazamientos. Por ello, España considera que los esfuerzos en la lucha antiterrorista en esta región deben centrarse en misiones de adiestramiento enfocadas a capacitar a as fuerzas armadas y cuerpos de seguridad locales para la contención del terrorismo, así como en la mejora de los sistemas de control migratorio.

En este sentido, el Magreb supone una puerta de entrada a España y, por ende, a Europa. Por lo que, en relación al terrorismo yihadista, la situación de seguridad en el Magreb continúa siendo uno de los factores que más incide en el nivel de amenaza terrorista en España y sobre nuestros intereses en dicha región. Además, existen varios elementos que mantienen esta amenaza, entre los que se encuentran los estrechos vínculos entre yihadistas magrebíes con residentes en nuestro país, las conexiones puntuales entre redes de tráfico de personas y yihadistas, así como el elevado porcentaje de CTE y terroristas detenidos en España con esta procedencia.

El terrorismo yihadista tiene dos vertientes en nuestro país, el de carácter foráneo, propiamente procedente del extranjero, y el autóctono, que implica a personas con nacionalidad española. Al hablar de inmigración y terrorismo, cabría pensar que tiene unicamente caracter foráneo. Sin embargo, el perfil de los yihadistas detenidos, entre 2013 y 2017, en España revelaba una tendencia clara hacia la radicalización de individuos nacidos o criados en nuestro país, es decir, un fenómeno endógeno o «homegrown». Según los datos, el 62,7% de los yihadistas durante ese periodo se radicalizaron en territorio español: un 56,8% eran inmigrantes de segunda generación y un 5,9% no tenían ningún antecedente migratorio, lo que indica una ruptura con la imagen tradicional del terrorismo yihadista como fenómeno exclusivamente foráneo. Sin embargo, esto no es excluyente, puesto que según el Foro de Terrorismo global del instituto El Cano, el 73,4% del total de personas relacionadas con actividades yihadistas (2013-2017), en España, son de origen marroquí. De forma que la correlación entre el terrorismo yihadista y la inmigración se basa en el origen de los involucrados en este tipo de actividades.

Esta relación entre terrorismo yihadista y origen marroquí es coherente ya que siete de cada diez inmigrantes que llegan a España desde países con sociedades musulmanas, tienen nacionalidad o nacieron en Marruecos. Sin embargo, en los últimos años ha cambiado significativamente el perfil de los implicados en actividades yihadistas en España, tanto por nacionalidad como edad o sexo. Aunque la participación de individuos de nacionalidad marroquí sigue siendo muy elevada, esta realidad está cambiando. En 2023 y 2024, la nacionalidad más común entre los detenidos fue la española (37% en 2023 y 44% en 2024), mientras que la marroquí bajó al 29%. Esto refleja un auge del yihadismo endógeno, influido por la presencia de segundas generaciones de musulmanes nacidos en España o personas de origen marroquí con nacionalidad española tras años de residencia.

Este dato adquiere especial relevancia si se compara con el peso que tiene la segunda generación de inmigrantes en la sociedad española: mientras que solo representan un 25,5% del total de la población musulmana inmigrante, su presencia entre los detenidos por terrorismo yihadista es más del doble. Por tanto, las segundas generaciones están sobrerrepresentadas en los datos de radicalización.

Aunque el componente autóctono ha tomado fuerza, es innegable que se trata de una amenaza terrorista principalmente foránea, puesto que la amplia mayoría de la población musulmana que reside en España es de origen marroquí. No obstante, Marruecos no es el único foco foráneo de terrorismo ya que también destacan personas de origen tunecino, argelino, pakistaní o sirio.

La mayoría de la población musulmana de origen marroquí en España procede de la inmigración de primera generación. Sin embargo, no son ellos quienes predominan entre los perfiles detenidos, sino sus hijos nacidos o criados en España, lo que refleja un problema interno que afecta a la integración, el sentimiento de pertenencia y la construcción identitaria en territorio español.

Este fenómeno es comparable al de otros países europeos con altos niveles de radicalización, donde también se observa que la actividad yihadista es más frecuente en contextos donde predominan las segundas generaciones musulmanas. Jóvenes que viven en tensión entre dos culturas (la de origen y la del país de acogida) pueden experimentar conflictos de identidad, sensación de marginación o falta de referentes sólidos. En este contexto, la propaganda yihadista, especialmente a través de redes sociales y entornos digitales, ofrece una narrativa de afirmación y pertenencia que puede derivar en la adopción de posturas extremas.

En cuanto al componente geográfico de la radicalización y actividad terrorista, los individuos nacidos en Marruecos, especialmente en el Rif, siguen estando presentes en las redes yihadistas en España, aunque en menor proporción que las generaciones nacidas en territorio nacional. Por su parte, los radicalizados nacidos en Ceuta, Melilla o Cataluña conforman lo que se ha denominado el componente autóctono del fenómeno. De hecho, es más probable que una persona de origen marroquí se implique en actividades yihadistas si reside en España que si reside en Marruecos, lo que pone de manifiesto que tanto España como Marruecos enfrentan una amenaza compartida, pero con dimensiones diferentes: en Marruecos, más asociada al control territorial y a la prevención; en España, a la vulnerabilidad social y a la radicalización interna.

En el período de tiempo 2013-2017, 4 de cada 10 detenidos o personas relacionadas con el yihadismo condenados en España residían en Cataluña. Lo cual implicaba una sobrerrepresentación del 27% de musulmanes que  viven en España y viven en Cataluña. También destaca la presencia salafista en la comunidad, pues ⅓ de 256 lugares de culto islámicos en Cataluña eran salafistas. 

Respecto a la radicalización según la edad, también se ha producido un cambio notable. Si en 2020 predominaban los detenidos entre 32 y 38 años, en 2024 lo hicieron los jóvenes de entre 18 y 24. Al sumar los 15 menores detenidos ese año, se concluye que más del 40% de los implicados tenía menos de 25 años.

En cuanto al sexo, aunque los hombres siguen siendo mayoría, la participación femenina ha aumentado ligeramente, alcanzando un 11% en 2024. Un dato llamativo es que mientras la edad media de los hombres detenidos tiende a disminuir, en el caso de las mujeres se incrementa, superando ya los 45 años.

Otra de las características de los detenidos se refiere a la situación laboral, el perfil del detenido también ha cambiado: antes predominaban las personas con empleo, pero en 2024 el 46% estaba desempleado.

En cuanto a los medios de radicalización podemos hablar de distintas estrategias. Los centros penitenciarios y centros de culto islámico destacan en cuanto a las formas de radicalización offline. Mientras que el peso de los medios online, como redes sociales o internet, es muy elevado.

En estos términos, los principales desafíos en la actualidad se identifican:

  1. Los individuos auto radicalizados dispuestos a cometer atentados
  2. El retorno de combatientes terroristas extranjeros
  3. La radicalización en los centros penitenciarios
  4. La creciente implicación de menores con un rol activo en actividades terroristas

El uso de las mezquitas y los centros de culto para el reclutamiento y la radicalización está extendido. En 2014, el 10% de los oratorios musulmanes en España (100 mezquitas), se dedicaban a divulgar el islamismo radical y al menos 30 de ellas contaban con escuelas igual de radicales que las habidas en Afganistán. Sin embargo, se sabe que las mezquitas no son el principal ámbito de radicalización ya que el 73% de los casos se producen en domicilios particulares y más del 17% en centros penitenciarios.

Además, cabe destacar que Marruecos financia prácticamente la totalidad de las mezquitas en Ceuta y Melilla, y forman parte íntegra del Ministerio de Asuntos Islámicos de Marruecos. Mientras que su apoyo financiero también se expande por todo el territorio peninsular, destacando los centros de culto de la comunidad de Madrid y Cataluña. Aunque el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Tawfiq, niega que esto tenga una implicación política y justifica que el 70% de los musulmanes en España son marroquíes. 

En la actualidad, los centros penitenciarios se consideran uno de los principales focos para la captación, el adoctrinamiento y el proselitismo yihadista en España, siendo probablemente el entorno más propicio para la proliferación de nuevos casos de radicalización. Estos espacios reúnen varios factores que favorecen los procesos de adoctrinamiento ideológico, como el aislamiento social, la frustración personal, el sentimiento de agravio y la búsqueda de identidad o redención por parte de los internos. Este entorno cerrado facilita el proselitismo y la captación por parte de individuos radicalizados, que a menudo ejercen como líderes espirituales sobre otros presos, especialmente sobre condenados por delitos comunes y sin vinculación previa con el extremismo religioso.

Se encuentra una relación estrecha entre individuos reportados a Europol por terrorismo (2016) y personas con antecedentes criminales o pertenecientes a entornos delictivos, lo que implica una relación positiva entre susceptibilidad a la radicalización, reclutamiento y entornos delictivos.

Este fenómeno no es exclusivo de España. A nivel internacional, la radicalización en prisión es una preocupación creciente, ya que estos entornos pueden convertirse en terrenos fértiles para el extremismo violento, especialmente entre individuos que comparten trayectorias vitales marcadas por la marginalización, el resentimiento hacia el sistema y la carencia de vínculos sociales positivos.

Por tanto, la radicalización carcelaria plantea un desafío estructural y de seguridad, al combinar el riesgo de creación de nuevos perfiles yihadistas con la posibilidad de que estos individuos salgan en libertad cuando cumplan las penas por delitos comunes y actúen como catalizadores de futuras amenazas terroristas. Esta realidad exige un enfoque integral que combine medidas de prevención, seguimiento, intervención ideológica y reinserción dentro del sistema penitenciario. En este sentido, se han activado protocolos de seguimiento para detectar procesos de radicalización en internos condenados por otras tipologías delictivas, así como la libertad vigilada de ex convictos.

La mayoría de los estudios coinciden en que Internet no causa la radicalización yihadista, pero sí facilita y potencia su difusión, actuando como complemento de las dinámicas presenciales. Así, las interacciones online normalmente juegan un papel clave al difundir ideas extremistas y provisionar información; crear comunidades en torno a ellas (reclutamiento); normalizar teorías de conspiración y la desconfianza institucional; y facilita las redes de financiación del terrorismo.

Los factores offline —como el entorno social, los conflictos identitarios o las experiencias de discriminación— siguen teniendo un peso determinante. En este sentido, la exposición a propaganda extremista en línea, tanto activa como pasiva, influye en el paso a la radicalización conductual, pero continua siendo habitual la combinación con otros elementos no digitales. A pesar del uso intensivo del entorno digital por parte de los extremistas, la mayoría de los terroristas siguen operando en espacios tanto online como offline, lo que reafirma la naturaleza híbrida del fenómeno.

La literatura reciente ha clasificado las formas de radicalización online en cuatro tipologías distintas:

  1. Integrada: conectada intensamente tanto en línea como fuera de línea. Uso intensivo de Internet como herramienta de planificación.
  2. Animada: uso elevado de Internet para establecer redes y planificar, pero con menor implicación en encuentros físicos.
  3. Aislada: baja interacción tanto en línea como fuera de ella. Algunos planifican a través de Internet; otros actúan de forma improvisada.
  4. Encerrada: predominio de relaciones físicas sobre las digitales, aunque con uso del entorno online como recurso complementario.

En una investigación sobre 439 terroristas en ocho países, un estudio de 2022 de Hamid y Ariza halló que la mayoría (238) se había radicalizado principalmente fuera de línea. Por el contrario, 77 lo hicieron mayormente en línea, 40 con una mezcla de ambos, y solo 8 podrían describirse como casos de “radicalización en línea asocial”

En lo que se refiere a las plataformas online por las que se difunde la radicalización, se encuentra que a inicios de la década de 2010 el enfoque al respecto era laxo. En este sentido, las plataformas fueron un medio de utilidad para la difusión yihadista de gran alcance, ya que no había un enfoque proactivo de eliminación de contenido. Sin embargo, a partir de 2016, comienza la lucha en estas plataformas contra la difusión de contenido de grupos terroristas en línea.

Hoy en día, el entorno online es hostil a la difusión de contenido yihadista. Se usan páginas “balizas” como Facebook, X o Telegram para dirigir a almacenes de contenido (como archive.org ). A su vez, se complementa con “agregadores”, que recopilan enlaces y los almacenan en lugares como sitios web.

Tech Against Terrorism identificó trece categorías de plataformas usadas en este proceso, siendo las de intercambio de archivos y videos las más frecuentes. En 2020, su sistema de análisis de contenidos de terrorismo emitió 10,959 alertas sobre contenido yihadista, logrando una tasa de eliminación del 94%. Por otro lado, señalan que ha habido migraciones a plataformas más laxas como Gab, donde la tasa de eliminación se reduce prácticamente a la mitad.

Hay otra preocupación importante para la UE; la radicalización en base a los videojuegos.  Gilles de Kerchove, ex coordinador antiterrorista de la UE, señaló que las plataformas de juegos tienen una fuerte dimensión social, lo que las hace útiles para reclutar y radicalizar a jóvenes vulnerables. Los videojuegos son considerados no como parte del proceso de reclutamiento sino de reforzamiento de la ideología de los ya radicalizados.

Otra preocupación es que los algoritmos de recomendación puedan estar creando “burbujas de filtro” radicales. De Kerchove advirtió que la amplificación de contenido dañino legal podría facilitar la radicalización. Aunque hoy las plataformas son mucho más eficaces eliminando material claramente ilegal, muchos actores extremistas producen “contenido limítrofe” difícil de sancionar.

Otra cuestión planteada por los académicos responde al formato que realmente logra la radicalización online. En un estudio de Wolfowicz et al. (2022), se concluye tras cuarenta y nueve estudios observacionales que el consumo de televisión no tiene efecto. Sin embargo, la exposición activa o pasiva al contenido radical en línea si que se relaciona con el riesgo de radicalización.

Dentro de las búsquedas activas en línea, la asociación más fuerte a la radicalización proviene del acceso a revistas yihadistas. Este hallazgo coincide con el estudio de Frissen (2021) en una muestra grande (>1.800) de jóvenes adultos belgas: la radicalización cognitiva autoinformada fue más pronunciada.

En el caso concreto de la radicalización de individuos que consuman actos terroristas. El estudio exhaustivo de Hamid y Ariza (2022) ofrece la oportunidad para relacionar la vía de radicalización con la gravedad del acto terrorista. Esto permite una estimación cuantificada y directa del nivel de amenaza derivado de los distintos modos de radicalización. Centrándose en los comportamientos de ataque, los autores crearon una base de datos con 439 atacantes yihadistas activos en ocho países occidentales entre 2014 y 2020. De estos, el 54% se radicalizó principalmente fuera de línea, el 18% en línea, y en un 9% se pudo establecer una mezcla de influencias en línea y fuera de línea. La radicalización en línea típicamente se acompaña de interacción social. Solo el 2% de la muestra se ajustó a una vía descrita como radicalización en línea asocial. No se pudo establecer la vía de radicalización en el 17% de los casos

Por último, se realizan evaluaciones de riesgo de radicalización en línea, y se encuentra asociada al nivel más bajo en las tres dimensiones que son analizadas.

En primer lugar, respecto al engagement o interés creciente o identificación con una ideología extremista o con algún grupo que la apoye. Solo el 32% del grupo en línea se clasificó como altamente comprometido, en comparación con el 67% del grupo mixto y el 50% del grupo fuera de línea.

En segundo lugar, respecto a la intención, es decir, la disposición futura a superar inhibiciones y actuar cometiendo delitos en nombre del grupo o causa. El 15% del grupo en línea fue clasificado como alto, frente al 48% del grupo mixto y el 36% del grupo fuera de línea.

En tercer y último lugar,  en relación a la capacidad, que abarca los conocimientos, habilidades, redes y el entrenamiento general necesario para llevar a cabo actos terroristas: El grupo en línea mostró niveles significativos (es decir, los más altos) sólo en el 5% de los casos, frente al 41% en el grupo fuera de línea y el 22% en el grupo mixto.

La inestabilidad estructural en el Sahel —una región marcada por el terrorismo, la debilidad institucional y graves crisis de gobernanza— ha generado un terreno fértil para la expansión de redes yihadistas. Esta situación ha favorecido no solo el asentamiento de grupos como Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) o Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), sino también un aumento sostenido de los flujos migratorios irregulares hacia el norte de África, y desde allí hacia Europa, particularmente hacia España.

La porosidad de las fronteras, la falta de control estatal en amplias zonas del Sahel y la presencia de conflictos armados han facilitado tanto el desplazamiento de personas como el tránsito de elementos radicalizados. Muchos migrantes que huyen de la violencia, el hambre o la inseguridad acaban siendo víctimas de redes criminales que, en algunos casos, están conectadas con células yihadistas. Esta realidad convierte a la región en un espacio donde convergen los desafíos de la seguridad y los flujos migratorios, afectando directamente a países como Marruecos y, en consecuencia, a España.

En este contexto, Marruecos ha sido un actor clave tanto como país de tránsito como de contención. Según datos de sus propias autoridades, entre 2002 y 2017 se desarticularon 174 células terroristas, de las cuales 60 estaban vinculadas con organizaciones yihadistas activas en Siria e Irak. Más de 1.660 combatientes terroristas extranjeros (CTE) partieron desde Marruecos hacia estas zonas de conflicto, algunos de ellos integrados en grupos como Sham al-Andalus o Estado Islámico (EI), este último de particular interés para España por su capacidad de atracción en el entorno hispanohablante.

Una muestra del impacto directo sobre España es la desarticulación de redes propagandísticas vinculadas al Daesh, como la denominada “Sarh al Khilafa”, que operaba a través de plataformas digitales como la “Fundación I’lam”. Esta estructura difundía material yihadista traducido al castellano y evidenciaba la conexión entre los flujos del Sahel y Magreb y los procesos de radicalización en territorio español.

En los últimos años, España ha registrado una tendencia clara: la mayoría de los detenidos por actividades yihadistas han mostrado afinidad con el Estado Islámico. En 2024, 58 de los 81 arrestados compartían esta ideología, lo que representa más del 70%. Esta persistencia ideológica, a pesar de la desaparición territorial del califato, demuestra que la influencia de Daesh sigue activa. Por el contrario, Al Qaeda ha perdido peso en el contexto español, sin registrar detenidos asociados a su ideología durante el último año.

Estos datos confirman una conexión directa entre la expansión del yihadismo en el Sahel y Magreb y la amenaza que representa para España. La combinación entre redes terroristas regionales, migraciones descontroladas y propaganda digital convierte a esta dinámica en uno de los principales retos de seguridad para el país.

La cooperación entre España y Marruecos en materia de lucha antiterrorista se ha consolidado como un pilar fundamental de la seguridad en la región del Mediterráneo occidental. En este sentido, ambos países han firmado una serie de acuerdos en materia de seguridad como el Convenio de cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia (2019), firmado en Rabat por los ministros del interior español y marroquí, este acuerdo incluye la cooperación en terrorismo, trata de seres humanos, inmigración ilegal, extorsión, tráfico de armas, drogas y otros delitos graves. Otro acuerdo anterior es el acuerdo de cooperación policial transfronteriza (2010) que se enfoca en reforzar la colaboración policial entre España y Marruecos en las zonas fronterizas.

Un ejemplo reciente de esta cooperación es la Operación Shabaka (2024), llevada a cabo por la Policía Nacional española y la Dirección General de la Seguridad Territorial marroquí (DGST). Esta acción conjunta permitió la detención de nueve individuos en España y Marruecos, algunos de los cuales tenían antecedentes por terrorismo y vínculos con organizaciones como el Estado Islámico del Sahel. Los detenidos, que operaban en ciudades como Ceuta, Ibiza y Madrid, planeaban cometer atentados antes de desplazarse a zonas de conflicto. Esta operación puso de manifiesto la capacidad operativa conjunta y la necesidad de cooperación ante la amenaza compartida que representan los combatientes terroristas extranjeros para ambos países.

Sin embargo, España tiene un desafío en lo que respecta a la dependencia estratégica de Marruecos en materia de lucha antiterrorista, especialmente en comparación con otras relaciones bilaterales como la de Marruecos con Francia, país que ha mostrado un mayor grado de autonomía en este terreno. Para España, el control de fronteras y el flujo de información desde Marruecos son esenciales, no solo para prevenir atentados, sino también para gestionar el fenómeno migratorio vinculado a la inestabilidad del Sahel y del Magreb.

En este sentido, Marruecos también persigue intereses propios, como reforzar su papel como socio estratégico ante la Unión Europea y garantizar su control interno sobre las comunidades musulmanas en el exterior. Uno de los mecanismos utilizados es el control de las mezquitas, desde las cuales se ejerce influencia religiosa y, en ocasiones, también política. Casos como el del imán Omar El Hadouchi, vinculado a los atentados de Casablanca de 2003 y posteriormente activo en España, muestran la necesidad de una vigilancia más rigurosa sobre los líderes religiosos que predican en territorio español. A pesar de estar inhabilitado en su país, Hadouchi pudo dirigir el rezo en España, lo que evidencia una brecha en el control preventivo. A raíz de este acontecimiento, algunos imanes moderados comenzaron a colaborar con el Ministerio del Interior de España para identificar e impedir  la entrada a los radicales expulsados por su extremismo de países musulmanes y que se desplazan con el objetivo de sentar doctrina.

En el plano multilateral, Marruecos se muestra como un enclave imprescindible para Europa en la lucha contra el terrorismo, por tanto, mantiene también acuerdos antiterroristas con la Unión Europea, compartiendo objetivos comunes como la lucha contra la financiación del terrorismo, la mejora del control fronterizo y la prevención de la radicalización. España, por su parte, ha impulsado procesos de diálogo como el Proceso de Rabat (cofundado en 2006) y el Proceso de Jartum (2014), que promueven una migración segura y regulada mediante la cooperación entre la UE y los países africanos.

Tanto España como Marruecos comparten una posición geoestratégica que los expone a retos comunes, siendo el terrorismo yihadista uno de los más relevantes. En el caso español, esta amenaza se ha consolidado como la principal preocupación en materia de seguridad nacional, superando incluso al terrorismo de carácter nacionalista. Dado que el yihadismo está directamente vinculado con interpretaciones extremistas del islam y considerando que España no es una sociedad mayoritariamente musulmana, resulta evidente que este fenómeno no puede comprenderse sin atender al componente foráneo, especialmente el que proviene de la frontera sur.

La relación entre migración y terrorismo, aunque difícil de cuantificar de forma directa, plantea una preocupación para las autoridades; la posibilidad de instrumentalizar los flujos migratorios como vía para introducir elementos radicalizados. Esto hace necesario abordar la radicalización desde una doble perspectiva. Por un lado, la integración efectiva de las personas migrantes, especialmente las segundas generaciones, cuyas tensiones identitarias las hacen más vulnerables a procesos de auto radicalización. Por otro, el control riguroso de las fronteras, con el fin de disponer de información clara sobre quién entra y permanece en nuestro país.

En este contexto, Marruecos se presenta como un socio clave en la lucha contra el yihadismo, no solo por su proximidad geográfica, sino también por la estrecha colaboración en materia de inteligencia y seguridad. Sin embargo, esta cooperación no debe traducirse en una dependencia estructural. España debe mantener una política migratoria autónoma y reforzar su capacidad de prevención del extremismo desde sus propias instituciones.

Un aspecto especialmente delicado de esta relación es el control que ejerce Marruecos sobre parte del tejido religioso musulmán en España mediante la financiación de mezquitas. El peso de Marruecos en el ámbito religioso español plantea la necesidad de desvincular instituciones clave como la Comisión Islámica de España (CIE) del control de actores extranjeros.

En definitiva, aunque la cooperación con Marruecos es imprescindible para enfrentar una amenaza compartida como el terrorismo yihadista, España debe avanzar hacia una mayor autonomía estratégica. No se puede depender exclusivamente del apoyo marroquí ni de la ayuda europea. La externalización de fronteras por parte de la UE ha demostrado ser insuficiente, ya que los flujos migratorios irregulares persisten. Por ello, es fundamental construir una política integral que combine cooperación internacional con una estrategia nacional sólida, basada en la prevención de la radicalización, la gestión eficaz de la migración y el fortalecimiento de las estructuras internas de seguridad e integración.

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