23 de Octubre de 2025

Elaborado por la Unidad de Inteligencia en Prácticas – Inteligenia 

PROPÓSITO: Analizar la cuestión del Sáhara Occidental con el fin de determinar cómo las decisiones tomadas al respecto afectan a España e influyen en la seguridad regional y en los equilibrios diplomáticos internacionales.

La cuestión del Sáhara Occidental es uno de los nodos principales en las relaciones hispano-marroquíes ha supuesto históricamente un punto de fricción constante en cuestiones migratorias, diplomáticas y económicas. Para España, el Sáhara representa una responsabilidad tanto histórica como jurídica, condiciona la política exterior de Madrid, afectando al frágil equilibrio diplomático existente con Rabat y Argel, así como a la estabilidad regional. Además, influye de manera considerable en la seguridad fronteriza, la cooperación migratoria y en intereses económicos, pesqueros y energéticos, manteniendo vigente un debate interno por los lazos históricos, jurídicos y humanitarios con el pueblo saharaui. El estudio de los eventos ocurridos en la región, así como del papel de actores internacionales involucrados, nos proporciona una radiografía de cómo el Sáhara Occidental continúa siendo una cuestión estratégica para España, reflejando cómo el pasado colonial aún pesa en las decisiones políticas y la seguridad española en la actualidad.

Contexto histórico

            El Sáhara Occidental es un territorio de aproximadamente 266.000 km² situado a orillas del Océano Atlántico, colindando con Marruecos al norte (500 km de frontera), con Argelia al noreste (70km) y con Mauritania al sur y al este (1.570 km). La primera manifestación de la soberanía española en el territorio del Sáhara (habitado por los saharauis, pueblo nómada autóctono) tuvo lugar en noviembre de 1884 en la península del Río de Oro. En la Conferencia de Berlín, celebrada al año siguiente, el gobierno español reclamó un protectorado sobre la zona, así como en la actual Guinea Ecuatorial, organizado posteriormente en dos unidades administrativas, la Guinea española y el África Occidental español. En virtud del Tratado de Fez de 1912 con Francia, Madrid pasó a administrar el Rif, Ifni y la zona de Tarfaya como protectorados, mientras que París administraba Marruecos. Concretamente, en el artículo 6.2 del acuerdo hispanofrancés, se establecía que el Sáhara Occidental quedaba «fuera del territorio marroquí”.

            En el BOE núm. 12, de 14 de enero de 1958, el Sáhara y el Ifni se declararon provincias españolas (once años después, Ifni fue entregada a Marruecos tras una sangrienta guerra) y se publica en el BOE núm. 95 de 21 de abril de 1961 sobre organización y régimen jurídico de la Provincia del Sáhara. España dotó a los saharauis de DNI en 1970 y cuatro años después realizó un censo.

            Mientras, en el plano internacional se aprobó la Resolución 1514 (XV) en 1960 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), sobre el proceso de descolonización: “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”… “[constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación] el establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo”. Tres años más tarde, la ONU incluyó al Sáhara Occidental en la “lista preliminar de los Territorios a los que se aplica la Declaración Sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales” (TNA), atribuyendo a Madrid la responsabilidad del proceso, de acuerdo con el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. Desde ese año, España es, de iure, la potencia administradora del Sáhara Occidental, un territorio destinado a descolonizarse pero que a día de hoy no se ha materializado.

            En 1973, se creó el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro) con el objetivo de conseguir la independencia de España y creación de un Estado propio, bajo el lema “con el fusil arrebataremos la libertad” y con Brahim Ghali como Secretario General. Días después de su creación, el Frente comenzó a atacar al ejército español desplegado en el Sáhara. Así, en 1974, Madrid anuncia su voluntad de celebrar un proceso de descolonización del Sáhara y consigo un referéndum de autodeterminación el año siguiente, en conformidad con el derecho internacional. Este hecho no fue bien recibido en Rabat, que se opuso al proyecto español al tener aspiraciones soberanistas sobre el Sáhara. Del mismo modo, Nuakchot respondió reclamando sus derechos sobre el territorio. 

            Pero el punto de inflexión llegó en 1975. El pistoletazo de salida fue de Marruecos, al invadir el Sáhara Occidental con la denominada Marcha Verde el 6 de noviembre; el 14 se firman los Acuerdos Tripartitos de Madrid (entre España, Mauritania y Marruecos) y Franco fallece el 20 de noviembre de ese mismo año. Estos acontecimientos marcaron la entrega de la administración (no de la soberanía) de España al bloque mauritano-marroquí y el comienzo de la guerra entre estos actores y el Frente Polisario. La ocupación militar marroquí del Sáhara obligó a la población saharaui a migrar a Tinduf, Argelia, la única salida desde el Sáhara sin entrar en territorio marroquí o mauritano. En la actualidad, los saharauis siguen asentados en estos campos de refugiados. Ante los hechos, la ONU emitió la Resolución 380/1975 condenando las acciones de Marruecos e instando a Rabat al cese de las hostilidades y su retirada del territorio.

            En medio de los enfrentamientos, en febrero de 1976, se declara la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) por el Consejo Nacional Saharaui. En abril, Marruecos y Mauritania se reparten oficialmente el territorio, obteniendo el primero hasta dos tercios de este. Pero, en 1978, sumida en una profunda crisis interna, Mauritania firmó la paz con el gobierno saharaui y reconoció seis años después la RASD. Para entonces, la formación saharaui había aumentado su reconocimiento, sobre todo en África y en Latinoamérica, así como la membresía en 1984 como Estado de pleno Derecho de la Unión Africana (UA). Ese año, la ONU instó las negociaciones entre las partes y a la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental con la retirada previa de las tropas marroquíes. En abril de 1990 se aprobó el Plan de Arreglo —a raíz de la aceptación de las propuestas de Marruecos y el Frente Polisario— con la finalidad de:

• Celebrar un referéndum en el Sáhara, libre y justo, para la resolución del futuro estatus del territorio a través del derecho de autodeterminación, con dos opciones: la independencia saharaui o su incorporación a Marruecos.
• Identificar y registrar aquellos con derecho a voto en el referéndum.
• Garantizar la liberación de presos políticos, intercambio de prisioneros y repatriación de refugiados.
• Supervisar el alto el fuego.
• La creación, un año después, de la MINURSO —Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental— para garantizar el proceso. Cada año, se renueva el mandato de la misión por votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

En este contexto, la comunidad internacional (la ONU y la Corte Penal Internacional) ha expresado en numerosas ocasiones su opinión (Resolución 2229 en 1966; Resolución 2625 en 1970; Resolución 34/37 de 1979) acerca de la cuestión del Sáhara Occidental, reafirmando el “derecho inalienable del pueblo del Sáhara Español a la libre determinación” e instando a España al cumplimiento de sus obligaciones para con el territorio, así como el cese de las aspiraciones marroquíes sobre el mismo. De hecho, en 2002, a petición del CSNU, el Asesor Jurídico de la ONU afirmó que los Acuerdos de 1975 entre Madrid, Rabat y Nuakchot no transfirieron ninguna soberanía a sus signatarios, por lo que Marruecos no es la potencia administradora del territorio.

En 1999, cuando la misión pudo confeccionar un censo electoral para el referéndum de autodeterminación, Marruecos se retiró unilateralmente de lo acordado y propuso una tercera vía, que no llegó a ser aprobada por el Consejo de Seguridad. En 2007, tanto Marruecos como el Frente Polisario presentaron sus propuestas oficiales, incompatibles entre sí.

Desde entonces, la parálisis en las negociaciones internacionales provocó que el conflicto se haya mantenido prácticamente congelado, sin apenas visibilidad exterior, hasta que en 2020 la ruptura del alto el fuego reactivó la confrontación armada. Hostilidades que, a baja intensidad pero con gran sufrimiento del pueblo saharaui, persisten actualmente.

Contexto actual

            Una serie de eventos han vuelto a poner la cuestión del Sáhara Occidental en primer plano: aumento del apoyo del Plan Marroquí de 2007 por potencias mundiales como Estados Unidos (EE. UU.), el estallido de los enfrentamientos en 2020 entre las partes y la crisis de Ceuta del 2021. Estos acontecimientos derivaron en el cambio de postura del ejecutivo español, apoyando el plan marroquí y rompiendo así con la tradición de neutralidad adoptada por Madrid desde el comienzo de la andadura democrática en España.

            Tras 45 años de conflicto enquistado, el 13 de noviembre de 2020 Marruecos invadió la zona de Guerguerat, en el sur del Sáhara Occidental, quebrantando el Acuerdo Militar Nº1”1 (que establece dos áreas restringidas y la mejora de la infraestructura de defensa en dichas áreas) entre el Frente Polisario y la MINURSO, y entre ésta y Marruecos, de 1997 y 1998 respectivamente. Así, se rompió el alto al fuego establecido desde hacía décadas entre Marruecos y el Frente Polisario. Desde entonces, el Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS) mantiene operaciones contra las fuerzas marroquíes en Mahbes, Smara, Guelta Zemmur, Houza y Farsia. Derivado de ello, se han denunciado agresiones a poblaciones saharauis, las relaciones entre Rabat y Argel se han deteriorado y actores internacionales clave comenzaron a posicionarse, sobre todo a favor del último plan presentado por Marruecos para dar solución a la cuestión del Sáhara Occidental de 2007. En octubre de 2020, el CSNU aprobó la Resolución 2548/2020, instando a las partes a retomar las conversaciones diplomáticas ante el último estallido de las hostilidades, recordando las demás resoluciones anteriores emitidas por el organismo.

            En la actualidad, Marruecos controla la mayor parte del territorio, aproximadamente el 75% del total, dividido por un muro (mapa 1) y el Frente Polisario controla la parte este del Sáhara Occidental, con el restante 25%. En esta zona se estima que hay colocadas alrededor de 10.000 minas antipersona. La base administrativa del Polisario se encuentra en los campamentos de refugiados en Argelia en Tinduf, que operan provisionalmente como un Estado independiente. Un informe de ACNUR en 2018 estima que en los campamentos de refugiados viven alrededor de 173.600 saharauis, desconociéndose la cifra en los territorios bajo control marroquí. Según datos del World Factbook de la CIA, de 2018, hay 619.500 saharauis en total.

Además, se destaca que este año la votación para la renovación del mandato de la MINURSO llega en un momento clave, al coincidir con el quincuagésimo aniversario de la Marcha Verde y en medio de enfrentamientos sobre el terreno. Asimismo, este proceso se enmarca en un contexto de creciente presión debido al aumento del respaldo al plan marroquí de 2007, que contrasta con los objetivos de la MINURSO, así como por los desafíos tanto presupuestarios como operativos que enfrenta la misión. La votación, que se prevé para el 30 de octubre, viene precedida por una alta actividad diplomática entre los miembros del CSNU con Marruecos, y la nueva propuesta del Frente Polisario.

Mapa 1: El exilio saharaui. Fuente: Descifrando la Guerra

En este mapa, desarrollado por Fair Politik para el medio digital Descifrando la Guerra, encontramos la ubicación de los campos de refugiados saharauis y de la MINURSO. También se puede observar el trazo del muro, dividiendo las zonas.

Plan Marroquí de 2007

            La postura marroquí se basa en la propuesta del proyecto de 35 puntos, en el que busca resolver el conflicto mediante la concesión de un estatus de autonomía al Sáhara Occidental bajo la soberanía total de Marruecos.

            El 11 de abril de 2007 Marruecos envió su propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental al CSNU. Si bien esta propuesta tiene tres antecedentes, en 1985, en 2001 y en 2003. En la primera, el Rey Hassan II propuso una autonomía para los saharauis en materia de administración local, policía, justicia y explotación de recursos naturales, mientras que quedaría en manos de Rabat el ejército y el control de las fronteras.

            Posteriormente, el Consejo aprueba el “Plan Baker” (por James Baker, el enviado personal del Secretario General), consistente en otorgar un régimen de autonomía de cinco años, tutelado por la ONU, seguido de un referéndum de autodeterminación para la elección de su propio futuro. Rechazado por Marruecos, en diciembre de 2003 presenta por primera vez una propuesta formal articulada de autonomía, calificada como “insuficiente” por la oficina del Secretario General.

            El 9 de abril de 2004 Marruecos rechaza oficialmente la propuesta, así como el principio de autodeterminación (aceptado en los años 60 y posteriormente en los 80 y 90) y la celebración de un referéndum para aplicarlo, pese a que ambos (ese principio y ese medio) están consagrados por la ONU. La propuesta de autonomía marroquí excluye la opción de independencia, siendo esta “no negociable para el Reino” y que “está fuera de lugar que Marruecos entable negociaciones con quien sea acerca de su soberanía e integridad territorial”.

            En 2007, Marruecos presenta su último plan hasta la fecha para dar solución a la cuestión del Sáhara Occidental, partiendo de las mismas premisas de propuestas anteriores, pero con alguna diferencia puntual a los ojos del derecho internacional (D.I), que, de hecho, genera incompatibilidades entre sí:

• La incompatibilidad de la soberanía marroquí y la autodeterminación saharaui: si bien se acepta expresamente el principio de autodeterminación en dos puntos, entra en contradicción con de otros pasajes: “Marruecos se compromete a someter una iniciativa para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sáhara, en el marco de la soberanía del Reino y de su unidad nacional” … estableciendo implícitamente como premisa que el Sáhara Occidental es ya marroquí.
• Referéndum: sucede lo mismo, para que este sea legal según el D.I es indispensable que sea libre, democrático y supervisado por la Organización, lo que implica tener varias opciones donde elegir, y entre ellas, la independencia, no contemplada desde Rabat.

Así, la propuesta fue rechazada por la ONU, al eliminar la posibilidad de ejercer el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. En definitiva, el juego de palabras en la propuesta de Marruecos deriva realmente en ver cómo se gestiona, dentro de Marruecos, el Sáhara Occidental, disfrazado de un plan para la descolonización y autonomía conforme al D.I. Más específicamente en disposiciones del proyecto, como la distribución de competencias, la resolución de conflictos entre Marruecos y la región, la organización de la autonomía y su garantía, los derechos fundamentales o el cuerpo electoral; aunque se explica su funcionamiento, todo carece de impacto real al incluir que las disposiciones deben estar siempre en conformidad con el artículo 19 de la Constitución marroquí, el cual otorga al rey de Marruecos facultades muy amplias que, en la práctica, lo colocan por encima de las instituciones democráticas, con un control sustancial del ejecutivo, legislativo, militar y religioso. De hecho, en muchos puntos, el proyecto de 2007 supone un retroceso en comparación al presentado en 2003. Se destaca:

• La distribución de competencias, que se le otorgan mayormente a Marruecos, especialmente las importantes, como la policía no local, los recursos naturales o la justicia, así como en áreas como el desarrollo económico, la administración local, la vivienda, la educación, la sanidad, el comercio, la industria, el empleo y la cultura, entre otros. Las atribuidas a la Región Autónoma del Sáhara (RAS) no tendrían apenas valor, ya que el poder absoluto del rey eliminaría cualquier autonomía.

• En cuanto a la resolución de conflictos, no se describe un órgano neutral para ello, y todas las resoluciones que emanen de la RAS se deberán ajustar a la Constitución del reino. Es decir, de nuevo, toda ley queda sujeta a la autoridad del monarca y al Consejo Constitucional, controlado por el mismo.

• En el sistema de garantía de la autonomía del Plan Baker se establecía que el Estatuto no podría ser modificado unilateralmente por Rabat, mientras que en el plan Marroquí sí que se contempla implícitamente esta posibilidad al convertirlo en un apéndice de la Constitución marroquí (sujeta al monarca).

Intereses de Marruecos en el Sáhara

            El Sáhara Occidental es un territorio muy rico en recursos naturales de todo tipo, contando con yacimientos de hidrocarburos, pesca, arena, fosfatos y otros minerales de gran valor. En tiempos de Franco, los recursos naturales ya eran uno de los principales intereses de los españoles en la región. Mientras que la extracción de crudo era demasiado costosa, los yacimientos de fosfato eran de lo más rentable.

• Extracción de minerales: El fosfato es uno de los minerales más importantes para la seguridad alimentaria mundial. Concretamente, la región de Bucraa presenta uno de los yacimientos más grandes de mineral del planeta. Hoy en día, la producción de esta zona supone el 10% del total de Marruecos, que posee en total el 70% de las reservas mundiales, estimándose que los saharauis que trabajan en esta explotación no superan el 10%. Con respecto a otros minerales existentes en el Sáhara, se destacan el hierro, oro y uranio, así como estudios recientes revelan que posiblemente también se encuentren reservas de Diamante, Niobio, Tantalio, elementos de tierras raras, Tungsteno y Manganeso, además de metales básicos como Níquel, Cobre, Cromo o Cobalto.

• Recursos pesqueros: las aguas del Sáhara-Canarias albergan uno de los mejores caladeros pesqueros del Océano Atlántico. La costa del Sáhara representó, según datos del gobierno marroquí, hasta el 73% del total de las capturas anuales en 2020. Además, se destaca la sobreexplotación de los caladeros del Sáhara, tanto por buques locales como comunitarios y extranjeros, según un informe de evaluación de la UE en 2017. Los acuerdos pesqueros de la Unión con Marruecos ya han sido objeto de crítica, tanto por los saharauis como por los propios tribunales de la UE, por incurrir en la violación del D.I, al incorporar de facto estas aguas en los acuerdos económicos con Rabat. Lo mismo sucede, en este sentido, con la agricultura.

• Exploración de recursos petrolíferos y gasísticos: Marruecos otorga licencias a empresas nacionales e internacionales para que exploren y puedan explotar los potenciales yacimientos de petróleo y gas en territorio del Sáhara Occidental. Asimismo, en términos de energía, estudios confirman que el territorio podría producir suficiente energía eólica y solar para satisfacer las necesidades de gran parte de Europa. Marruecos prevé instalar parques eólicos que se estima que supondrán hasta el 42% de la capacidad eléctrica marroquí cuando entren en funcionamiento.

            Además, el Sáhara Occidental no sólo posee un valor económico. El interés de Rabat en este territorio trasciende lo comercial y material, al convertirse también en un símbolo de unidad territorial, legitimidad del rey y prestigio internacional con una gran capacidad movilizadora.

Alianzas de Marruecos con potencias extranjeras

Marruecos ha conseguido hacer de su política exterior una herramienta clave en su desarrollo, especialmente dentro del plano económico, energético y militar. Gracias a su diplomacia activa, su acercamiento con Israel, Estados Unidos y demás potencias han supuesto un punto de inflexión para el país africano.

Dentro del plano migratorio, Marruecos podría hacer uso de las rutas migratorias que cruzan su territorio para afectar a España, y así tratar de alcanzar sus objetivos en el Sáhara Occidental y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La presión migratoria, compuesta en mayor medida por población de origen magrebí y subsahariana, se dirige a territorio español en base a unas rutas unas rutas principales, siendo sus destinos las Islas Canarias, las Islas Baleares, Ceuta, Melilla, y el sur/sureste de la Península Ibérica.

Abordando el plano económico, si bien es cierto que España continúa siendo el principal socio comercial de Marruecos, Rabat ha aumentado las inversiones provenientes de los países del Golfo, como Arabia Suadí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y de China. En concreto, son especialmente importantes las inversiones en infraestructuras y tecnologías del gigante asiático. Sin embargo, el apoyo de los países árabes mencionados es doble, ya que, además de colaborar en proyectos turísticos y proporcionar financiación a Marruecos, también defienden el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. En términos económicos, se destaca:

• Marruecos cuenta con una cierta dependencia del gas natural licuado (GNL) importado desde España, ya que no tiene grandes reservas naturales. Esta relación en ocasiones se ve amenazada por la presencia de Argelia, que también mantiene importantes contratos con España. Por otro lado, en el Sáhara podría obtener recursos energéticos que le facilitarían la competitividad en este sector.
• Para hacer frente a sus dependencias, Marruecos lleva años desarrollando una extensa red de energías renovables, especialmente en materia de energía solar y eólica. En este sentido, su alianza estratégica con EE.UU. favorece el desarrollo de proyectos energéticos a un menor coste.

En el ámbito de la defensa, la modernización de la infraestructura militar marroquí puede ser uno de los aspectos más relevantes para España. Marruecos, que cuenta con Estados Unidos, Israel y Francia como principales socios dentro de este sector, ha cometido importantes inversiones, como la compra de cazas F-16 y F-35, sistemas de defensa antiaérea Patriot, drones israelíes y novedosos sistemas de ciberdefensa. La mayoría de este material estaría destinado a disuadir las posibles amenazas del Sahel o la propia seguridad interna del país, sin embargo, podrían ser utilizados más adelante en el Sáhara Occidental contra las fuerzas del Frente Polisario.

Propuesta del Frente Polisario

            En abril de 2007, bajo el título “Propuesta del Frente Polisario para una solución política mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”, la formación saharaui presentó su postura oficial acerca de la cuestión. Expuesta en tres puntos principales, la hoja de ruta que se propone es la siguiente:

• El conflicto en el Sáhara es una cuestión de descolonización, al ser declarado como TNA oficialmente en 1965, amparado por la ONU y la resolución 1514 (XV).
• La solución del conflicto requiere la celebración de un referéndum de autodeterminación: partiendo de la base del primer punto, y bajo la aprobación de las partes en el Plan de Arreglo de 1990, el CSNU y los planes Baker.
• Predisposición del Frente Polisario para negociar con vistas a la celebración del referéndum de autodeterminación y al otorgamiento de garantías pos‑referéndum a Marruecos y a los residentes marroquíes en el Sáhara Occidental. Estas son:

• Reconocimiento mutuo de soberanía e integridad territorial entre el futuro Estado saharaui y Marruecos, basado en el respeto a las fronteras.
  • Garantías políticas, sociales y jurídicas para la población marroquí residente en el Sáhara Occidental.
  • Acuerdos de cooperación económica y explotación conjunta de recursos naturales, así como asociaciones en sectores comerciales y financieros.
  • Compromisos de seguridad y estabilidad regional, incluyendo la renuncia a reclamaciones por daños del conflicto y cooperación en el marco magrebí.

En definitiva, la propuesta del Frente Polisario busca mostrar su predisposición para entablar negociaciones con Marruecos sobre la base de los parámetros expuestos previamente y el derecho internacional, con vistas a alcanzar una solución aceptada mutuamente. Si bien, tras la exposición de ambas propuestas, se constata la incompatibilidad entre estas, lo que ha llevado, tanto al conflicto y como a la comunidad internacional, al estancamiento.

Posición de España

            Desde la retirada de España en 1975 del territorio, la política exterior española hacia el Sáhara occidental se ha basado en una neutralidad diplomática, compromiso electoral y económico. Esta postura del ejecutivo español, que se mantendría hasta 2022, se expuso en los años 80 en una carta a la ONU del embajador español Jaime de Piniés, la cual expresaba que España se consideraba desligada de toda responsabilidad internacional sobre el territorio al haber cesado su participación en la administración temporal establecida tras los Acuerdos de Madrid. No obstante, afirmaba que la descolonización del Sáhara Occidental sólo se consideraría completa cuando la población saharaui pudiera expresar válidamente su voluntad, reconociendo su derecho a la autodeterminación.

            Así, desde el retorno de la democracia en España, los sucesivos gobiernos (herederos de lo acordado por el régimen franquista) han mantenido una política de neutralidad diplomática oficial respecto al Sáhara Occidental, combinada con un respaldo tradicional a la causa del Frente Polisario. Esta ambigüedad se mantuvo con gobiernos posteriores del PSOE y del PP, que solían expresar su apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui durante las campañas, pero sin modificar de forma sustantiva la política exterior una vez electos. A pesar de esta neutralidad, España ha sostenido una cooperación constante con las comunidades saharauis, destinando importantes flujos de ayuda económica desde 1999, canalizados no sólo por el Estado, sino también por ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil, reflejando un apoyo humanitario persistente más allá del plano diplomático.

            El cambio de postura llega el 14 de marzo del 2022 en un comunicado privado entre Pedro Sánchez y Mohamed VI. En dicha comunicación, el presidente del gobierno español se enmarca en un cambio significativo de la postura tradicional de España respecto al Sáhara Occidental. Por primera vez, un gobierno español manifestó apoyo explícito al plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007, al cual los gobiernos españoles anteriores, tanto del PSOE como del PP, se habían opuesto de forma consistente:

“[Yo, Pedro Sánchez] reconozco la importancia que tiene la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos y los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos, en el marco de Naciones Unidas, para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”

Carta privada entre Pedro Sánchez y Mohamed VI.

            Este hecho acontece tras la crisis diplomática entre Marruecos y España por el hospedaje en 2021 en un hospital español de Brahim Ghali, principal dirigente del Frente Polisario, y la derivada crisis migratoria de Ceuta poco después. De este modo, el cambio de postura español no sólo acababa con la crisis bilateral, sino con la histórica política de neutralidad oficial del gobierno español hasta ese entonces. Neutralidad que, hasta el comienzo de la crisis, el gobierno de Sánchez no había expresado la voluntad de modificar.

            En este sentido, las relaciones entre España y el Frente Polisario también se vieron seriamente afectadas. Hasta 2022, la relación con éste fue de apoyo moral, político y humanitario, sin compromisos diplomáticos formales ni pasos contundentes contra Marruecos. Sin embargo, el cambio de postura del ejecutivo español hizo que las relaciones entre el Frente Polisario y España se deterioraron notablemente hasta el punto de que el primero suspendió las relaciones diplomáticas entre ambos, afirmando que no se recuperaría el contacto hasta que Madrid se adhiera a las resoluciones internacionales, así como dejó de ver a España como un mediador en el conflicto del Sáhara.

Crisis migratoria de Ceuta de 2021

El 18 de abril de 2021, el líder del Frente Polisario es trasladado en secreto a Logroño, con la finalidad de recibir tratamiento contra el COVID-19. Cinco días más tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores español difundió esta información, provocando una reacción inmediata de Marruecos, que calificó los hechos como una “actitud deplorable” y exigió explicaciones al presidente Pedro Sánchez. Aproximadamente un mes más tarde, Marruecos relajó el control fronterizo y permitió el paso irregular de más de 8.000 personas, entre ellos un gran número de menores no acompañados, a Ceuta en apenas 48 horas. Al grito de “come on in, boys”, narra un joven inmigrante en un reportaje del New York Times como las autoridades marroquíes incitaban al cruce hacia la ciudad autónoma española. El mismo día 18, la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, expresó que «hay actos que tienen consecuencias» en las relaciones entre países y que tales actos «hay que asumirlos”, haciendo referencia a la decisión de España de acoger a Ghali para recibir atención médica. Asimismo, el día después, el ministro marroquí de Estado de Derechos Humanos y Relaciones con el Parlamento, Mustafá Ramid, publicó en su perfil de Facebook que “[el gobierno español] sabía que el precio por subestimar a Marruecos es muy alto”, vinculando la crisis fronteriza con el deterioro de las relaciones diplomáticas hispano-marroquíes.

Últimos acontecimientos en España

            En julio de 2025, el Partido Popular (PP) celebró su XXI Congreso Nacional. Entre las personalidades invitadas, se encontraba el delegado en España del Frente Polisario, Abdullah Al-Arabi, generando malestar en Rabat, que acabó enviando una misiva al presidente del PP, según publica el diario El Español. En esta, advirtió al jefe de la oposición española sobre el riesgo del deterioro de las relaciones si la formación proseguía con su apoyo al pueblo saharaui y no apoyaba el plan marroquí de 2007 para el Sáhara Occidental. El emisor de la carta se vincula al Comité de Coordinación para la Liberación de Ceuta y Melilla, grupo compuesto por asociaciones nacionalistas marroquíes que reclaman la «descolonización» de las ciudades autónomas españolas. El organismo, reactivado en julio de este año, pone en marcha una estrategia de presión sobre los partidos españoles que disienten de la línea oficial marroquí respecto al Sáhara, con medidas como campañas de descrédito, activismo territorial, presión mediática y advertencias no oficiales. La advertencia marroquí se comprende en el contexto de incertidumbre política en torno a las próximas elecciones presidenciales españolas, la variedad de posturas en el espectro político y cómo ello podría afectar a las relaciones hispano-marroquíes.

            Más recientemente, el 19 de octubre, Nizar Baraka, ministro marroquí y líder del partido Istiqlal, ha reiterado al PP la necesidad de que se sume a la posición oficial española y respalde el plan de autonomía marroquí de 2007. Baraka instó a “sacar a Marruecos [y al Sáhara] de la política interna española» y a alinearse con la mayoría de la Unión Europea y del Partido Popular Europeo. Para el ministro, hacerlo es la mejor manera de “luchar contra la inmigración”, avanzar en el “interés y la estabilidad de la región” y poner fin a un “conflicto artificial”.

Saharauis en España

            Se calcula que en España viven alrededor de 6.000 saharauis, según datos de ACNUR de 2020, y que el 98% de los solicitantes del estatuto de apátrida en España son saharauis, según datos del Ministerio del Interior de 2023 (los apátridas son uno de los grupos más vulnerables del mundo; al no tener una nacionalidad reconocida, no tienen acceso a servicios básicos ni a derechos fundamentales, como la educación, empleo, sanidad o trámites legales como contraer matrimonio o certificar una defunción). En España existe un gran debate, tanto jurídico como moral, sobre la situación del pueblo saharaui. Su estatus en un limbo legal se deriva de la adquisición de la nacionalidad española previa a la retirada de España del Sáhara y la diferente jurisprudencia emitida desde entonces por tribunales españoles, que no ha sido uniforme. El Tribunal Supremo (Sentencia núm. 681/2021, de 7 de octubre de 2021) finalmente, mantiene que el Sáhara Occidental no puede considerarse España, por lo que sus naturales no son españoles de origen salvo que acrediten expresamente alguno de los títulos legales de atribución. Los saharauis en España se concentran en la región del País Vasco, si bien hay asociaciones del colectivo con presencia en Andalucía, Madrid, Galicia, Extremadura, Cataluña o La Rioja.

            Entre las asociaciones más activas están la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, la Delegación Nacional Saharaui y delegaciones saharauis en distintas Comunidades Autónomas. Entre todas coordinan proyectos de ayuda humanitaria y sensibilización. Uno de los programas con mayor alcance es el de Vacaciones en Paz, que tiene como objetivo la acogida de menores saharauis procedentes de Tinduf en la temporada de verano de tres meses. Desde el año 2014 hasta 2024, cerca de 34.500 menores saharauis se han beneficiado de este programa, que se consolidó como tal a mediados de los años 90. En el verano de 2025, alrededor de 3.000 menores se beneficiaron de este programa.

Papel de Argelia

            En la cuestión del Sáhara Occidental, Argelia es un activo defensor de la causa saharaui, chocando directamente con su vecino del oeste. De hecho, la posición argelina apenas ha variado desde que la ONU empezó a emitir resoluciones acerca de este territorio. Argelia defiende que el Sáhara se trata de un TNA cuyo estatuto definitivo debe decidirse en un referéndum de libre determinación. La firme posición de Argel puede deberse al complicado camino de Argelia hacia la independencia de Francia, ya que ha basado históricamente su política exterior tres principios: la defensa de la integridad territorial propia, la no injerencia en asuntos internos de terceros Estados y el apoyo activo a la autodeterminación de los pueblos. En los foros internacionales, desde el comienzo de la cuestión del Sáhara Occidental, Argelia defendió abiertamente el derecho de libre determinación del pueblo saharaui, incluso antes de los Acuerdos Tripartitos de Madrid.

            En 1975 Argelia se empezó a hacer cargo del adiestramiento de combatientes saharauis en sus bases de Tinduf y Bechar. Pero en 1978 falleció el presidente argelino Houari  Boumédiène, dejando un interrogante hacia el apoyo de la causa saharaui por el siguiente, Chadli Benjdid. Este se caracterizó por hacer uso de una política más pragmática y moderada, restableciendo oficialmente relaciones diplomáticas con Rabat en 1989, abriendo las fronteras y realizando importantes acuerdos económicos y diplomáticos. En 1991, en cierta medida gracias a la buena sintonía  entre ambos y al deterioro económico y social de las partes, se firma el Plan de Arreglo y se instaura un alto al fuego. En este punto, la situación en Argelia comenzó a complicarse seriamente y problemas internos derivaron en una guerra civil (el Decenio negro) que, junto con los atentados de GIA, generó que Argel se centrarse en cuestiones internas. La guerra civil argelina provocó un ambiente de desconfianza con Marruecos y, sumado a ello, en 1994 se produjo un atentado en Marrakech, atribuido desde la esfera marroquí al servicio de inteligencia argelino. Desde entonces, Argelia cerró las fronteras terrestres y permanecen así en la actualidad.

            A partir del estancamiento de la diplomacia en 1999, Argelia fue ganando protagonismo asumiendo un rol más activo en las conversaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario y haciendo observaciones a las propuestas presentadas por Baker. En 2007, tras la presentación de la iniciativa marroquí para el Sáhara, la ONU celebró rondas de negociaciones entre el Polisario y Marruecos, con Argelia y Mauritania de observadores. Sin embargo, las negociaciones fracasaron, en parte por la negativa de Marruecos a dialogar directamente con el Polisario, al considerar que Argelia es la verdadera parte implicada. Desde entonces, como vemos, el conflicto ha permanecido estancado.

            Se habla, desde entonces, de una parálisis diplomática argelina. Pero ello no ha deteriorado las relaciones con RASD, ya que ha continuado colaborando con el Frente Polisario, especialmente en educación y salud. La Media Luna Argelina y otras organizaciones locales (Rencontre et Développement, SOS Femmes en Détresse o AFAD) apoyan a los refugiados distribuyendo de alimentos, equipamiento y productos de higiene.

            La reanudación del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario el 13 de noviembre de 2020 ha agravado la situación en el Magreb. Argelia respondió reforzando su frontera y advirtiendo a Rabat que cualquier violación de ésta derivaría en una intervención directa. Además, la reforma constitucional de 2020 permite al ejército argelino actuar fuera del país si se ven amenazados sus intereses, abriendo la posibilidad de una intervención en el Sáhara Occidental.

            Las represalias por el giro de discurso de Madrid no tardaron en llegar. Con el cambio de postura español, Argelia se quedaba sin un aliado sólido en la causa pro-saharaui en la arena internacional. Entre las represalias, destacó la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado en 2003, así como el cese de la colaboración derivada del mismo en ámbitos clave como la cooperación migratoria y las relaciones comerciales y tensiones acerca del flujo de gas que Argelia envía a España. La suspensión de la cooperación en la lucha contra la migración irregular ha derivado en una presión mayor sobre las costas españolas con un aumento de la inmigración irregular que llega a las Islas Baleares: mientras que a nivel nacional las llegadas irregulares caen un 33%, las llegadas a las Islas ascienden un 79% en los últimos años. La delicada situación de Argel ha provocado que la postura comercial adoptada tras 2022 se relaje, si bien las relaciones entre ambos aún no se han normalizado completamente.

Papel de Estados Unidos

             Estados Unidos trató de mantenerse neutral hasta la primera presidencia de Donald Trump, mediante una políticabasada en apoyar el proceso de la ONU, sin reconocer ni la soberanía marroquí ni a la RASD. Bajo el mandato de Obama, se reconocía el control administrativo de Marruecos, pero no su soberanía, y durante los primeros años de Trump se destacó el plan de autonomía marroquí de 2007 como una opción seria y realista, hasta su apoyo oficial en 2020. Esta posición, centrada en una solución negociada y en la estabilidad regional, continuó de forma similar bajo la administración Biden. Si bien, informes desclasificados de la CIA constatan las actividades encubiertas de Henry Kissinger —político y diplomático estadounidense entre 1969 y 1977— para ayudar a Marruecos en sus aspiraciones soberanistas sobre el territorio del Sáhara. De hecho, se ha argumentado que la entrega de dicho territorio por parte del gobierno español derivaba de una presión sistémica de intercambio de cartas, posiblemente siendo alguna o la combinación de las siguientes:

• Primero, la integración de España a la OTAN y a la Unión Europea.
• Segundo, la posibilidad de que la entrega administrativa del Sáhara Occidental hiciera las veces de moneda de cambio para con EE.UU., de manera que ese país convenciera a su siempre fiel aliado marroquí de olvidar sus pretensiones sobre Ceuta y Melilla.
• Tercero, la oportunidad de predicar con el ejemplo a Gran Bretaña, para que ésta, siguiendo los pasos de España hacia el Sáhara Occidental entregara el peñón de Gibraltar a Madrid.
• Cuarto, asegurar la continuación de la corona yde Juan Carlos I como Rey de España a cambio de la entrega del territorio a Marruecos.

            De entre las razones de apoyo estratégico de Estados Unidos (y Francia) al rey Hassan II de Marruecos durante la Guerra Fría, se debe a que el rey alauí era un firme anticomunista, aliado tradicional de la OTAN, y gobernaba un país ubicado estratégicamente en la entrada del Mediterráneo. Permitió bases militares estadounidenses, el acceso de buques occidentales a sus puertos y buscó moderar la hostilidad árabe hacia Israel. Además, tanto Washington como París entendían que la estabilidad de la corona marroquí, tras las crisis internas de los años setenta, dependía en gran medida del éxito de su campaña en el Sáhara. Sin embargo, el apoyo estadounidense a Marruecos durante la gestión de Kissinger no fue una excepción. Tras la retirada de España, la resistencia del Frente Polisario a las fuerzas marroquíes y mauritanas fue más fuerte de lo esperado. A medida que el conflicto se intensificaba, el aumento significativo de la ayuda militar de EE. UU. en las presidencias de Carter y Reagan fue clave para que Marruecos lograra mantener su posición hasta el alto el fuego de 1991, que dejó al país controlando la mayor parte del territorio del Sáhara.

            Durante el gobierno de Obama se avivaron tensiones con Marruecos al proponer que la MINURSO incluyera un mecanismo de monitoreo de derechos humanos en el Sáhara Occidental, lo que fue visto por Marruecos como una intromisión en su soberanía. Aunque EE. UU. retiró la propuesta, Marruecos respondió cancelando en 2013 el ejercicio militar conjunto «African Lion«, en señal de descontento.

            En 2020, poco antes de dejar Donald Trump el poder, en el contexto de los Acuerdos de Abraham, la administración estadounidense modificó su postura sobre el Sáhara Occidental, usándolo como incentivo para lograr que Marruecos aceptara normalizar relaciones diplomáticas con Israel. Así, el 4 de diciembre, Trump rompió con la política tradicional estadounidense al reconocer oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y declarar que el plan de autonomía marroquí era la única solución viable al conflicto: “NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America (…) proclaim that, the United States recognizes that the entire Western Sahara territory is part of the Kingdom of Morocco”. Esta decisión se vinculó directamente al acuerdo de normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, firmado el 22 de diciembre junto con EE. UU., como parte de los Acuerdos de Abraham. Jerusalén, por su parte, reconoció la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental en julio de 2023.

            La administración Biden adoptó una postura ambigua respecto al Sáhara Occidental, ni revocó el reconocimiento de Trump a la soberanía marroquí ni tampoco lo implementó plenamente, manteniendo un lenguaje más neutral y sin avanzar en la apertura de un consulado en el territorio. En la actualidad, con Trump de vuelta en la Casa Blanca, se ha reiterado en numerosas ocasiones el apoyo a la marroquinidad del Sáhara, y el gesto ha servido como incentivo para otros países.

Postura de Francia

París ha demostrado ser un gran aliado del plan de Marruecos en el Sáhara Occidental, desempeñando un papel significativo desde el principio. Cuando el territorio se introdujo en la lista de TNA en 1963, el ejecutivo francés apoyó entonces las reivindicaciones de Marruecos sobre éste, ya que Rabat ofrecía la exploración y explotación del territorio en conjunto. En 2024 el presidente francés, Emmanuel Macron, oficializó el apoyo de Francia al plan de 2007, considerando que “el presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben en el marco de la soberanía marroquí”. Tras ello, la postura de apoyo francés ha sido reafirmada en numerosas ocasiones, difundiendo hasta mapas de Marruecos que incluyen ya en sus fronteras el territorio del Sáhara Occidental.

            Las oportunidades económicas han sido el motor para que París interviniera en el territorio. Así, las empresas francesas (y en muchas ocasiones junto con británicas y estadounidense) desde el sector armamentístico, comercial hasta el energético han apoyado a Rabat en sus planes soberanistas a medida que se hacían hueco en las regiones del Sáhara ya ocupadas por Marruecos. Las empresas francesas están tan volcadas en el Sáhara hasta el punto de que, si éstas perdieran sus inversiones en el territorio, ocasionarían graves pérdidas al Estado Francés.

            El papel de Francia es clave si se considera que tiene una silla en el CSNU con poder de veto. A lo largo de las negociaciones ocurridas en el siglo pasado, Francia no se mostró especialmente colaborativa, rechazando todos los planes Baker y proponiendo, junto a Washington y Londres, una “tercera vía”, dando solución a la cuestión mediante un acuerdo pactado, sin contar con el Frente Polisario. Esta propuesta fracasó, rechazada tanto por Rusia como por China, profundizando el estancamiento del proceso diplomático. Así, el eje París-Rabat ofrece una protección política y diplomática que permite la presencia marroquí en el Sáhara Occidental, contando cada vez más con la complicidad de Estados Unidos. Recientemente, y en vista de la renovación de la MINURSO, la hoja de ruta franco-marroquí trata de enfocar sus esfuerzos en la actualización de la propuesta de 2007 para introducir referencias favorables para su aceptación.

Papel de la Unión Europea

La UE no se ha posicionado expresamente sobre el caso del Sáhara Occidental. Si bien no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara y apoya el proceso de paz de la ONU, Bruselas ha recibido numerosas críticas de distintos sectores al firmar acuerdos con Marruecos que afectan directamente al Sáhara sin contar con el consentimiento del pueblo saharaui. Por ejemplo, el abogado General Sr. Melchior Wathelet denunció la invalidez de dichos acuerdos al violar el principio de libre determinación y la soberanía permanente sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental. Acusó a la Unión de no haber respetado el derecho a la autodeterminación saharaui ni las obligaciones derivadas del cumplimiento de las normas imperativas de D.I al así establecerse en el artículo 3.5 del Tratado de la UE.

De hecho, en 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) emitió una sentencia  relativa  a  la  no  aplicación  de  los  acuerdos  comerciales  entre Marruecos y la UE en el territorio del Sáhara Occidental, confirmando, de este modo, que este territorio no forma parte de Marruecos y que, al no tener jurisdicción sobre este, los productos procedentes del Sáhara no podían entrar en los acuerdos comerciales entre Bruselas y Rabat. Independientemente de la resolución, Bruselas continuó con el acuerdo, aduciendo que contaba con un amplio apoyo en territorio saharaui, a pesar de que el propio Frente Polisario fue quien llevó a la justicia el acuerdo.

            Pero no todo quedó ahí. En 2018 (hasta en tres ocasiones diferentes) y en 2021, el TJUE volvió a emitir la misma postura, derivando en la sentencia final de 2024. Tras acumular los casos de C-778/21 P, C-798/21 P, C-779/21 P y C-799/21 P y basándose en el dictamen del CIJ en 1975, el 4 de octubre de 2024 confirmó la nulidad, de nuevo, de “los Acuerdos comerciales UE-Marruecos… en materia de pesca y de productos agrícolas, a los que el pueblo del Sáhara Occidental no prestó su consentimiento, se celebraron vulnerando los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratado”. Con la nulidad el Tribunal buscó desestimar los recursos presentados por el Consejo y la Comisión, que han sido acusadas de mantener los acuerdos con Marruecos en base a “parches legales”. Con todo esto, el TJUE mantiene asimismo cuatro afirmaciones:

• El consentimiento debe obtenerse a través de la representación del pueblo del Sáhara Occidental reconocida por la ONU, el Frente Polisario.
• Los productos provenientes del Sáhara no podrán etiquetarse como originarios de Marruecos.
• Siguiendo en esta línea, el tribunal mantiene que la Comisión y el SEAE llevaron a cabo consultas, pero estas no se dirigieron al pueblo saharaui, sino a quienes residen en el territorio. Al estar gran parte del pueblo fuera de él, no pueden considerarse una muestra válida de su consentimiento.
• Por último, según la doctrina, el consentimiento puede presumirse con dos condiciones estrictas: cuando el acuerdo no imponga obligaciones al pueblo tercero y le otorgue un beneficio claro, concreto y verificable derivado de la explotación de sus recursos naturales, proporcional a la magnitud de dicha explotación.

El tribunal otorgaba una prórroga de 12 meses para realizar los cambios y adecuarse al D.I., plazo que finalizó a principios de octubre del 2025. Así, tomando como base de partida el último punto, la Comisión presentó un nuevo acuerdo provisional, negociado exclusivamente con Rabat. En vigor desde el 3 de octubre, se propone:

• Un etiquetado que indique el origen de los productos del Sáhara expedidos por Marruecos —“región de origen” y no el tradicional “país de origen”—, permitiendo que aquellos controlados por las autoridades aduaneras marroquíes gocen de las mismas ventajas comerciales que los productos del acuerdo con la UE. 
• Se compromete a financiar proyectos en sectores clave de la región —controlada por Marruecos— en relación con gestión de recursos hídricos, energía o lucha contra la desertificación, así como a aumentar la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. 

El acuerdo busca situarse en conformidad con la sentencia del TJUE, con el derecho de la UE y con el D.I., preservando al mismo tiempo las relaciones comerciales existentes y permitiendo así que las importaciones de productos procedentes del Sáhara Occidental continúen con los mismos tipos arancelarios preferenciales que los aplicables a Marruecos. 

            Este acuerdo ha sido criticado rápidamente por su falta de transparencia, así como por las condiciones desleales al producto agrícola europeo. Entre las principales críticas se encuentran el etiquetado confuso, la ocultación y falta de participación, la contradicción a las sentencias previas del TJUE, la consolidación de la ocupación marroquí, y beneficio de la explotación de recursos del Sáhara. En especial, destaca el rechazo del Frente Polisario, único actor que ha sido considerado por el Tribunal de Luxemburgo como “legitimado” para representar la opinión del pueblo saharaui, y así, dar su consentimiento. Por ello, la formación saharaui recurrirá el nuevo acuerdo UE-Marruecos ante el TJUE por violar la jurisprudencia europea. 

Pero el Frente Polisario no ha sido el único en alzar la voz frente al Acuerdo. Desde el campo español, también se critica la nueva propuesta a contrarreloj de Bruselas, ya que los productos que proceden del Acuerdo llegan con costes laborales y medioambientales muy inferiores. Además, con el solapamiento de calendarios, se perjudica enormemente la producción local. Uno de los ejemplos de la competencia desleal es la producción de tomate: En una década, la producción española ha caído un 50% mientras que la de origen marroquí se ha duplicado. A las quejas de los agricultores españoles se unen franceses, holandeses o portugueses, que ven como Bruselas sacrifica el producto europeo para mantener el acuerdo con Rabat.

Independientemente, se puede argumentar asimismo que, debido a la política la Política de Vecindad de la Unión Europea y a la externalización de las fronteras, se ha generado una fuerte interdependencia entre las políticas migratorias de España y los intereses de la UE, ya que la seguridad migratoria de una se apoya en las acciones de la otra. Si bien no existe evidencia de que desde Bruselas se ejerza presión, el cambio de postura del ejecutivo español apoyando el plan marroquí para el Sáhara obtuvo una recepción favorable en muchas de las capitales europeas que ya se habían posicionado favorablemente en esta dirección. Al fin de cuentas, debido a su posición geográfica y a las medidas de la Unión, Marruecos juega un papel crucial como barrera migratoria y para preservar la estabilidad de los flujos migratorios que llegan a Europa.

Posición de China

Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU de los años 70 fueron de las únicas votaciones de Pekín sobre la cuestión del Sáhara Occidental en las que votó positivamente sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Cabe destacar que las declaraciones de presidentes chinos sobre otros TNA siguen esta línea. Desde entonces y salvo en 1984 —donde reiteró el apoyo al Sáhara—, China ha adquirido una postura de no participación a este respecto en la Asamblea, incluso en momentos clave como los Acuerdos Tripartitos o la Marcha Verde.

En cuanto al Consejo de Seguridad, en el 2000, China apoyó la resolución 1301 del 31 de mayo, sobre el mandato de la MINURSO, considerando importante su misión para terminar con las hostilidades y la adecuación de las decisiones a la opinión de la ONU. Sólo en una ocasión, en 2018, tras la falta de consenso sobre la MINURSO, Pekín se abstuvo en una resolución sobre la misión en el CSNU. Al abstenerse junto con Etiopía y Rusia, tildaron de “poco neutral y desequilibrada [a favor de una de las partes]” esta resolución, al ser introducidos comentarios que típicamente usa Marruecos: “la necesidad de avanzar hacia una solución política realista, viable y duradera para la cuestión del Sáhara Occidental”. No obstante, Pekín no termina de condenar la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental y no hace referencia al respeto de los Derechos Humanos en el territorio —para evitar alguna comparación en territorios chinos o con respecto a su política de no intervención sobre los asuntos internos de otros países.

En definitiva, China se mantiene en una neutralidad estratégica, balanceando sus intereses económicos y buenas relaciones con Argelia y Marruecos. Ambos son socios importantes en materia económica y forman parte del Belt and Road Initiative, si bien recientemente parece estar profundizando más su alianza con Rabat.

• Por un lado, se destacan las declaraciones conjuntas de Argel y Pekín en 2022 y 2023: “Las dos partes afirman su apoyo a los esfuerzos encaminados a alcanzar una solución permanente y justa en el marco de la legalidad internacional, especialmente las resoluciones de las Naciones Unidas, de manera que se garantice la libre determinación del Sáhara en el contexto de arreglos consistentes con los principios y propósitos de la Carta de la ONU”.
• Por otro lado, China, una vez más, no invitó a la RASD al China-Africa Forum (FOCAC, por sus siglas en inglés) pues sólo Estados soberanos pueden participar. Y, recientemente, Pekín ha comentado la necesidad de una solución “realista”, lenguaje usado por Marruecos y aquellos que respaldan su propuesta.

Papel de Rusia

La Federación de Rusia ha mantenido tradicionalmente una posición de neutralidad cautelosa respecto a la situación jurídica del Sáhara Occidental, equilibrando así sus relaciones tanto con su tradicionalaliado, Argelia, como con Marruecos. Como miembro permanente del CSNU, Rusia ha evitado respaldar explícitamente a cualquier de las partes implicadas. Así como Marruecos, en su estrategia diplomática, optó por la neutralidad en el conflicto Rusia-Ucrania (2022), ganando así las simpatías de Moscú.

La neutralidad rusa se ha expresado especialmente por sus abstenciones en las votaciones anuales de las resoluciones que renovaban la MINURSO. Como para China, su principal argumento era que los textos presentados eran “desequilibrados” y “sesgados”, y reflejaban de alguna forma parcial las posiciones de una de las partes en conflicto. En particular, durante la adopción de la Resolución 2602 (2021), Rusia manifestó su desacuerdo con el énfasis otorgado al plan de autonomía propuesto por Marruecos, señalando que tal enfoque podría interpretarse como un intento de imponer una solución unilateral. De esta manera, el Kremlin defendió la necesidad de mantener el principio de imparcialidad y respeto al marco de mediación de la ONU.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha reiterado en múltiples ocasiones que la posición de Moscú se basa en el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos, pero también en la integridad territorial de los Estados. Esta muestra de neutralidad también se ha manifestado en foros internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Moscú ha evitado adoptar posturas que pudieran interpretarse como hostiles hacia Rabat o favorables al Frente Polisario. Del mismo modo, en declaraciones emitidas entre 2018 y 2019, durante las consultas mantenidas con el enviado personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, Horst Köhler, Lavrov subrayó que cualquier solución debía surgir del diálogo político y de un consenso entre las partes, rechazando cualquier tipo de imposición externa. En este sentido, la diplomacia rusa ha sostenido que la cuestión del Sáhara Occidental debe resolverse “de acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y en el marco de un proceso político mutuamente aceptable”. Sin embargo, es significativo que Moscú no reconozca oficialmente a la RASD.

En síntesis, la posición de Rusia respecto al conflicto del Sáhara Occidental ha estado guiada por una lógica de neutralidad estratégica, sustentada en el respeto al derecho internacional, la preferencia por la mediación multilateral y la protección de sus propios intereses regionales. No obstante, los recientes gestos diplomáticos y declaraciones de alto nivel —como los realizados por Lavrov este octubre en favor del plan de autonomía marroquí— parecen indicar un posible punto de inflexión en esta política tradicional, orientando a Rusia hacia una mayor convergencia con la postura de Marruecos en el marco de las dinámicas geopolíticas contemporáneas.

Últimos acontecimientos

            Octubre vuelve a poner en el punto de mira al Sáhara Occidental. El 30 de este mes, se planea abordar en la votación del CSNU prolongar, como cada año, la misión de la MINURSO. Con ello en mente y cumpliéndose el 50 aniversario de la Marcha Verde, las potencias con derecho a veto y las partes implicadas se embarcaron en una diplomacia activa para poder desbloquear la cuestión lo más favorablemente a sus intereses.

Por parte de Estados Unidos, el 18 de octubre, la Casa Blanca sacó a la luz un borrador de resolución que mandaría a los miembros permanentes del CSNU en apoyo al plan de autonomía marroquí como única solución al conflicto del Sáhara Occidental. Este borrador incluye la renovación del mandato de la MINURSO únicamente por tres meses, hasta enero de 2026, rompiendo con la periodicidad de renovación anual de la misión y una posible “terminación de la MINURSO”. Además, posee expresiones como “acoge con satisfacción el liderazgo del presidente Trump en la resolución del conflicto”, ajena al lenguaje de un texto de la ONU.

Días después, el 20 de octubre, el enviado especial de Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, dijo en una entrevista que EE. UU. trabaja en un acuerdo de paz entre Marruecos y Argelia que podría concretarse en 60 días; sin mencionar la cuestión del Sáhara Occidental. Por último, las últimas declaraciones del día 22 de octubre, señalan que Trump habría emitido un ultimátum a Argelia para que suspenda su apoyo al Frente Polisario y entre en diálogo directo con Marruecos, con el objetivo de estabilizar la región del Magreb.

Ante la reciente actividad estadounidense, el 20 de octubre, el Frente Polisario presentó a la ONU una propuesta ampliada de su posición oficial de 2007 para resolver la cuestión del Sáhara. Ello adolece a la Resolución 2756 (2024) en la que se instaba a las partes a “ampliar sus posiciones” con la finalidad de  desbloquear el proceso político, además de responder a la narrativa norteamericana y francesa. La ampliación, “de buena fe y sin condiciones previas”, insta a “entablar negociaciones directas y serias con el Reino de Marruecos” para poder resolver “urgentemente” la cuestión del Sáhara Occidental y “alejarse de las soluciones basadas en el statu quo e impuestas unilateralmente”. Asimismo, Ghali reiteró la posición de su pueblo: “la paz sólo será posible cuando el pueblo saharaui pueda decidir libremente su futuro”.

            En este contexto, la posición del resto de miembros del CSNU cobra especial relevancia. Por su parte, Reino Unido mostró su apoyo al plan marroquí de 2007 el pasado mes de junio y todo apunta a que China continuará con su estrategia de neutralidad.  Entonces, la postura de Moscú puede ser determinante. Conscientes de ello, desde Rabat tratan de evitar el veto ruso:

• Acercamiento diplomático entre Rusia y Marruecos: celebración de la 8º Comisión Mixta Intergubernamental en Moscú el 16 de octubre, donde se profundizó la asociación estratégica entre ambos países y se firmó la renovación del acuerdo de pesca marítima entre Rusia y Marruecos —expirado en 2024—.
• En el marco de la reciente visita de alto nivel a Moscú del ministro de asuntos exteriores marroquí, Nasser Bourita, Lavrov declaró que la propuesta de autonomía marroquí podría ser una solución exitosa para el fin del conflicto, siempre que cumpla con el derecho internacional bajo la dirección de las ONU y tenga la aprobación de todas las partes. Justifica el cambio de postura por considerar que “la realidad sobre el terreno ha cambiado” desde los años 80, y que el plan marroquí es ahora una “opción realista para cerrar definitivamente el asunto”.

Conclusiones

A modo de conclusión, a pesar de cumplir 50 años desde la retirada de los españoles del territorio, el Sáhara Occidental sigue teniendo gran relevancia para los intereses españoles. Continúa como foco de tensión regional, afectando de forma directa a las relaciones bilaterales de Madrid con multiplicidad de actores, así como ha influido directamente sobre los flujos migratorios que llegan a las costas españolas.

La complejidad de la resolución deriva de su descolonización inconclusa, pues de iure, España sigue siendo la potencia administradora del territorio, hecho que, según la legislación internacional, no puede obviar ni traspasar de forma unilateral. Así, la ONU ha instado a Madrid en numerosas ocasiones a ejercer sus responsabilidades para con el pueblo saharaui de acuerdo con las resoluciones ya emitidas y el derecho internacional.

Si bien los recursos naturales son de lo más atractivo para Marruecos y para las demás potencias mundiales que buscan su porción del pastel, la importancia del territorio trasciende el plano económico, ya que para Rabat es una cuestión de legitimidad del régimen como garante de la unidad territorial y de proyección de poder. Del mismo modo ocurre en Argelia, principal rival de Marruecos en la región, convirtiendo la cuestión del Sáhara en un asunto de seguridad.

La cuestión del Sáhara, asimismo, se podría decir que se ha convertido en una herramienta de presión política, con ejemplos como la crisis de Ceuta o las recientes advertencias al partido de la oposición. Se mostró, de este modo, cómo las relaciones bilaterales y los flujos migratorios fueron afectados por movimientos con respecto a la cuestión del Sáhara, afectando directamente a la posición histórica de España, la seguridad fronteriza, la estabilidad regional y la relación de España y de la Unión Europea con Marruecos, así como con Argelia.

La Unión Europea continúa el pulso contra su propia legalidad, al presentar una nueva propuesta que contradice la jurisprudencia europea e internacional. El nuevo acuerdo pone en pie de guerra tanto a los agricultores europeos como al Frente Polisario.

No se puede olvidar hacer mención del gran impacto humanitario que ha derivado del conflicto, ya varias generaciones de saharauis crecen y viven en los campos de refugiados en Argelia, del mismo modo que la reactivación del conflicto armado aumenta el sufrimiento humano entre la población. Asimismo, la diáspora se enfrenta a un limbo legal en el que miles de personas son actualmente apátridas, profundizando la vulnerabilidad del pueblo saharaui e impulsando un debate sobre la responsabilidad histórica y moral de España.

En vista a la votación sobre la MINURSO del día 30 de octubre, si bien tanto China como Rusia han mantenido tradicionalmente una neutralidad estratégica, la postura de Moscú, esta vez, no está tan clara. La abstención rusa sería suficiente –sin mediación del veto chino– para sacar adelante una resolución favorable a Marruecos. Por ello, la expectación es máxima, en un contexto internacional marcado por la rivalidad y negociaciones entre Putin y Trump en torno a la guerra de Ucrania.

            En definitiva, la cuestión del Sáhara Occidental seguirá representando un punto de fricción en las relaciones de España con Marruecos y con Argelia. La frágil salud del rey Mohamed VI y la cuestión de la sucesión al trono podría alterar la política marroquí hacia el Sáhara Occidental en los próximos años. España, por su parte, aún posee responsabilidad histórica, moral y jurídica marcada por el derecho internacional, pendiente de finalización.

ANEXOS

Ilustración 2: Línea temporal desde 1880 hasta 2025 de los eventos más destacados de la cuestión del Sáhara Occidental. Fuente: elaboración propia.