Francisco Javier Peña Hernández es analista de inteligencia con especial interés en la actualidad geopolítica, los conflictos internacionales, la seguridad y la defensa.

Se ha formado en los grados de Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid, así como en el Máster de Analista de Inteligencia de LISA Institute.

Cuenta con experiencia profesional en sectores como la ciberseguridad corporativa, el análisis de datos y la inteligencia estratégica, y publica artículos sobre política internacional, conflictos armados y organizaciones terroristas.

Actualmente se encuentra preparando la oposición para el acceso a la escala de tropa del Ejército de Tierra.

Introducción

            La soberanía territorial constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye y sostiene el Estado moderno. En el caso de España, esta soberanía se manifiesta en la capacidad de ejercer control político, jurídico y militar en el territorio peninsular, las islas Canarias y Baleares, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. De igual forma, se debe garantizar la integridad de sus fronteras, la seguridad de sus ciudadanos y la continuidad de sus instituciones. Sin embargo, las amenazas a la soberanía de un Estado ya no pueden entenderse únicamente como el riesgo integral de sus fronteras. La globalización, la interdependencia económica, la proliferación de las amenazas híbridas y la transformación tecnológica han ampliado el campo de batalla más allá de lo estrictamente militar, situando a los Estados en un entorno cada vez más complejo y multidimensional. España, por su posición geográfica y su pertenencia a estructuras como la OTAN y la Unión Europea, se encuentran en un entorno particularmente sensible donde convergen riesgos internos, presiones externas y amenazas emergentes.

            La ubicación de España, en la frontera suroeste del continente europeo, le otorga una relevancia geopolítica singular. El país cuenta con acceso directo al Mediterráneo, el Atlántico y al estrecho de Gibraltar, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo. Además, la soberanía española incluye territorios no peninsulares como las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, espacios que presentan ventajas y vulnerabilidades específicas. Esta realidad territorial convierte a España en un actor clave en la estabilidad del flanco sur de la OTAN, pero también en un país expuesto a dinámicas de inseguridad procedentes del norte de África, el Sahel, y las rutas migratorias y comerciales que atraviesan la región.

En términos históricos, la amenaza militar convencional ha sido uno de los principales desafíos a la soberanía de los Estados. Aunque en Europa occidental la probabilidad de un conflicto a gran escala parecía reducida, la guerra en Ucrania ha demostrado que las campañas militares no han desaparecido del continente. La reaparición de la guerra convencional reactivó el debate sobre la necesidad de reforzar las capacidades defensivas europeas, incrementar los presupuestos militares y garantizar la preparación ante escenarios de alta intensidad. Algunas de las consecuencias más evidentes son la imposición del objetivo de inversión del 5% del PIB en defensa para los miembros de la OTAN y el proceso de rearme que están protagonizando la mayoría de los países europeos. En el caso de España, aunque la amenaza de una invasión directa resulta improbable, esta situación global puede ser aprovechada para dar un paso adelante en términos de formación y equipamiento de las Fuerzas Armadas.

Principales amenazas del entorno estratégico de España

            El principal desafío persistente para la soberanía española es la inestabilidad estructural de su frontera sur. El Sahel se ha convertido en una de las regiones más conflictivas del mundo con la expansión de grupos yihadistas, como JNIM y el Estado Islámico, golpes de Estado recurrentes y la creciente influencia de actores externos como Rusia y China. Esta inestabilidad tiene efectos directos sobre España, tanto por el riesgo de expansión del terrorismo, como por el incremento de los flujos migratorios irregulares y el fortalecimiento de redes criminales transnacionales. La seguridad española está estrechamente vinculada a la estabilidad del norte de África y del Sahel, lo que obliga a mantener una política exterior activa y unas Fuerzas Armadas capaces de participar en misiones internacionales de estabilización, disuasión y cooperación estratégica en materia de seguridad.

            El terrorismo sigue siendo una de las principales amenazas para la seguridad interior española. La radicalización a través de internet, la posibilidad de atentados perpetrados por lobos solitarios y la inestabilidad generada por conflictos regionales como los de Oriente Medio o el Sahel representan riesgos persistentes, tanto para Europa en su conjunto, como para España en particular. En este sentido, las labores de prevención son esenciales, especialmente las llevadas a cabo por la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia, que en muchas ocasiones hacen uso de redes de colaboración internacionales.

            Además, el crimen organizado se ha convertido en un desafío creciente para el Estado español. Las redes dedicadas al narcotráfico, el tráfico de armas o a la trata de personas operan en zonas fronterizas y marítimas de especial sensibilidad, como el Estrecho de Gibraltar, las rutas atlánticas hacia Canarias o las costas de Andalucía y Galicia. En este sentido, la defensa nacional requiere de una coordinación cada vez más estrecha entre defensa, seguridad interior y la vigilancia marítima, así como el refuerzo de las capacidades tecnológicas y operativas para controlar espacios de interés.

            Sin embargo, las amenazas más determinantes del siglo XXI son aquellas que se sitúan en las llamadas zonas grises. La soberanía ya no se ataca únicamente mediante ejércitos, sino también a través de ciberataques, campañas de desinformación, presión económica y manipulación social. España, como potencia media altamente digitalizada, es altamente susceptible de sufrir ataques contra infraestructuras críticas, como sistemas financieros, redes energéticas o instituciones públicas. La ciberdefensa y la ciberinteligencia, por tanto, se han convertido en una prioridad estratégica, obligando a las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado a desarrollar nuevas unidades especializadas, invertir en capacidades tecnológicas avanzadas y coordinarse con actores públicos y privados.

Imagen 1: Captura de pantalla sobre algunos de los datos filtrados accesibles en la web doxbin.com a fecha de marzo de 2026 (prompt: “spain”)

            La guerra informativa representa otro frente central. Las campañas de desinformación pueden influir en la opinión pública, polarizar a la sociedad y debilitar la posición de los gobiernos. Especialmente a través de las redes sociales y otros medios digitales, diferentes actores internos y externos pueden interferir en procesos electorales, alimentar tensiones territoriales o debilitar la legitimidad institucional. En el caso español, donde existen debates sensibles relacionados con identidades regionales, la inmigración o la política interior y exterior, la manipulación informativa puede actuar como multiplicador de conflictos internos.

            Paralelamente, la dependencia económica y tecnológica constituye una vulnerabilidad estratégica creciente y común al entorno europeo. La soberanía nacional de los Estados puede verse seriamente condicionada por la incapacidad gubernamental para garantizar el suministro de energía, el acceso a materias primas y la continuidad del tejido empresarial. España, como parte del mercado europeo, dependen en gran medida de cadenas globales de suministro, lo que la expone a crisis energéticas, disputas comerciales o presiones geoeconómicas. La defensa del territorio no puede separarse del desarrollo de la autonomía estratégica, lo que implica reforzar la industria de defensa nacional, invertir en innovación tecnológica y asegurar capacidades propias en sectores críticos como la ciberseguridad, las redes energéticas o el suministro de combustibles.

            En este escenario, las Fuerzas Armadas españolas enfrentan importantes desafíos de adaptación. La modernización militar ya no consiste únicamente en adquirir armamento convencional, sino en prepararse para un entorno hostil multidominio. España necesita mantener capacidades disuasorias reales, garantizar la interoperabilidad con los aliados de la OTAN y responder con rapidez a cualquier crisis en su entorno estratégico inmediato. Al mismo tiempo, afronta limitaciones presupuestarias, retos de reclutamiento y retención de personal especializado, así como la necesidad de integrar tecnologías emergentes como drones, inteligencia artificial y sistemas autónomos.

La frontera sur de España y los enclaves no peninsulares

            Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son el ejemplo más evidente de la complejidad de la soberanía española en la actualidad. Situadas en el norte de África, estas ubicaciones representan la única frontera terrestre entre la Unión Europea y el continente africano. Aunque se puede afirmar que actualmente no existe un escenario realista de agresión militar convencional contra estas ciudades, su vulnerabilidad no se manifiesta necesariamente en forma de invasión armada, sino mediante presiones indirectas, como el uso de las corrientes migración irregular, y estrategias híbridas que pueden desestabilizar su estabilidad interna sin cruzar el umbral de la guerra formal.

            En los últimos años, la instrumentalización de la migración irregular ha demostrado ser una herramienta de presión política de gran impacto. Episodios como la crisis migratoria de Ceuta en 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera en un corto periodo de tiempo impulsados por las fuerzas marroquíes, evidencian cómo los flujos humanos pueden convertirse en un mecanismo de coerción estatal. Este tipo de situaciones no solo suponen un desafío humanitario, sino que afectan directamente a la soberanía de España, en tanto que ponen a prueba la capacidad del Estado para controlar sus fronteras y mantener el orden territorial.

            Por otro lado, las Islas Canarias constituyen un espacio de enorme relevancia para la soberanía española, aunque generalmente menos presente en el debate público. El archipiélago se sitúa frente a la costa africana, en una posición clave para el control de las rutas marítimas internacionales y el acceso el Mediterráneo. Para España, las Canarias representan un punto avanzado en el Atlántico, lo que le confiere una gran importancia tanto a nivel nacional, como para la OTAN y la seguridad europea. Sin embargo, su ubicación también implica vulnerabilidades asociadas a su distancia de la península y su proximidad a regiones inestables como el Sahel y África Occidental. Las amenazas que afectan a Canarias incluyen dinámicas como la migración irregular masiva, llegando a sufrir múltiples eventos de saturación de los centros de llegada, y la explotación de las aguas próximas a las islas para la extracción de recursos naturales y la pesca.

            Por tanto, un factor clave que incrementa la sensibilidad soberana en Canarias es la cuestión de los espacios marítimos. La delimitación de zonas económicas exclusivas, la explotación de recursos naturales y la competencia por áreas de influencia en el Atlántico generan potenciales enfrentamientos comerciales con Marruecos. Aunque estas disputas suelen solucionarse a través de las vías diplomáticas, la falta de contundencia institucional permite que estos hechos se repitan con una cierta frecuencia. En este sentido, Las Fuerzas Armadas, especialmente la Armada española, desempeñan un papel crucial como garante de presencia, vigilancia y control.

            Por su parte, las islas Baleares han sufrido un incremento considerable de las llegadas irregulares debido a las fluctuaciones de las rutas migratorias. En este caso, una parte mayoritaria de los migrantes irregulares procede de las costas de Argelia. Asimismo, este fenómeno se corresponde con la disminución de la presión migratoria registrada en los últimos dos años en las rutas del Atlántico y del Estrecho, lo que demuestra cómo las variaciones en los flujos migratorios pueden redistribuir el impacto en distintos puntos del territorio español.

            En el caso del Estrecho, resulta imprescindible considerar las competencias del Reino Unido sobre Gibraltar. Precisamente, la salida del Reino Unido de la Unión Europea generó incertidumbre sobre el estatus del territorio, la gestión de sus fronteras y su papel económico, especialmente en relación con el Campo de Gibraltar, una zona en la que confluyen problemas de narcotráfico, contrabando y diversas formas de crimen organizado. Según Frontex, el Estrecho registró en los primeros meses de 2026 un incremento cercano al 10% en los intentos de migración irregular respecto al mismo periodo del año anterior, lo que confirma que sigue siendo un punto crítico dentro de las rutas migratorias hacia Europa.

Mapa 1: Principales rutas migratorias a España. Fuente: periódico La Razón, 2024.

            En conjunto, Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares y el estrecho de Gibraltar representan espacios que obligan a España a mantener una defensa territorial constante, adaptada a diferentes realidades y donde las amenazas no se presentan como un ataque frontal, sino como una presión híbrida o indirecta.

La influencia de España en el norte de África y la importancia del flanco sur de la OTAN

            La relación entre España y Marruecos constituye uno de los ejes más determinantes para comprender los riesgos que afectan a la soberanía española, especialmente en su dimensión territorial. Marruecos no es un enemigo en términos formales, ni existe una situación de confrontación abierta entre ambos Estados, pero sí puede considerarse un actor clave a nivel regional, cuya política exterior, intereses territoriales y ambiciones geopolíticas pueden desequilibrar la posición de España. Esta realidad convierte al reino alauí en un desafío particularmente sensible, no tanto por la probabilidad de un conflicto militar convencional, sino por el uso de instrumentos híbridos que pueden tensionar el equilibrio en la frontera sur, sobre todo en términos diplomáticos, económicos y migratorios.

Uno de los elementos centrales de esta relación bilateral es la cuestión de las reivindicaciones territoriales marroquíes. Rabat ha mantenido históricamente una posición política que cuestiona abiertamente la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, así como sobre otros pequeños islotes en la costa norteafricana.  Por otra parte, la alineación del Gobierno español con el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental contribuyó recientemente a un acercamiento diplomático entre ambas partes en detrimento de las relaciones con Argelia, único aliado de la causa saharaui.

No obstante, conviene señalar que Naciones Unidas nunca ha reconocido los efectos jurídicos de los Acuerdos de Madrid (1975), mediante los cuales España transfirió la administración del territorio a Marruecos y Mauritania. En consecuencia, el Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización en el que España mantiene determinadas responsabilidades como potencia administradora. En cualquier caso, aunque las reclamaciones de Marruecos no se traducen en una amenaza militar inmediata, sí funcionan como un instrumento permanente de presión diplomática y simbólica.

            Por otra parte, como se ha comentado anteriormente, la instrumentalización de la migración constituye el ejemplo más evidente cuando hablamos de presión híbrida. Marruecos controla uno de los principales puntos de tránsito entre África y Europa, y su capacidad para modular los flujos migratorios le proporciona una herramienta estratégica de enorme impacto. Las crisis fronterizas en Ceuta, Melilla o Canarias han demostrado que la migración puede convertirse en un mecanismo de presión política.

            El desafío marroquí se manifiesta también a través de su creciente papel como potencia regional emergente en el norte de África. Marruecos ha desarrollado durante las últimas décadas una política exterior activa orientada a consolidarse como un socio privilegiado de Estados Unidos, Israel y de ciertas monarquías del Golfo, especialmente tras la firma de los Acuerdos de Abraham (2020), durante la primera presidencia de Donald Trump. De igual forma, también ha actuado como socio clave de la Unión Europea en materia migratoria y de seguridad. Esta posición le otorga una capacidad de influencia considerable, sobre todo porque España depende en gran medida de la cooperación marroquí para la gestión de los flujos migratorios, el control fronterizo y la lucha contra el terrorismo yihadista.

            Con relación a este proceso, es relevante señalar los esfuerzos para la modernización militar marroquí y el progresivo aumento de sus capacidades defensivas y ofensivas. En los últimos años, Marruecos ha incrementado significativamente su inversión en defensa, en gran parte gracias a su estrecha cooperación con Estados Unidos e Israel. Aunque este rearme no implica necesariamente una intención agresiva hacia España, sí modifica el equilibrio regional y obliga a España a mantener una capacidad disuasoria superior a la actual, especialmente en su frontera sur.

            Para las Fuerzas Armadas españolas, el desafío que representa Marruecos no se traduce en preparativos para una guerra abierta, sino en la necesidad de sostener una postura de disuasión y vigilancia. Esto implica reforzar capacidades de defensa aérea y un aumento de la presencia naval en el Estrecho y el Atlántico. Los enclaves no peninsulares requieren planes específicos de defensa adaptados a su singularidad geográfica, pero también integrados en el marco aliado de la OTAN. La solidez defensiva española en estos territorios es un elemento esencial para evitar que la presión híbrida pueda transformarse en un desafío mayor.

            Por otro lado, el flanco sur de la OTAN abarca esencialmente las zonas del Magreb, el Sahel y parte de Oriente Medio, pasando por regiones donde convergen colapsos estatales, la expansión yihadista, golpes militares y redes criminales transnacionales. Países como Mali, Burkina Faso o Níger han experimentado un deterioro acelerado de su estabilidad con la retirada casi total de las fuerzas occidentales y la creciente presencia de actores externos como Rusia a través de compañías militares privadas (Africa Corps o Grupo Wagner) y la firma de acuerdos de extracción de recursos naturales. Este contexto de inestabilidad constante genera vacíos de poder que son rápidamente explotados por grupos insurgentes y terroristas, consolidando al Sahel como una de las zonas más violentas del planeta.

            Una de las principales manifestaciones de este fenómeno es el aumento de la presión migratoria hacia Europa, especialmente hacia España. La migración irregular se ha convertido en un riesgo estructural de la seguridad del flanco sur, impulsada por los conflictos armados, la pobreza extrema, el cambio climático y la fragilidad de muchos Estados. Canarias, Ceuta, Melilla y las costas andaluzas se han transformado en puntos de entrada y, por tanto, en espacios donde la soberanía española se pone a prueba de manera recurrente.

            Al mismo tiempo, el flanco sur se caracteriza por la presencia persistente de organizaciones yihadistas que encuentran en la fragilidad estatal del Sahel un terreno fértil para su expansión. La amenaza terrorista no se limita a ataques determinados, también se manifiesta en la capacidad de estas redes para desestabilizar regiones enteras, generar desplazamientos masivos y alimentar organizaciones criminales basadas en el contrabando y la trata de personas. España, como frontera meridional de Europa, se enfrenta al riesgo de que estas dinámicas puedan proyectarse hacia su territorio mediante la radicalización, flujos masivos de desplazados de zonas en conflicto o la infiltración de redes terroristas en rutas migratorias.

            En este escenario, las Fuerzas Armadas españolas desempeñan un papel crucial. España ha participado activamente en misiones internacionales en el Sahel y en África Occidental, entendiendo que la estabilización de estos puntos críticos es un elemento fundamental para la seguridad nacional. Por tanto, las misiones humanitarias, la cooperación militar y el apoyo logístico forman parte de una estrategia que busca contener la inseguridad antes que de que alcance directamente el territorio nacional.

            El control y la vigilancia de las aguas del Mediterráneo occidental y parte del Atlántico no solo es una cuestión económica, sino un elemento central de soberanía. La Armada española realiza importantes esfuerzos para garantizar la seguridad de las líneas marítimas de comunicación, prevenir actividades ilícitas y sostener una presencia disuasoria en un entorno donde el crimen organizado y la competencia con algunos actores estatales se intensifican. Además, el cambio climático actúa como un acelerante de amenazas en el flanco sur. La desertificación, la escasez de agua y la degradación de los recursos agrarios intensifican conflictos sociales y empujan a poblaciones enteras hacia la migración. España debe prepararse para un futuro no muy lejano en el que las crisis climáticas en África Occidental tengan efectos directos sobre su estabilidad fronteriza y social.

            En definitiva, el flanco sur representa uno de los mayores desafíos contemporáneos para la soberanía española, precisamente porque combina amenazas híbridas que no pueden ser respondidas mediante soluciones puramente militares. Las Fuerzas Armadas seguirán siendo un actor central, pero su papel se inserta cada vez más en un marco multidimensional donde la soberanía se defiende tanto en operaciones exteriores como en la protección de fronteras, la vigilancia marítima y la preparación frente a crisis sociales.

La modernización de las Fuerzas Armadas españolas

Las Fuerzas Armada españolas cuentan con una buena imagen a nivel internacional debido a su experiencia operativa y su alto grado de integración en estructuras aliadas como la OTAN. Sin embargo, los desafíos del siglo XXI obligan a una transformación profunda de sus capacidades y estructura. La modernización militar ya no puede concebirse únicamente como una cuestión de adquisición de armamento convencional, sino como un proceso integral de adaptación a un escenario multidominio.

            Uno de los primeros desafíos estructurales es el nivel de inversión en defensa. Durante décadas, España ha mantenido un gasto militar relativamente moderado en comparación con otros aliados de la OTAN, situándose por debajo del objetivo del 2% del PIB demandado por la Alianza. Aunque en los últimos años se han anunciado incrementos presupuestarios y planes de modernización, el proceso de rearme es lento y afectado en buena medida por la inestabilidad política, trámites burocráticos y la competencia entre empresas. La soberanía no puede defenderse únicamente con voluntad política, sino con recursos sostenidos que permitan garantizar un equipamiento moderno, mantenimientos adecuados de las infraestructuras y recursos militares, formación continua y especializada, y capacidades de respuesta rápida. En un escenario internacional donde la guerra convencional ha reaparecido en Europa y las amenazas híbridas se intensifican, la insuficiencia presupuestaria se convierte en una vulnerabilidad estratégica.

Gráfico 1: Gasto de España en Defensa en porcentaje del PIB entre 1988 y 2024. Fuente: epdata.es

            La modernización tecnológica es otro reto fundamental. La guerra contemporánea está marcada por la integración de sistemas no tripulados, la aplicación de la inteligencia artificial, la vigilancia satelital, el desarrollo de la guerra electrónica y las ciberoperaciones. España ha avanzado en algunos programas relevantes, como la modernización de sus fragatas, submarinos y cazas, pero sigue afrontando el desafío de no quedar rezagada frente a otros gobiernos regionales que invierten masivamente en tecnologías emergentes. En el plano aéreo, por ejemplo, la irrupción de los drones está generando una nueva doctrina militar, lo que implica la necesidad de un personal y un equipamiento especializado.

            En este sentido, el ciberespacio se ha convertido en uno de los dominios más críticos para la soberanía nacional. Los ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas, sistemas militares o instituciones públicas pueden paralizar un país sin necesidad de una ofensiva convencional. Las Fuerzas Armadas españolas han desarrollado unidades especializadas en ciberdefensa, pero el desafío es inmenso, ya que la guerra digital evoluciona a una velocidad superior a la de los procesos tradicionales de adquisición y adaptación militar. En este contexto, la autonomía tecnológica se convierte en un elemento esencial, y depender de sistemas extranjeros o de cadenas de suministro vulnerables puede comprometer las capacidades de reacción en casos de crisis prolongadas.

            Otro desafío central es el factor humano. Las Fuerzas Armadas españolas, como muchas otras en Europa, afrontan dificultades para atraer y retener personal cualificado, especialmente en áreas altamente especializadas como la ciberseguridad, la inteligencia o la ingeniería aplicada. La competencia con el sector privado, las limitaciones salariales y la evolución sociológica de las sociedades occidentales generan tensiones en los sistemas de reclutamiento. En un mundo donde la defensa depende cada vez más del conocimiento y la tecnología, el capital humano se convierte en un recurso estratégico tan importante como el armamento. Sin especialistas en ciberdefensa, operadores de drones, analistas de inteligencia o expertos en guerra electrónica, la estructura militar pierde efectividad frente a adversarios que sí han priorizado estas capacidades.

            La cuestión demográfica y social también influye en la relación entre sociedad y defensa. En España, como en gran parte de Europa, existe una cierta desconexión cultural entre la población civil y las realidades de la defensa nacional. La percepción de que la guerra es un fenómeno lejano ha reducido durante años la urgencia política y social por invertir en capacidades militares. Sin embargo, el retorno de la guerra convencional en Europa, la intensificación de amenazas híbridas y la creciente inestabilidad global deberían obligan a replantear esta percepción.

            La modernización militar española debe vincularse estrechamente con la industria nacional de defensa. El Ejército español no se sostiene únicamente con fuerzas armadas operativas, sino también con una base industrial capaz de producir, mantener y desarrollar sistemas críticos. España cuenta con empresas relevantes en diferentes sectores (Indra, Navantia, Santa Bárbara Sistemas, EM&M), pero enfrenta el desafío de consolidar una industria suficientemente robusta como para evitar dependencias excesivas. La guerra en Ucrania ha demostrado que los conflictos prolongados requieren de una capacidad industrial sostenida, producción masiva de municiones y mantenimientos específicos, algo que hoy en día depende en gran medida de actores externos.

            En conjunto, las Fuerzas Armadas españolas se encuentran en un importante proceso de transformación y adaptación. Defender la soberanía nacional en el siglo XXI implica comprender las amenazas híbridas, tecnológicas y multidimensionales, modernizar capacidades, reforzar el capital humano y sostener una inversión estratégica coherente. España no enfrenta un riesgo inmediato de invasión convencional, pero sí un entorno de presiones indirectas, rivalidades regionales y amenazas emergentes que exigen unas capacidades de defensa reales, flexibles y planificadas.

El peligro de las amenazas híbridas internas

            España, como democracia consolidada pero atravesada por tensiones políticas y territoriales significativas, se enfrenta a un tipo de amenaza particularmente complejo. Las amenazas híbridas internas no operan mediante la ocupación territorial directa, sino mediante la degradación gradual de la cohesión nacional, la polarización social y la pérdida de confianza en las instituciones.

            La desinformación constituye uno de los instrumentos más potentes dentro de esta lógica híbrida. Las campañas de manipulación informativa buscan influir en la opinión pública, amplificar divisiones existentes y debilitar la capacidad del Estado para actuar con legitimidad. En España, como en otras democracias occidentales, el ecosistema mediático digital ha transformado radicalmente la forma en que se construye el debate público. Las redes sociales y los medios digitales permiten la circulación masiva de contenidos falsos o distorsionados a una velocidad sin precedentes. Esta realidad genera un entorno donde actores externos, estatales y no estatales, pueden intervenir directamente en la política interna, fomentando la polarización y erosionando la cohesión social sin necesidad de recurrir a medios militares.

            España presenta fuertes vulnerabilidades en forma de tensiones territoriales, debates identitarios, conflictos políticos intensificados y una creciente fragmentación del espacio público. En este sentido, la soberanía se ve amenazada cuando la sociedad pierde su capacidad de construir consensos mínimos y se convierte en un terreno fértil para la manipulación externa. La desinformación no crea divisiones desde cero, pero puede amplificar las ya existentes en gran medida. La soberanía, por tanto, depende también de la fortaleza del tejido social y de la confianza colectiva en el sistema democrático.

            Uno de los aspectos más sensibles en el caso español es la cuestión territorial. Los movimientos independentistas o soberanistas en regiones como Cataluña o el País Vasco han demostrado que la cohesión interna puede convertirse en un desafío estratégico de primer orden. Aunque estos fenómenos se desarrollan dentro del marco político y democrático, su instrumentalización por actores internos y externos constituye un peligro real, como se ha podido apreciar en las últimas legislaturas. La fragmentación territorial es un punto vulnerable porque afecta directamente a la unidad del Estado. En un contexto de competencia geopolítica global, cualquier tensión interna puede ser utilizada como palanca para debilitar al país desde dentro mediante apoyo indirecto, propaganda o campañas de influencia.

            La polarización política general es otro factor que contribuye a esta vulnerabilidad. España, como muchas democracias europeas, atraviesa una etapa de fuerte confrontación ideológica, donde el debate público se ha radicalizado y la confianza en el adversario político se ha reducido. Esta polarización no solo dificulta la gobernabilidad, sino que debilita la capacidad del Estado para formular estrategias de seguridad a largo plazo. Además, elementos como la corrupción o el gasto público deficiente pueden añadir un nivel adicional de dificultad. La defensa de la soberanía requiere de la continuidad institucional, consensos básicos y una visión estratégica compartida. Cuando la política se convierte en un campo de enfrentamiento permanente, la acción estatal se vuelve más reactiva, menos coherente y más vulnerable a interferencias externas.

En este sentido, la proliferación de narrativas conspirativas, la deslegitimación sistemática de las instituciones democráticas y la difusión de discursos que presentan al Estado como un enemigo interno, generan un deterioro progresivo de la autoridad política. Por su parte, las campañas de influencia sostenidas pueden generar un clima incertidumbre o división que limite la capacidad de un Estado para actuar con determinación. La defensa frente a la desinformación, la polarización o los ataques híbridos requiere coordinación entre instituciones civiles, servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad y estructuras militares especializadas.

La autonomía estratégica de España como miembro de la OTAN

            La OTAN continúa siendo un pilar fundamental de la defensa colectiva europea. Para España, la Alianza representa una garantía esencial frente a amenazas externas, especialmente en un mundo donde el retorno de la guerra convencional en Europa ha reactivado la necesidad de disuasión militar. Sin embargo, la OTAN también plantea interrogantes sobre la distribución de prioridades estratégicas.

            Al mismo tiempo, la dependencia de Estados Unidos como principal potencia militar aliada introduce un elemento de vulnerabilidad estratégica para Europa en su conjunto. La soberanía europea, y por extensión la española, se ve condicionada por el hecho de que muchas capacidades críticas, como la defensa antimisiles o ciertos sistemas tecnológicos avanzados, siguen dependiendo en gran medida de los socios estadounidenses.

            La Unión Europea, por su parte, ha avanzado progresivamente hacia una concepción más integral de la seguridad. Iniciativas como la Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa, el Fondo Europeo de Defensa o los proyectos de cooperación estructurada permanente reflejan un intento de fortalecer la capacidad europea para responder a crisis y amenazas multidominio. Sin embargo, la UE sigue siendo un actor frágil en materia de defensa debido a la fragmentación industrial, la falta de cultura estratégica unificada y la dependencia estratégica de Estados Unidos. Para España, la construcción de una defensa europea más sólida representa una oportunidad, pero también un desafío.

            Proyectos como el Future Combat Air Systema (FCAS) o el Main Ground Combat System (MGCS) representan perfectamente las necesidades y las limitaciones que presenta la industria militar europea, algo que afecta directamente a España. Estos proyectos, amparados por marco del Libro Blanco sobre la Defensa Europea y el plan de rearme iniciado tras el inicio de la guerra de Ucrania, buscan establecer una serie de alternativas a la dependencia del material estadounidense, pero hasta el momento ambos procesos cuentan con bastantes limitaciones productivas. La participación de España en el FCAS y el posible apoyo al MGCS puede plantearse como una nueva oportunidad para las empresas de defensa españolas para consolidarse a la vanguardia de la industria continental.         

Conclusiones

            La soberanía sigue siendo, en esencia, el control político y jurídico sobre un territorio, pero su vulnerabilidad se manifiesta hoy en formas mucho más complejas, indirectas y multidimensionales. España, por su posición geográfica, su configuración territorial y su pertenencia a estructuras como la OTAN y la UE, se encuentra expuesta a un amplio abanico de desafíos, como las presiones regionales en el flanco sur, las dependencias estructurales y las amenazas híbridas internas. La soberanía exige una adaptación constante.

            Uno de los principales elementos que emergen en este análisis es la importancia del entorno estratégico. El Sahel, el Magreb y el Mediterráneo occidental constituyen un arco de inestabilidad cuyas consecuencias impactan directamente sobre España. La presión migratoria, el terrorismo transnacional, el crimen organizado y la competencia geopolítica en África occidental no son fenómenos ajenos, sino amenazas estructurales que afectan a la seguridad fronteriza y a la estabilidad interna. La defensa de la soberanía española comienza, en gran medida, en la capacidad de anticipar y contener crisis en su entorno próximo.

            En este marco, Marruecos representa un desafío estratégico de especial sensibilidad. La combinación de reivindicaciones territoriales, la modernización militar creciente y la potencial instrumentalización de la migración, sitúan la relación entre Madrid y Rabat en un delicado equilibrio. España debe sostener una postura de disuasión real y preparación defensiva, especialmente en territorios sensibles como Ceuta, Melilla y Canarias, pero sin caer en una lógica de escalada abierta.

            Al mismo tiempo, las amenazas híbridas y emergentes se consolidan como el núcleo central de los riesgos contemporáneos. Los ciberataques, las campañas de desinformación, la presión económica y la manipulación social representan formas de agresión que operan en zonas grises, pero que pueden afectar de forma directa a cualquier Estado. En consecuencia, la defensa nacional debe orientarse hacia un modelo multidominio, donde lo militar, lo tecnológico, lo informativo y lo social se integren en una estrategia coherente.

            Las Fuerzas Armadas españolas se encuentran en el centro de este desafío de transformación. Su profesionalidad y experiencia internacional constituyen activos esenciales, pero el nuevo entorno estratégico exige una modernización profunda a nivel de capacidades y recursos. España debe invertir de manera sostenida en tecnologías emergentes como la ciberdefensa, los drones, la inteligencia artificial y la guerra electrónica, así como garantizar el apoyo de sus aliados de la OTAN y la Unión Europea.

            Otro elemento crítico es el factor humano. La defensa del siglo XXI requiere de talento especializado, formación continua y esfuerzos para retener al personal cualificado en ámbitos clave. España afronta desafíos demográficos y sociológicos que afectan al reclutamiento y la consolidación de una cultura estratégica donde la defensa sea comprendida como una responsabilidad colectiva. La desconexión entre sociedad civil y defensa nacional puede convertirse en una debilidad interna, especialmente en un contexto donde las amenazas híbridas buscan precisamente erosionar la cohesión social y la confianza institucional.

            La pertenencia de España a la OTAN y la UE constituye un multiplicador de seguridad, pero también plantea dudas sobre la autonomía estratégica. La defensa colectiva es indispensable, pero España debe asegurar que sus prioridades, particularmente en el flanco sur, sean plenamente incorporadas en la agenda aliada. Asimismo, la soberanía futura dependerá en gran medida de la capacidad europea para desarrollar una autonomía tecnológica, industrial y operativa. España debe contribuir activamente a esta construcción europea, fortaleciendo su industria de defensa y asegurando el desarrollo de capacidades críticas propias.