Claudia Mateos Díaz es analista en formación especializada en inteligencia y seguridad internacional. Actualmente se encuentra en Prosegur Research y ha colaborado en el Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. Graduada del Doble Grado de Traducción e Interpretación y Relaciones Internacionales, es recién graduada de un máster propio en Ciberseguridad, así como cursa otro Máster en Análisis de Inteligencia. Ha participado en programas como el NATO Field School y colabora con diversos think-tanks en temas de índole internacional. Sus principales áreas de interés incluyen el análisis y prevención de amenazas, la seguridad interior, la influencia de la geopolítica y la cooperación internacional en defensa.

Resumen

El presente trabajo pretende analizar la balanza paradójica entre las libertades individuales y la seguridad colectiva en el sistema penal estadounidense, concretamente en la exploración y análisis de la laxa regulación de armas en Estados Unidos, que impacta negativamente en su imagen como garante de seguridad internacional, limitando su influencia y credibilidad en la política exterior. Estados Unidos es actualmente la primera potencia económica mundial y se encuentra entre los países más poblados y grandes del mundo, por lo que no podemos negar su importancia en la esfera internacional. La investigación busca comprender cómo estos temas generan tensiones en una nación que, aunque defensora de los derechos humanos, solo ha ratificado cinco de los dieciocho tratados internacionales al respecto. De esta manera, se ofrecerá una perspectiva crítica y fundamentada que resalte la necesidad avanzar hacia una justicia penal más equitativa y respetuosa.

Palabras clave: armas de fuego, libertades individuales, seguridad colectiva, política exterior, derecho internacional

Abstract

This paper aims to analyze the paradoxical balance between civil liberties and collective security in the U.S. penal system, specifically in the exploration and analysis of the lax regulation of arms in the United States, which negatively impacts its image as a guarantor of international security, limiting its influence and credibility in foreign policy. The United States is currently the world’s leading economic power and is among the most populous and largest countries in the world, so we cannot deny its importance in the international sphere. The research seeks to understand how these issues generate tensions in a nation that,

although a champion of human rights, has ratified only five of the eighteen international human rights treaties. In this way, it will offer a critical and informed perspective that highlights the need to move towards a more equitable and respectful criminal justice system.

Keywords: firearms, civil liberties, collective security, foreign policy, international law

1. Introducción

La seguridad internacional es uno de los pilares fundamentales para garantizar la estabilidad y desarrollo global en este mundo interconectado. Actualmente somos testigos de amenazas terroristas, conflictos armados y crisis humanitarias por doquier, lo que hace necesario una colaboración entre estados y la creación de marcos jurídicos y organismos para mitigar riesgos a nivel global. En este contexto, Estados Unidos ha desempeñado un papel esencial como garante de la seguridad y defensa internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es innegable el poder que este país tiene en el sistema global y su influencia es palpable en la toma de decisiones de foros internacionales, el despliegue de bases militares en sus aliados y en su liderazgo global en alianzas estratégicas como la OTAN.

A lo largo de los años se han llevado a cabo estudios y casos reales de fallos dentro del sistema penal estadounidense que han provocado controversias y debates acerca del precio de la libertad individual de las personas en un país clave, aunque lleno de disparidades. La coherencia entre el liderazgo estadounidense y políticas internas controvertidas, como la libre portación de armas, plantea interrogantes sobre cómo afectan su credibilidad y proyectar autoridad moral en el nuevo orden mundial.

El sistema penal de Estados Unidos, primera potencia mundial y representación de los valores democráticos y con una constitución en la que se han basado muchas otras, está hoy en día en el punto de mira por su papel como mediador

o apoyo en diferentes conflictos activos. La libertad individual y los derechos humanos son dos puntos clave, que ahora parecen incoherentes con una ética social y un sistema menos equitativo por las prácticas implementadas. La paradoja entre la defensa de la libertad individual y la seguridad colectiva generan dudas sobre su credibilidad como garante de la seguridad global.

2. La libertad individual

La importancia de la libertad individual en Estados Unidos se ha consolidado como un principio fundamental, que ha modificado la identidad nacional y ha supuesto uno de los pilares bajo los que se encuentra el país.

Sin ir más lejos, debemos destacar el Bill of Rights -las diez primeras enmiendas de la Constitución- y su importancia sobre las libertades individuales, como la de religión o prensa, así como la lucha por la abolición de la esclavitud, que aseguraron los derechos de los individuos contra el poder del Estado. La promoción de la libertad individual ha sido una justificación recurrente en la política exterior del país, tanto con la Doctrina Monroe, las acciones perpetradas durante la Guerra Fría o la «Guerra contra el Terror», bajo la que Estados Unidos invadió Afganistán; que han consolidado así su papel como defensor de la democracia a nivel mundial.

En el ámbito económico, la historia de esta nación está marcada por la libertad en el ámbito empresarial. El capitalismo, el emprendimiento y la riqueza son palabras clave que caracterizan el modelo económico de Estados Unidos. La libertad que otorga esta nación para que un individuo persiga sus sueños y pueda autorrealizarse y ser autosuficiente es clave para el llamado American Dream.

3. Derecho internacional en Estados Unidos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es universal, por lo que se aplica a todas las personas de todos los países del mundo. En el caso de Estados Unidos, aunque no está explícita, sí está incorporada el marco jurídico del Bill of Rights.

El derecho internacional se basa en dos principios: el derecho consuetudinario y los tratados o convenios internacionales. Cabe destacar que este país solo había firmado y ratificado cinco de los 18 tratados internacionales de derechos humanos según Naciones Unidas (El Diario, 2020), el segundo país con menos ratificaciones en materia de derechos humanos, por detrás de Bután.

El esencialismo cultural es un término antropológico que defiende que los valores culturales de una sociedad son únicos dentro de un grupo cultural, con una esencia y naturaleza única, lo que les dota de una mentalidad diferente a la de otra sociedad. Para entender el esencialismo cultural de una sociedad tenemos que entender el funcionamiento de la maquinaria social y su historia. Por ello, debemos centrarnos en el derecho consuetudinario, que se basa en aquellas tradiciones y normas inherentes por haberse desarrollado a lo largo del tiempo y ya arraigadas y aceptadas. Estados Unidos nació de un conjunto de colonias, cuyas normas y prácticas ya estaban aceptadas e interiorizadas, lo que el gobierno federal, más tarde, tuvo en cuenta a la hora de conformar normas en el contexto internacional.

Estados Unidos es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por lo que su peso en el derecho internacional es innegable. No obstante, ¿es Estados Unidos el país hegemónico en materia ética que intentan hacer creer? ¿Cumple los convenios y tratados de DDHH y el Derecho Internacional Humanitario? (Ana Margarita Carmona-Tamayo, Juan José Gómez-Betancur, 2021).

Los países que reconocen los tratados y convenios deben firmarlos y ratificarlos, ya que, de no hacerlo, no están obligados a cumplirlos ni a acatarlos. Firmarlos y no ratificarlos solo significa el reconocimiento del tratado por parte del país. El incumplimiento de estas obligaciones internacionales tiene consecuencias jurídicas por parte de organismos jurídicos como la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo tratado fundacional no ha sido ratificado por Estados Unidos; la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que la reconoce con limitaciones; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que no es miembro ni reconoce su jurisdicción.

Como describe el portal suizo SWI, el rechazo de Estados Unidos a la CPI se remonta a los presuntos crímenes de los soldados estadounidenses por sus acciones militares en Irak o contra la CIA en crímenes de lesa humanidad en Afganistán. Asimismo, las limitaciones de reconocimiento de la CIJ ponen en relieve la hipocresía de Estados Unidos debido a acciones pasadas cometidas que puedan contradecir sus intereses nacionales y sus ideas pragmáticas en temas de defensa y seguridad. Un ejemplo de esto es cuando Irán denunció a EE. UU. a la CIJ por la imposición económica en una provincia del país en compensación por sus víctimas de terrorismo a pesar de existir un tratado de amistad vigente en el momento entre ambos países.

4. Libre portación de armas

La libre portación de armas es una cualidad integrada en la sociedad estadounidense que viene dado por la evolución en la historia de los derechos y libertades. Estados Unidos es un país con una cultura de la libertad muy integrada: «La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad» (Declaración de Independencia de los Estados Unidos).

La libre portación de armas es un derecho que se manifiesta en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y está fuertemente enraizado en la cultura y tradición de la sociedad, ya que deriva del derecho reconocido a los protestantes ingleses en su declaración de derechos de 1689 de que nunca serían desarmados.

La interpretación del derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas para propósitos individualistas está estrechamente relacionada con el uso de las armas para la legítima defensa. Las milicias que salieron victoriosas de la Guerra de la Independencia (1775-1783) contra Gran Bretaña habían desempeñado un papel fundamental y se debió, en gran medida, a la opinión pública favorable a que la mejor forma de defensa era la portación propia de armas. Esta supervivencia cultural, tanto para hacer frente a amenazas por parte de tribus nativas, como por colonizar el nuevo continente, es una ejemplificación del enfoque del particularismo histórico de Estados Unidos. «Las culturas son únicas, resultado de una evolución propia» (Franz Boas, 1911).

Los padres fundadores, que establecieron la Constitución de Estados Unidos, defendían que la mejor protección frente a la tentación de una dictadura, tiranía o aristocracia era que la población pudiera armarse libremente. De este modo, la tenencia de armas se mantenía como un derecho y se recogió en la Carta de Derechos de los Estados Unidos (Bill of Rights), ratificada el 15 de diciembre de 1791.

5. Violencia armada

La Segunda Enmienda de la Constitución defiende el derecho a que un ciudadano puede tener y portar armas, aunque es la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), dentro del Departamento de Justicia, la que se encarga de regular todo lo relacionado con las armas de fuego y municiones, como el envío y transporte de estas.

Mantener un ejército al servicio de la sociedad civil y el derecho a la insurgencia para evitar los abusos del estado y asegurar la democracia son principios básicos del derecho natural y la Constitución solo puede prever revoluciones que se den mediante un proceso político. Existen diversas leyes federales que regulan la compra y posesión de armas. No obstante, cada estado tiene las suyas propias y el estado no puede interferir a nivel estatal, por lo que la regulación se hace compleja a la hora de uniformarla. Por ello, muchos estados intentan desalentar esta posesión a través de medios burocráticos extensos, exhaustivos y con numerosas restricciones.

Las leyes federales distinguen dos tipos de armas de fuego: las armas largas (escopetas o rifles de cañón de más de 40,64 cm) y las armas cortas (con un cañón más corto de 40,64 cm). También se hace otra división en cuanto a la portación: ya que puede ser a la vista, en la que puedes llevar el arma en público, o la oculta, en la que no es visible. Para la obtención de un arma de fuego en Estados Unidos se debe ser mayor de 18 años para armas largas, 21 años para armas cortas de defensa personal, poder identificarse legalmente y tener documentos que lo apoyen, y rellenar un formulario de la ATF. Las únicas personas a las que se les prohíbe legalmente poseer un arma de fuego son los condenados por un delito grave, asalto, violencia doméstica o amenazas terroristas.

En más de cuarenta estados, las personas pueden portar rifles semiautomáticos cargados en público sin ninguna licencia, simplemente siguiendo las características que delimita la ley federal. Solamente cinco estados: California, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey y Nueva York prohíben a los ciudadanos portar armas cargadas. Por otro lado, los estados más laxos son Utah, Tennessee, Wyoming y Montana, todos estados republicanos actualmente.

Una de las consignas de la campaña electoral del 2020 del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, era reformar la política de control de armas y una reestructuración de las instituciones involucradas. De esa manera, el Congreso aprobó en 2022 la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras, descrita como la «más comprensiva» en treinta años por el centro de prevención de la violencia armada (Brady, 2023). Esta incluye disposiciones destinadas a financiar programas de órdenes de protección, de intervención en materia de violencia comunitaria con armas de fuego, así como medidas de protección para las víctimas de la violencia de género en el ámbito familiar, y la ampliación del procedimiento de revisión de antecedentes de las personas menores de 21 años que compraran armas. La ley ha representado un avance, pero no amplía las salvaguardias básicas esenciales relativas a las armas de fuego, como, por ejemplo, la comprobación general de antecedentes en todas las compras de armas de fuego o la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad.

Los estados con restricciones más severas al acceso a las armas de fuego han experimentado reducciones en ciertos tipos de violencia armada. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Boston concluyó que los estados más estrictos tienen tasas de homicidio un 15 % más bajas que los estados que carecen de tales leyes.

Una de las reformas que más ayudaron a restringir la portación de armas fue el Background Check Improvement Act de 2018, que mejoró la precisión de los datos en el Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes Penales y así previno de que personas con antecedentes penales o problemas de salud mental pudiesen adquirir armas de fuego. Al impedir este acceso, se consiguió proteger la seguridad colectiva y los derechos humanos de las personas de su alrededor al no cometerse ciertos tipos de delitos, como tiroteos masivos.

Estas leyes han demostrado tener un impacto en la reducción de la tasa de suicidios y violencia con armas de fuego según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), ya que identifican a personas que presentan un riesgo tanto para ellas mismas como para otros. Si bien, según estudios esto ha reducido la compra y uso de armas, como en Connecticut e Indiana, hay debate sobre el equilibrio entre la seguridad público y los derechos humanos, y las libertades individuales.

Vemos una clara infracción internacional cuando el gobierno norteamericano, en aras de obtener beneficios propios, ataca los derechos humanos consagrados por la comunidad global.

5.1 Datos

De acuerdo con una encuesta Gallup en 2020, el grupo que más tiende a poseer armas son los hombres (45 %), blancos (38 %), conservadores (45 %), que residen en áreas rurales (48 %) y que votan al partido republicano (50 %). El apoyo a las armas está politizado en el país y son los republicanos los más fieles. La mayoría de ellos (79 %) considera que este derecho mejora la seguridad frente a la mayoría demócrata (78 %), que defiende lo contrario.

Estados Unidos es el único país del mundo con más armas que habitantes, con 120 armas de fuego por cada 100 habitantes. Un estudio de la General Social Survey de 2021 calculó que 400 millones de armas de fuego están en posesión de solamente un 32 % de la población y el 39 % de los hogares tienen armas de fuego, un 7 % más desde el 2016.

La violencia con arma de fuego sigue estando muy extendida por todo el país, estando presente en aproximadamente el 80 % de los homicidios. En 2024, aproximadamente 41 000 personas fueron asesinadas por un arma de fuego y se produjeron más de 500 tiroteos masivos, lo que nos deja casi dos tiroteos masivos por día. Como recoge una investigación del Pew Research Center, entre 2019 y 2021 el número de muertes de niños y adolescentes por armas (incluyendo homicidios, suicidios y accidentes) aumentó casi un 50 %, pasando de los 1 732 a los 2 590.

Según datos de Amnistía Internacional, en 2020, tras la pandemia de COVID-19 y la cuarentena, la violencia con arma de fuego se convirtió en la principal causa de muerte entre la población infantil y adolescente por primera vez en 40 años.

5.2 Magnicidios

Es imprescindible ilustrar un apartado sobre magnicidios en Estados Unidos, sobre todo a raíz del intento de asesinato al electo presidente Donald Trump (2025-2029) del pasado julio de 2024. La frecuencia de magnicidios e intentos de ello en este país pone en relieve la vulnerabilidad a la que están sometidas las figuras políticas estadounidense. Este riesgo son una clara ejemplificación de la debilidad e inestabilidad política, que puede ser interpretado como una fragilidad democrática interior que afecta a la comunidad internacional.

La regulación de la libre portación de armas es, como vemos, no solo un motivo de división pública, sino un peligro con componente político que puede suponer una amenaza para el gobierno en sí.

El primero de todos los magnicidios en la historia de EE. UU. fue el de Abraham Lincoln, tras un disparo en la cabeza en 1865. Durante el siglo XX los magnicidios e intentos de ellos fueron más numerosos. En 1912, Theodore Roosevelt sobrevivió a un intento de asesinato; el 35º presidente, John F. Kennedy, fue mortalmente asesinado en 1963 por disparos; un intento de magnicidio en 1975 al presidente Gerald Ford; y otro intento de asesinato al presidente Ronald Reagan, en 1981.

El 13 de julio de 2024, el expresidente estadounidense y candidato republicano a las elecciones 2024, Donald Trump, sufrió un intento de asesinato en un mitin político en Pensilvania. La reacción internacional fue evidente y líderes de países como Alemania o Australia condenaron este ataque como un acto que «amenaza la democracia». Si un país no puede proteger a sus líderes de las propias amenazas internas cuestiona cómo puede proteger al resto de la comunidad internacional y sus garantías de líder en seguridad.

Con solo estos ejemplos ya se resalta la alta cantidad de asesinatos que se han cometido a figurares importantes en un país democrático, todos perpetrados por armas de fuego. Los motivos son variados y complejos: ideología política en su mayoría, problemas mentales o, incluso, venganza personal. Esta violencia política se debe al fácil acceso a las armas, ya que la disponibilidad favorece la comisión de actos violentos y a la violación de los derechos humanos que se analiza en este trabajo.

Esta relación proporcional entre el fácil acceso a armas de fuego y la creciente violencia política pone de manifiesto una clara contradicción: Estados Unidos busca exportar estabilidad, valores democráticos y seguridad, pero su incapacidad para regular la violencia interior pone en entredicho su liderazgo moral.

5.3 Casos Jurídicos

A continuación, se examinarán casos jurídicos que han tenido un impacto significativo en Estados Unidos y ejemplifican la tensión entre las libertades individuales y la protección de los derechos dentro del contexto penal. Con ellos, se destacará las incongruencias de las decisiones judiciales que han moldeado a la sociedad y cultura estadounidense.

5.3.1 United States v. Cruikshank

Esta es una de las sentencias del Tribunal Supremo más conocidas, cuyas implicaciones fueron significativas para los derechos civiles y la aplicación de las leyes en cuanto a la libertad individual y la libre portación de armas.

En 1873, un grupo de exsoldados confederados, vinculados al Ku Klux Klan, asesinaron a más de sesenta afroamericanos, que querían alistarse en la milicia del Estado de Luisiana, en la masacre de Colfax22. La Corte Suprema falló en favor de estos exsoldados, ya que sostenían que las leyes federales (Segunda Enmienda) no estaban hechas para proteger a las personas de otros civiles, sino del propio gobierno. Como los atacantes no era parte del Gobierno, estos fueron absueltos.

Esta decisión muestra una incongruencia en la medida en la que EE. UU se jacta de defender las libertades individuales, pero, a su vez, en la práctica no protege a otros civiles, especialmente afroamericanos. Esta Segunda Enmienda es una contradicción entre la proclamada defensa de la libertad y la seguridad colectiva, lo que afecta a su imagen de garante de protector a otros países.

5.3.2 District of Columbia v. Heller

Esta fue una decisión histórica de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2008, que abordaba la Segunda Enmienda. El distrito de Columbia había implementado una serie de restricciones para el acceso a las armas, por lo que Dick Anthony Heller, un oficial de seguridad, presentó una demanda después de que se le negara el registro de una pistola para su hogar. La primera parte del texto de la Segunda Enmienda nos habla de la necesidad de «una milicia bien ordenada», que a menudo no se tiene en cuenta y solo se fija en la cláusula operativa: «el derecho del pueblo a poseer y portar armas». La Corte Suprema, en una decisión de 5-4, falló a favor de Heller. El tribunal sostuvo que la Segunda Enmienda protege el derecho individual a la libre portación de armas, independientemente de la pertenencia a una milicia estatal. Esto confirma la interpretación autónoma del derecho a portar armas, señalando que este no se encuentra subordinado a la pertenencia a una milicia, sino que cualquier estadounidense goza de derecho a las armas. La incongruencia se ve en cómo Estados Unidos proclama proteger las libertades individuales, como el derecho a poseer armas, pero esto puede entrar en conflicto con seguridad colectiva. Las leyes estrictas que intentaron implementar estaban diseñadas para reducir la violencia armada y tiroteos, pero una vez más, en EE. UU. prevalecen las libertades individuales y autonomía, al respeto y derecho a una vida digna y segura

5.3.3 2017 Las Vegas Shooting

Stephen Paddock, contable de más de 60 años, perpetró un tiroteo masivo que acabó con la vida de 59 personas y dejó a más de 850 heridos. Esto ocurrió en octubre de 2017, cuando disparó desde su habitación en el piso 32º a la multitud de un concierto al aire libre. Este ha sido el tiroteo más mortífero en la historia de Estados Unidos y ejemplifica lo peligroso que es el fácil acceso a armas de fuego.

6. Análisis comparativo internacional

Como se observa, la proliferación de armas de fuego y episodios recurrentes de violencia armada dentro de sus fronteras proyectan una imagen que puede corromper su autoridad moral. El debate entre libertad individual y seguridad colectiva es necesario para responder a las demandas internas acerca de la seguridad. La Segunda Enmienda defiende la autodefensa y la libre portación de armas. Defensores de estas alegan que un fácil acceso a ellas protege a la sociedad de

las altas tasas de mortalidad y lesiones. Asimismo, la revista académica Taylor & Francis publicó un estudio en 2014 que analizaba los datos de los 50 estados. Este concluyó que las leyes de armas más estrictas pueden reducir las muertes por armas de fuego, y que los estados con leyes de control más tolerantes tenían más ingresos hospitalarios por lesiones infantiles relacionadas con armas. Este dato tan alarmante es la viva imagen de un problema de seguridad interior que afecta gravemente a su posición en el mundo actual en la seguridad colectiva de Occidente.

Estados Unidos es el país con más armas de fuego per cápita con 120 por cada 100 habitantes, más del doble que el segundo país. Más de la mitad de las armas en posesión de civiles se halla en América y el segundo clasificado es Yemen, con 52,8 armas por cada 100 habitantes.

A su vez, EE. UU. cuenta con la tasa de homicidios con armas de fuego más alta del primer mundo. EL país tiene una tasa de posesión de armas 22 veces mayor que la UE y 23 veces mayor que Australia (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2019).

Otro de las consecuencias de la libre portación de armas que afecta directamente a los derechos y libertades de cada individuo es la existencia de tiroteos masivos: habituales en Estados Unidos. Entre 1998 y 2019, Estados Unidos representó el 73 % de todos los tiroteos masivos -aquel con al menos cuatro muertos en 24h- y el 62 % de todas las muertes relacionadas en países desarrollados.

Hay países que, tras atentados y una alta tasa de violencia armada, han adoptado una regulación estricta de armas de fuego y han visto una mejoría. Por ejemplo, Reino Unido, tras un atentado perpetrado en 1996, que dejó a dieciséis niños y un adulto fallecidos, endureció sus leyes de armas y prohibió la mayor parte de la tenencia privada de armas de mano. Esto consiguió que las muertes por arma de fuego se redujeran una cuarta parte en solamente una década.

Ese mismo año, se produjo un atentado con más de 35 víctimas en Australia. En apenas tres meses se impulsó el Acuerdo Nacional sobre Armas de Fuego (National Firearms Agreement) en toda la Commonwealth. Se prohibió la venta, compra, libre tenencia y utilización de armas automáticas y semiautomáticas, y se establecieron disposiciones más estrictas para el registro y presentación de informes para realizar transferencias de propiedad. En los 10 años siguientes, las muertes por arma de fuego en Australia se redujeron en más de un 50 % y un descenso medio del 74 % en las tasas de suicidio con armas de fuego.

7. Opinión pública

La opinión pública puede definirse como ese espacio construido a través de medios, elecciones y sondeos que refleja la opinión mayoritaria de una sociedad sobre los asuntos que esa sociedad considera más importantes. Es esencial saber la tendencia de la sociedad a la hora de liderar un país, ya que una democracia se basa en la escucha al pueblo y en focalizar los esfuerzos en conducir sus políticas a los deseos de la población para garantizar un estado de bienestar.

No obstante, la opinión pública también puede encontrarse con barreras: exceso de información, de canales o falta de escucha por parte de los poderes. La teoría de Agenda setting (Teoría del establecimiento de la agenda) defiende que los medios de comunicación de masas tienen influencia sobre la sociedad al establecer las prioridades por la cobertura que le dan a los diferentes asuntos; lo que puede graduar la importancia de información que van a hacer llegar al público e influir en la agenda pública. Sin ir más lejos, según el informe anual del Departamento de Vivienda y Urbanismo de 2022, el 65 % de los ciudadanos no tienen capacidad de ahorro, aunque los medios de comunicación solo hacen eco de la guerra comercial con China. De hecho, según una encuesta del Pew Research Center, el 41 % de la población alega que China es la mayor amenaza al país.

Estados Unidos siempre se ha caracterizado por la protección de los valores liberales, equilibrándolos siempre con intereses pragmáticos de seguridad. La Segunda Enmienda se encuentra muy enraizada en la sociedad estadounidense; no obstante, las crecientes tasas de criminalidad y tiroteos masivos han hecho cambiar la percepción en parte de la población. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) se convirtió en una fuerza política que defendía por bandera el derecho a la libre portación de armas. No obstante, organizaciones como Everytown for Gun Safety o March for Our Lives se han popularizado para defender un mayor control de las armas y en contra de las violencia de las armas de fuego.

Como vemos, la opinión pública está bastante polarizada, con una fuerte división entre aquellos que defienden y los que no. A finales de la década de los 90, después de tiroteos como la masacre de Columbine en 1999, en el que dos alumnos mataron a 15 personas e hirieron a otras 24, se produjo un ascenso en el apoyo a una legislación más fuerte sobre el control de armas; el 60 % apoyaban leyes más estrictas. De esta manera, los continuos atentados, tiroteos masivos, escolares, etc. fueron cobrando importancia para los movimientos abolicionistas de armas o los que exigían más control.

Durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021) el apoyo a la libre portación de armas aumentó y el apoyo al control de estas disminuyó. Según Pew Research, en 2021, el apoyo al derecho a portar armas alcanzó el 53 % (6 % más que en 2017), comparado con el 46 % (un 5 % menos que en 2017) que apoyaba el control de armas.

El Quinnipiac University Polling Institute publicó un sondeo en 2021 que demostraba lo politizado de este «derecho»: el 91 % de los demócratas apoyan leyes de armas más estrictas, mientras que los republicanos se oponen en un 74 %. Actualmente, es el 86 % de los demócratas, el 60 % de los independientes y el 27 % de los republicanos quieren leyes más estrictas.

8. Conclusión

Estados Unidos se suele presentar como un ejemplo a seguir en su defensa de los derechos humanos y la democracia en su discurso oficial, aunque solo ha ratificado cinco de los dieciocho tratados internacionales en materia de DD.HH. A menudo critica a otros países por violaciones de DD. HH. y cuestiones democráticas, mientras que su propio compromiso con estos principios puede ser inconsistente.

El relativismo cultural nos permite entender que los valores y normas de una sociedad deben ser comprendidos en su propio contexto. Según la teoría del Choque de Civilizaciones de Samuel Huntington, estas diferencias ilustran cómo los valores culturales y la percepción de la libertad pueden variar significativamente entre civilizaciones, subrayando las prioridades y valores fundamentales que se confrontan entre las naciones de un mundo globalizado. No podemos observar las culturas como entidades estáticas y homogéneas, ya que limitaría nuestra comprensión de las dinámicas sociales, sino que está en constante cambio y transformación por la sociedad.

Como vemos, la laxa regulación de armas no solo plantea serios desafíos para su seguridad interior, sino también como líder en seguridad global. Magnicidios, tiroteos masivos, decenas de miles de homicidios… todo motivado por el fácil acceso a las armas, que proyecta una imagen de inestabilidad en su liderazgo global.

Mientras que Estados Unidos se presenta como defensor en los derechos humanos y promotor de los valores de Occidente y democracia, estas contradicciones minan a capacidad para mantener su importancia como potencia hegemónica. Resulta primordial un enfoque que garantice una regulación y control efectiva sobre las armas para garantizar una seguridad colectiva.