Elaborado por la Unidad de Inteligencia en Prácticas

PUNTOS CLAVE

1. El Gobierno central cambia la redistribución de menores migrantes a distintas comunidades autónomas mediante acuerdo con Junts per Catalunya y reforma la ley de extranjería, después de que el Partido Socialista (PSOE) y Junts llegasen a un acuerdo para la cesión de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña.

2. Se han registrado avances significativos en el caso Koldo.

3. PP, Vox y Junts se alían en el Congreso para tumbar la Agencia de Salud Pública.

4. Compromiso de España con Ucrania para que el país alcance lo antes posible una paz justa.

5. El Congreso, con el voto del Partido Popular (PP) y el PSOE, aprueba el aumento del gasto militar con Sumar en contra.

6. Pedro Sánchez viajará en abril a China para «acercar a la UE a otras potencias en el actual contexto geopolítico».

7. La presencia de agentes externos, Rusia y Estados Unidos, en el norte de África, afecta a la seguridad, influencia y presencia militar de España, reconociendo la Comisión Europea que el flanco sur de España es uno de los focos de potenciales amenazas.

8. Avances, previsión, reajustes, nuevas oportunidades y alianzas para la economía española, especialmente tras las políticas proteccionistas de Trump.

9. El desafío demográfico significativo de España, vinculado con la imposibilidad de frenar la alta inmigración, en gran parte ilegal, y las revueltas generadas en Cataluña.

10. España y las Fuerzas Armadas enfrentan un panorama creciente de amenazas híbridas y retos que comprometen su seguridad nacional, institucional y digital.

RESUMEN QUINCENAL

El presente informe ofrece un análisis de los acontecimientos más relevantes en España entre el 11 y el 24 de marzo de 2025, abarcando aspectos clave en política nacional e internacional, seguridad y defensa, economía, tecnología y sociedad. Durante este período, el país ha enfrentado importantes desafíos y oportunidades que impactan su estabilidad y desarrollo a corto, medio y largo plazo. Este informe expone de manera estructurada cada uno de estos aspectos, proporcionando una visión general de la situación actual y sus implicaciones estratégicas, con el objetivo de informar al lector con datos y sucesos fácticos que permitan la correcta formulación de una opinión o juicio político. En este informe no se introducirán opiniones ni valoraciones de índole político, religioso o moral, solo se expondrá de manera detallada y ordenada los hechos y datos que han acontecido.

ÁMBITO POLÍTICA NACIONAL

El 4 de marzo PSOE y Junts llegaron a un acuerdo para la cesión de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña, la cual generó rechazo tanto en los partidos de oposición (PP), como en los socios de gobierno (Sumar y Podemos), lo que parece ir en contra de las competencias exclusivas del Estado, según el artículo 149 de la Constitución Española. Debido a esta situación, el 18 de marzo el Gobierno central ha alcanzado un acuerdo con Junts para reformar la ley de Extranjería y facilitar la redistribución de 4.400 menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. La distribución se basará en criterios como población, renta per cápita y tasa de paro, entre otros, recibiendo Cataluña una menor proporción, mientras que la Comunidad de Madrid, Andalucía y Valencia, regidas por el PP, acogerán la mayor cantidad. Este acuerdo ha generado críticas de partidos como el PP y Vox, que lo consideran insolidario y advierten que las comunidades bajo su gestión no acogerán más menores sin los recursos adecuados. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará el pacto ante la Unión Europea y los tribunales.

La investigación sobre el caso Koldo ha avanzado con varios puntos clave. En primer lugar, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó un informe al Tribunal Supremo detallando el patrimonio de José Luis Ábalos, que incluye propiedades en Colombia y Perú. En el informe, se mencionaba un terreno en Colombia valorado inicialmente en 2,1 millones de euros, pero Ábalos refutó esta cifra, afirmando que el terreno fue vendido en 2013.

Posteriormente, la UCO corrigió este valor, aunque las autoridades sostienen que este error no afecta significativamente la exposición del patrimonio de Ábalos. En segundo lugar, la Guardia Civil ha solicitado información sobre las transacciones de siete cuentas bancarias de Ábalos y sus declaraciones de la renta de los últimos diez años, con el fin de esclarecer posibles irregularidades financieras. Por último, la investigación judicial continúa bajo la supervisión del Tribunal Supremo, que, tras retirar la inmunidad parlamentaria a Ábalos, le permite ser investigado formalmente por presuntos delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El 20 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó aumentar el gasto militar y respaldar el plan de “ReArme” de la Unión Europea, con los votos favorables del PP y el PSOE. Sumar, socio del gobierno central, ha votado en contra y ha apoyado que España abandone la OTAN. La Cámara Baja ha rechazado la iniciativa del PP que pedía al Ejecutivo someter a votación en el Congreso las decisiones sobre el gasto militar y la guerra de Ucrania, debido a que el PSOE y Sumar votaron en contra y Junts y Vox se han abstenido. No obstante, el PP, este sábado 22, reitera que el Presidente del Gobierno prioriza su seguridad personal sobre la nacional, por querer aumentar el gasto militar sin someterlo al Congreso, calificando estas acciones como «chapuzas legislativas».

El Congreso de los Diputados rechazó, ese mismo día 20 de marzo, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), herramienta para vigilar amenazas para la salud colectiva, coordinar actuaciones entre las diferentes administraciones y anticiparse a posibles emergencias epidemiológicas, debido a la votación en contra del PP, Junts y Vox, alegando la «falta de claridad competencial» y «duplicidad» con las competencias de las comunidades autónomas. La ministra de Sanidad, Mónica García, lamentó la decisión y anunció que el Gobierno estudiará cómo volver a presentar la propuesta.

En este mismo sentido de alianzas entre PP y Vox, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, el 17 de marzo, llegó a un acuerdo con Vox para garantizar su apoyo al presupuesto regional de 2025, al que la oposición llama “pacto del Ventorro”. Este acuerdo se centra en los esfuerzos de recuperación tras las recientes inundaciones, y el proyecto de presupuesto se presentó tres días más tarde. Mazón agradeció a Vox su contribución positiva y se refirió al presupuesto como «presupuestos de reconstrucción», con el objetivo de abordar las necesidades regionales y asegurar la financiación necesaria. Este pacto incluye compromisos como rechazar la «inmigración ilegal» y oponerse al Pacto Verde Europeo.

No obstante, desde la sede nacional del PP en Génova, se presiona a Vox para que apoye los presupuestos en otras comunidades autónomas, como Aragón, Murcia, Baleares y Castilla y León. Se espera que estos acuerdos se concreten próximamente, aunque la relación tensa entre el PP y Vox en algunas regiones podría complicar su materialización.

Este lunes 24 de marzo, el Tribunal Constitucional, liderado por Cándido Conde-Pumpido, se prepara para dictaminar sobre la legalidad de la Ley de Amnistía durante el verano, con la intención de declararla constitucional. Se espera que el Tribunal rechace los recursos del PP y las acciones de inconstitucionalidad, allanando el camino para la amnistía de Carles Puigdemont por el delito de malversación. Aunque se prevé que la ley sea declarada constitucional, el Tribunal podrá rechazar los recursos de amparo de los afectados, dejando al Tribunal Supremo la responsabilidad de su aplicación.

Por último, se anunciaron estos últimos días diversos cambios en las formaciones del PSOE y de Sumar. Con respecto al primero, Ángel Torres, actual ministro de política territorial y memoria democrática, abandona temporalmente la política, sin dejar de estar a cargo del ministerio, debido a un cáncer que se le ha detectado, como declaró el domingo 23 de marzo, en un post de la red social X (antiguo Twitter). Por otra parte, la dirección del partido Sumar pierde a la filósofa Elisabeth Duval, que ocupaba el puesto de responsable de comunicación, al no volver a presentarse en la asamblea del partido el pasado viernes 21 de marzo.

ÁMBITO POLÍTICA EXTERIOR

En el encuentro entre los ministros de Defensa de España y Ucrania, celebrado el 14 de marzo, se dejó claro el compromiso de España con Ucrania para que el país alcance lo antes posible una paz justa y duradera. La Ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha querido recalcar que el apoyo durará más allá de un posible alto al fuego y que se seguirán formando a soldados ucranianos. El Ministro Ucraniano, por su parte, ha querido agradecer el apoyo brindado señalando a España como «un socio fiable».

En el mismo hilo, el 15 de marzo, el primer ministro británico, Keir Starmer, convocó una reunión virtual de la ‘Coalición de Voluntarios’, integrada por más de 30 países, entre ellos España, y altos representantes de la UE y la OTAN, con el objetivo de reforzar el apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia. Durante este encuentro, se discutió la posibilidad de desplegar tropas de paz en Ucrania y se acordó mantener la presión sobre Rusia para impulsar negociaciones de paz.

Además, se programó una reunión de jefes militares en Londres para evaluar estrategias de seguridad y se enfatizó la necesidad de que Rusia participe en un proceso de negociación serio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión recalcó que «España seguirá trabajando para alcanzar una paz justa y duradera en Ucrania.»

El 20 de marzo, Sánchez expresó su desacuerdo, con el apoyo de Italia, con el término «ReArme», redefiniendo el concepto de “defensa” por el de “seguridad”, del plan ReArme Europa propuesto por Bruselas, cambiando su discurso y enfatizando esta vez sobre la necesidad de promover una mayor comprensión pública sobre los conceptos de defensa y seguridad, para explicar el incremento del gasto en estas áreas. Sánchez subraya que el enfoque debe centrarse en la tecnología, particularmente en aquella de doble uso, que tiene aplicaciones tanto civiles como militares. De esta manera, busca aumentar el gasto militar sin confrontar a sus socios de gobierno y cumplir los compromisos de la OTAN.

En distinta línea de sucesos, el presidente del Gobierno, realizará una gira asiática del 8 al 12 de abril que incluirá visitas a China y Vietnam. En China, se reunirá con el presidente Xi Jinping para conmemorar el vigésimo aniversario de la Asociación Estratégica entre ambos países. Este encuentro tiene como objetivo reforzar las relaciones de la Unión Europea con potencias y bloques regionales clave en un contexto geopolítico cambiante. Sánchez enfatiza la importancia de que la UE busque oportunidades y lidere la defensa de un orden internacional basado en reglas, reivindicando la necesidad de que Europa se entienda con China y diversificar así su política exterior, en vista de la retirada del paraguas de seguridad que proporcionaba los EE.UU. Sin embargo, y según el Libro blanco de la Defensa, ni la UE ni España pueden permitirse sustituir su dependencia tradicional de Washington por la de una potencia que supone una amenaza de seguridad para la UE y con la que no se comparten valores democráticos fundamentales.

ÁMBITO MILITAR

La Comisión Europea, en su recientemente presentado Libro Blanco de la Defensa, ha identificado el flanco sur de España como una zona de creciente preocupación debido a amenazas emergentes. Esta región, que abarca el Sahel y el norte de África, enfrenta desafíos como la expansión de grupos terroristas yihadistas y la creciente influencia rusa. La inestabilidad política en países como Mali y la presencia de mercenarios rusos agravan la situación, afectando directamente la seguridad de las naciones del sur de Europa, especialmente a España.

El Sahel, consolidado como el epicentro del terrorismo yihadista, afecta directamente a la seguridad de España, debido a su proximidad geográfica, al potencial de desestabilización que representa, y la generación de flujos migratorios hacia Europa. Además, la presencia de actores externos como Rusia, China y Ucrania en el Sahel está alterando el equilibrio geopolítico de la región, los cuales buscan ampliar su influencia en un territorio, donde operan grupos yihadistas afiliados a organizaciones como Al Qaeda y el Estado Islámico. La complejidad de estas alianzas y la multiplicación de actores externos, dificultan la resolución de conflictos y aumentan la amenaza para la seguridad global, incluida la de España.

Agregado a lo anterior, Pedro Sánchez, expresa su preocupación en que Estados Unidos pueda sustituir a España por Marruecos como su socio militar estratégico en el Mediterráneo. Esta inquietud surge tras la elección de Donald Trump y su enfoque en reforzar la presencia militar estadounidense en la región. Marruecos ha incrementado su relevancia al estrechar lazos con Estados Unidos, participando en maniobras militares conjuntas, como el «African Lion», o con la venta de aviones de última generación F-35, como alegan medios marroquíes. Además, la administración Trump ha mostrado interés en establecer una base militar en territorio marroquí, lo que podría reducir la importancia de las bases españolas de Rota y Morón.

A esto se añade que Marruecos tiene previsto desplegar batallones terrestres especializados en sistemas de guerra electrónica cerca de las ciudades de Ceuta y Melilla. Estas unidades tienen la misión de llevar a cabo operaciones ofensivas mediante sistemas de interferencia y neutralización de las comunicaciones, radares u otros sistemas de defensa. Para fortalecer la seguridad y la disuasión entre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, desde el pasado 10 de marzo, las Fuerzas Armadas de España han reforzado sus operaciones de vigilancia en esas ciudades, en la conocida como Operación «Presencia Reforzada», y bajo el control del Mando de Operaciones. En Ceuta, el Grupo Táctico Ceuta, compuesto por varias unidades militares, realiza patrullas de presencia, vigilancia y disuasión y en Melilla, el Grupo Táctico Melilla, liderado por el Grupo de Regulares nº 52, también intensifica sus actividades. A esta situación de preocupación por estas zonas clave y la necesidad de aumento de seguridad en ellas, se le suma que las Fuerzas Armadas españolas han alcanzado el mínimo de efectivos desde el fin del servicio obligatorio de 2001. Esta reducción se debe, en parte, a la dificultad para atraer y retener talento en el ejército; situación la cual plantea varios desafíos para la defensa y la seguridad nacional de España.

Este lunes 24 de marzo, la Armada y la OTAN inician el ejercicio Dynamic Mariner, el mayor ejercicio náutico en los últimos años, que se desarrollará desde el 24 de marzo hasta el 4 de abril en el golfo de Cádiz y la costa sur de Andalucía. Este busca ejercitar en conjunto la fuerza militar naval de diversos países entre los que se encuentran Alemania o España. Durante el ejercicio, los participantes pondrán a prueba su capacidad de proyección del poder naval, mando y control, operaciones anfibias, guerra antisubmarina y ciberdefensa, entre otras, integrando las tecnologías más avanzadas y con la participación de medios no tripulados (UXV) de la OTAN y nacionales. En él participará el submarino S-81 Isaac Peral.

ÁMBITO ECONÓMICO

Las políticas proteccionistas de Donald Trump podrían impactar negativamente en el sector turístico español, entre otros muchos sectores. A pesar de la recuperación del turismo tras la pandemia, las tensiones comerciales y la incertidumbre económica mundial, exacerbadas por la postura de Trump, podrían afectar la llegada de turistas internacionales, especialmente desde Estados Unidos. Las restricciones y aranceles también podrían frenar el crecimiento del sector, afectando a aeropuertos y empresas como AENA, que dependen del tráfico internacional.

Por otro lado, los aranceles impuestos por Trump, en su guerra comercial con la UE, afectan a sectores clave de la industria española, especialmente el aluminio y el acero. Las tarifas impuestas sobre estos productos podrían generar un encarecimiento de las exportaciones españolas, afectando la competitividad de las empresas en estos sectores. Por este motivo, el IBEX 35 experimentó una caída del 1,57%, situándose por debajo de los 13.000 puntos, el nivel más bajo en un mes.

Según lo alertado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 18 de marzo, cabe prever el aumento significativo de la deuda pública en España, destacando que, aunque ha habido mejoras recientes, la deuda actual supera en casi 70 puntos porcentuales al nivel de 2007. Este incremento coloca a España como el país de la UE con mayor aumento de deuda en los últimos 17 años, pasando del 35,7% al 104,3% del PIB. La organización advierte que este elevado nivel de deuda podría limitar la capacidad de respuesta del país ante futuras crisis económicas y desafíos en áreas como la defensa.

No obstante, el Banco de España ha incrementado su previsión de crecimiento del PIB para 2025 del 2,5% al 2,7%. Esta mejora se basa en el sólido avance del 0,8% trimestral registrado en el último trimestre de 2024 y en el aumento de las rentas y salarios de los hogares. No obstante, el banco advierte sobre la «extraordinaria incertidumbre» derivada de factores geopolíticos y económicos globales. Por su parte, la Cámara de Comercio de España ha elevado su previsión de crecimiento del PIB para 2025 del 2,1% al 2,4%, situando la de 2026 en el 1,9%. Esta revisión considera el desempeño reciente de la economía, aunque señala que las tensiones proteccionistas de la administración estadounidense podrían afectar las exportaciones.

Como nuevas prioridades económicas para 2025, la Agencia Tributaria ha establecido que su enfoque va a situarse en seis aspectos clave para combatir el fraude fiscal.

En primer lugar, el especial escrutinio en los desajustes entre estilo de vida y declaraciones fiscales, especialmente aquellos que utilizan sociedades para desviar gastos personales o esconder bienes. En segundo lugar, la vigilancia en el uso intensivo del efectivo, sobre todo en autónomos y empresarios que eviten pagos electrónicos. En tercer lugar, se controlará a los propietarios que alquilen pisos turísticos por plataformas digitales, sin declarar los ingresos correspondientes. En cuarto lugar, se garantizará que las grandes empresas y grupos consolidados tributen adecuadamente, evitando la deslocalización de beneficios. En quinto lugar, la recuperación de avales ICO. Por último, se vigilarán las operaciones de fusión empresariales para evitar elusión fiscal, especialmente cuando se utilicen para reducir la carga tributaria personal.

Asimismo, España está trabajando en nuevas oportunidades y alianzas para la mejora de la economía española, las inversiones bilaterales y el aumento del sector productor español en el exterior. En relación con las nuevas oportunidades, España está esforzándose para obtener los certificados necesarios que permitan exportar huevos al mercado estadounidense, debido a que EEUU está buscando proveedores internacionales por la escasez de huevos en su país por brotes de gripe aviar y, así, abrir el sector productor español al exterior, ya que los agricultores españoles se han visto presionados y obligados a reducir sus precios en un 45% desde 2022, por las importaciones de cereales y alimentos marroquíes a España, las cuales aumentaron un 625% en 2024 respecto al año anterior, alcanzando un valor de 1,5 millones de euros.

En relación con las alianzas llevadas a cabo para consolidar lazos comerciales e inversiones bilaterales, el 13 de marzo, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, y el Ministerio de Economía de la República de Azerbaiyán, firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para fortalecer la cooperación económica entre ambos países, con una duración inicial de cinco años prorrogables. Tras la firma, se celebró la primera sesión del Diálogo Económico, foro de trabajo para coordinar iniciativas conjuntas, fomentar la colaboración entre empresas y eliminar barreras comerciales, con una participación de más de veinte empresas españolas.

ÁMBITO SOCIAL

España se enfrenta a un desafío demográfico significativo: durante los últimos 40 meses, el número de defunciones ha superado al de nacimientos, con un 70% más. Esta tendencia se traduce en una pérdida diaria de aproximadamente 300 habitantes. Actualmente, cerca de diez millones de residentes en España han nacido en el extranjero, representando un 20% de la población, y se está intentando compensar el saldo vegetativo negativo con la inmigración, añadiendo alrededor de medio millón de personas anualmente desde el final de la pandemia.

No obstante, el Ministerio del Interior ha destinado cada vez más dinero para frenar el fenómeno migratorio, unos 161,65 millones de euros a terceros países, para que sean sus cuerpos policiales los que evitan las llegadas a las costas españolas y, sin embargo, las llegadas no han dejado de aumentar. La comunidad más saturada es Canarias, que a pesar de los intentos de reformar la Ley de Extranjería, para que esta no tenga tanta presión, no están funcionando. El Gobierno, por el momento, no se plantea un cierre de fronteras como ya están haciendo otros países del entorno y abogan por una inmigración ordenada, legal y segura.

En Cataluña, donde más se refleja la problemática de la alta inmigración ilegal, se generaron recientes disturbios en Salt, municipio de Gerona, debido al desalojo de un imán, por «ocupación» de un inmueble junto con su familia, lo que originó una fuerte guerra política sobre la inmigración. La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha defendido la violencia de los inmigrantes como una «expresión cultural propia», aludiendo al hecho de que algunos manifestantes tiraron piedras a los Mossos d’Esquadra y quemaron contenedores. Este comentario ha intensificado el debate sobre la gestión de la inmigración y la seguridad en la región, generando división tanto a nivel político como social.

Según la página oficial del Ministerio de Educación, se ha habilitado un programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), siendo esta una iniciativa conjunta entre los gobiernos de España y Marruecos, gestionada por las comunidades autónomas e impartida por profesorado marroquí. Se desarrolla en centros de primaria y secundaria de 12 comunidades autónomas. Su objetivo es enseñar árabe y cultura marroquí a alumnado marroquí y no marroquí, promover la inclusión, el respeto intercultural y la participación familiar. Se ofrece en dos modalidades: como actividad extraescolar (modalidad A) o dentro del horario lectivo (modalidad B), predominando la primera. El líder del partido VOX, Santiago Abascal, el mismo lunes 24 de marzo, ha reaccionado a esta noticia, apodando este programa como un “suicidio cultural”. Ha afirmado que VOX no va a apoyar “ni pacto verde, ni pacto migratorio ni plan de islamización de España”.

ÁMBITO TECNOLÓGICO

La desinformación se ha consolidado como el principal riesgo estratégico, por lo que el Gobierno español ha encargado la redacción de una Estrategia Nacional contra esta, con el objetivo de reforzar la seguridad democrática y la resiliencia institucional ante campañas de manipulación informativa. Esta estrategia, que estará lista este año, busca coordinar esfuerzos públicos y privados para prevenir y contrarrestar la desinformación, especialmente en contextos electorales o de crisis, incluyendo la creación de un órgano coordinador y mecanismos de alerta temprana.

La desinformación no es la única amenaza híbrida que experimenta España, ya que en lo que llevamos de 2025, el país ha experimentado un aumento significativo en los ciberataques, llegando a superar a Estados Unidos en número de incidentes en marzo. Estos ataques han afectado a diversas instituciones públicas quedando paralizados los servicios administrativos; fraudes bancarios, dirigidos mediante dispositivos móviles; al sector sanitario y a las pymes, representando el 80% de estos; etc. La mayoría de estos ataques han sido atribuidos a grupos de hackers rusos, como TwoNet y NoName, los cuales estallaron tras el anuncio de Pedro Sánchez de un paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 1.000 millones de euros. Los atacantes rusos sugirieron que España debería invertir en mejorar su propia ciberseguridad en lugar de financiar a Ucrania.

Para reforzar su resiliencia, el Ejecutivo avanza también en la regulación de la inteligencia artificial aprobando el Anteproyecto de Ley para el Buen Uso y Gobernanza de la IA, basándose en la normativa europea del Reglamento (UE) 2024/1689. Algunos de sus puntos claves son: exigencia de etiquetar todos los contenidos generados con IA, clasificación de la IA según su nivel de riesgo, designación de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de esta Ley, establecimiento de multas por infracciones cometidas, regulación del uso de la identificación biométrica en espacios públicos y la fomentación del uso de la IA de manera ética. La futura Ley de IA busca garantizar un desarrollo ético, seguro y transparente, mientras que el sector privado, con proyectos como IndraMind, contribuye a modernizar infraestructuras estratégicas.

CONCLUSIONES

1. El PSOE busca calmar tensiones con sus socios de gobierno, pero ha generado fuertes críticas desde la oposición, escalando la problemática a acciones legales ante la UE, reflejando que la gestión migratoria es un foco principal de tensión política a nivel nacional y evidenciando un clima de alta confrontación, debido al debate territorial y las tensiones entre partidos.

2. Este caso subraya el esfuerzo continuo de las autoridades por esclarecer posibles irregularidades y garantizar la transparencia en la gestión pública.

3. La falta de consenso político está frenando iniciativas clave del Gobierno central, pero al mismo tiempo, el fortalecimiento de alianzas entre PP y Vox revela una creciente polarización política que complica la gobernabilidad a nivel nacional y autonómico. Esta tensión podría obstaculizar futuras reformas y acuerdos interterritoriales.

4. La implicación activa de España en foros multilaterales refuerza su papel como socio fiable en la defensa del orden internacional y la estabilidad europea.

5. La aprobación del aumento del gasto militar y el respaldo al plan de defensa europeo reflejan la sintonía entre PSOE y PP en materia de seguridad, pero también profundizan las divisiones internas del gobierno, evidenciadas por el rechazo de su socio de gobierno. Pedro Sanchez con su cambio de diálogo, parece buscar una mayor aceptación pública, consenso social en un tema altamente sensible y acuerdos con sus socios de gobierno.

6. Esto simboliza una apuesta estratégica por reforzar los lazos entre la Unión Europea y otras potencias globales en un escenario geopolítico inestable, posicionando a España como actor relevante.

7. La complejidad de estas alianzas y la multiplicación de actores externos, dificultan la resolución de conflictos y aumentan la amenaza para la seguridad de España, afectando también en su influencia y presencia militar en el norte de África. Se refleja que las Fuerzas Armadas Españolas tienen grandes retos por delante, debido a su carencia de efectivos, la posible implementación del plan «ReArme Europa» y la situación particular con Marruecos, especialmente en Ceuta y Melilla.

8. España enfrenta un escenario económico complejo y dual, por un lado, el país muestra signos de crecimiento y dinamismo, nuevas oportunidades de exportación y alianzas comerciales, pero, por otro lado, la elevada deuda pública, representa un riesgo estructural que podría limitar su capacidad de respuesta ante futuras crisis, sumando a esto las amenazas de los países externos como EEUU. Tanto el sector turístico como la industria del aluminio y acero, entre otros, en España sufrirán las consecuencias de las políticas proteccionistas de Trump, que afectarán las relaciones comerciales y el flujo de turistas hacia el país.

9. Una gestión deficiente del fenómeno migratorio, en este contexto, podría agravar tanto el declive demográfico como la cohesión social. Sin embargo, esta situación ha puesto de manifiesto la creciente polarización política y social, respecto a la inmigración y la seguridad y han evidenciado la falta de consenso político sobre cómo abordar estos desafíos de forma responsable y cohesiva.

10. Con lo descrito, se deberá gestionar y presionar por el aumento de la ciberseguridad nacional y la inversión en defensa tecnológica, sin quebrar la estabilidad institucional y la confianza ciudadana, por no gestionar de manera eficaz la desinformación. Asimismo, aumentar la colaboración público-privada sostenida para preservar la soberanía informativa y digital del país.