Elaborado por la Unidad de Inteligencia en Prácticas

Noviembre 2025

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

El presente documento pretende analizar diferentes crisis migratorias ocurridas, tanto a finales del siglo XX como durante el siglo XXI, con el fin de obtener una serie de lecciones que puedan ser de interés para España de cara a su crisis migratoria actual. Para este análisis, en primer lugar, se contextualizará la situación migratoria en España y se atenderá a las características particulares de las crisis migratorias de estudios de caso concretos, para luego extraer las lecciones aprendidas correspondientes. Estas lecciones contarán tanto con elementos aplicables a la migración irregular que llega a territorio español como aspectos a evitar. De la misma manera, se detallarán los aspectos más relevantes de dichas crisis y se ofrecerán una serie de medidas estratégicas y conclusiones.

La idea de este estudio es aprender de las situaciones próximas y asimilables de nuestros vecinos, de forma que, de situaciones o circunstancias concretas, se puedan extraer estrategias aplicables a España, buscando evitar situaciones humanitarias o de seguridad que sean críticas para el país y también de riesgo para la población migrante. La migración instrumentalizada es un fenómeno que se ha reconocido finalmente en 2024 como amenaza híbrida en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR EN ESPAÑA

            La posición geográfica de España le permite ser un actor clave en sectores como el comercio marítimo europeo y la construcción de infraestructuras de energías renovables. Sin embargo, este aspecto también supone una vulnerabilidad en cierta forma. Ser el país europeo más próximo al continente africano, y el único con fronteras físicas dentro del mismo, convierte a España en uno de los objetivos principales de la migración procedente del Magreb y del Sahel, principalmente.

            Desde principios de siglo, la migración irregular que llegaba a España era, mayoritariamente, de origen marroquí y argelino. El crecimiento económico del país y la demanda de trabajadores, que contrastaba con la difícil situación de los Estados norteafricanos, ejerció de efecto llamada para una importante cantidad de migrantes. Es decir, la motivación principal era conseguir un trabajo estable en España y mejorar su calidad de vida. Progresivamente, el porcentaje de migrantes subsaharianos fue en aumento hasta llegar a la crisis de los cayucos del año 2006. Este momento representó un punto de inflexión en la problemática migratoria de España, pues demostró la flexibilidad de las rutas migratorias ante las medidas preventivas de España, en este caso tras el refuerzo previo de la ruta del Mediterráneo (dividida entre la ruta del Estrecho y la ruta de Alborán).

            Uno de los puntos críticos de la frontera sur de España se encuentra en Ceuta y Melilla. Las dos ciudades autónomas han sido históricamente objetivo del Reino de Marruecos, por lo que, de forma directa o indirecta, han supuesto un elemento de inestabilidad entre Madrid y Rabat. La colaboración entre España y Marruecos es un elemento fundamental dentro de la estrategia española de control y mitigación de la migración irregular. Sin embargo, dado que Marruecos es un país de origen y de tránsito de migrantes, España se encuentra en una situación de dependencia de los objetivos marroquíes para poder contar con su ayuda a la hora de contener las rutas migratorias. Una de las crisis más recientes entre ambos países fue el incidente fronterizo de Ceuta en el año 2021, evento previo al cambio de posición de España respecto al plan marroquí de autonomía del Sáhara Occidental.

            Por otro lado, la ruta migratoria que más ha evolucionado en los últimos años es la ruta argelina. La mejora de las relaciones entre España y Marruecos ha empeorado su posición con Argelia, rival regional de los marroquíes, por lo que la colaboración en materia migratoria se ha resentido. Unido a esto, se ha experimentado un aumento considerable de migrantes que buscan llegar a las islas Baleares. Aunque la presión en las Baleares es todavía considerablemente inferior a la de las islas Canarias, el aumento de en torno al 75% entre los años 2024 y 2025 indica la necesidad de reforzar las relaciones con Argelia y de mejorar las capacidades de prevención y mitigación. Preocupa especialmente el aumento de menores no acompañados a través de esta ruta, llegando a saturar las infraestructuras de acogida.

Mapa 1: Principales rutas migratorias a España. Fuente: La Razón.

CASOS DE ESTUDIO

            En este apartado se pretenden analizar cuatro casos concretos de crisis migratorias con el fin de encontrar tanto medidas aplicables a la crisis migratoria en España, como acciones a evitar.

1. MIGRACIÓN EN LA FRONTERA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

La migración irregular entre Estados Unidos y México es uno de los principales retos que ha afectado históricamente, y de forma directa, a las administraciones de ambos Estados. Principalmente, tiene causas estructurales, como la desigualdad social, la falta de oportunidades en los países de origen, la inseguridad debido a la fuerte presencia de los cárteles y las redes criminales de tráfico de personas, o la propia posición geográfica de ambos países. Sin embargo, también cuenta con causas políticas que han propiciado una evolución negativa de este problema humanitario, como la estigmatización de los migrantes en territorio estadounidense o la limitación de derechos básicos a los ciudadanos de terceros países en suelo mexicano.

La migración entre Estados Unidos y México ha sido, mayoritariamente, desde el país latino hacia el norte, aunque también se han vivido momentos puntuales de inversión de esta tendencia, como es el caso de la crisis del 2008, cuando se produjo un movimiento importante de ciudadanos mexicanos de vuelta a su país de origen. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense reformuló completamente su perspectiva migratoria, fortaleciendo considerablemente sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres. Esto implicó una militarización exhaustiva de la frontera física entre Estados Unidos y México, con una longitud superior a los 3.100 kilómetros. Además, con Bill Clinton al frente de la Casa Blanca, se retomó una vieja idea de principios del siglo XX: la construcción de un muro en dicha frontera.

La construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México ha sido un punto de debate recurrente en las últimas décadas entre demócratas y republicanos. Sin embargo, lo cierto es que los gobiernos de ambas administraciones han realizado avances en dicha infraestructura, aunque de forma irregular. Durante su campaña presidencial, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a señalar en repetidas ocasiones su idea de completar el muro obligando al gobierno mexicano a asumir los costes de este proceso. Dejando a un lado la narrativa populista dentro del movimiento Make America Great Again (MAGA), lo cierto es que la posibilidad de esta medida es prácticamente nula. México es uno de los principales aliados comerciales de Estados Unidos y el país norteamericano no tiene, al menos por el momento, las herramientas suficientes como para presionar a su socio del sur de forma tan contundente.

Una de las medidas más polémicas llevadas a cabo por Estados Unidos es el despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esta organización, cuya función principal es la de monitorear e investigar el estatus migratorio de los extranjeros que ingresan de forma irregular al territorio estadounidense, ha protagonizado algunos de los momentos de mayor tensión social de los últimos años en las calles de Estados Unidos. Existen cientos de imágenes y vídeos que prueban cómo los agentes del ICE utilizan medidas desproporcionadas a la hora de detener a civiles, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos o sin antecedentes penales de ningún tipo. De esta forma, el gobierno estadounidense pretende mostrar una imagen de control sobre la situación migratoria, sin embargo, por el momento solo está consiguiendo aumentar la fractura social y la inestabilidad de sus ciudades. En este sentido, cobra importancia la alianza estratégica entre la Casa Blanca y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Bukele, que lleva al frente del país centroamericano desde junio de 2019, consiguió disminuir la criminalidad de su país a mínimos históricos tras una campaña de enfrentamiento directo contra las maras. Para la detención de miles de pandilleros, el presidente del El Salvador ordenó la construcción de una infraestructura de cárceles de alta seguridad, siendo el más famoso el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Las acciones del gobierno de El Salvador han sido tan bien vistas desde la administración Trump que ya se han realizado procesos de extradición de migrantes irregulares no salvadoreños para internarlos en el propio CECOT. Estas medidas de Estados Unidos, aunque en una primera instancia puedan parecer lo suficientemente fuertes como para debilitar los flujos migratorios hacia su territorio, lo cierto es que están generando una importante desestabilización social, además de no aplicarse los protocolos o consideraciones legales oportunas, pues son ya cientos los casos de ciudadanos que han sido detenidos o directamente deportados sin una sentencia en firme y sin pruebas de sus supuestas conexiones con el crimen organizado.

Por otro lado, las medidas llevadas a cabo por el gobierno de México son igualmente insuficientes. México no solo es un país que exporta migrantes irregulares, también sirve como punto de tránsito para ciudadanos de Centroamérica y Sudamérica, especialmente de Venezuela, Cuba, Colombia, Honduras, Nicaragua y Guatemala, entre otros. De hecho, el porcentaje de migrantes irregulares que cruzan la frontera terrestre hacia suelo estadounidense se encuentra actualmente en una proporción de un 50% de ciudadanos mexicanos y un 50% de ciudadanos de otras nacionalidades de la región.

En el año 2023, el gobierno mexicano decidió suspender la expedición de tarjetas de visitante a los migrantes irregulares por “razones humanitarias”. Esta medida tenía el objetivo de reducir la presión migratoria dentro del país al limitar el acceso a los servicios básicos. Sin embargo, en el año 2024 las detenciones de migrantes irregulares en territorio mexicano se incrementaron casi en un 70%. Esto tiene sentido si se tiene en cuenta que la gran mayoría de estos migrantes escapan de situaciones de vulnerabilidad en sus países de origen y que, de este modo, se encuentran con un bloqueo cada vez más intenso al llegar a la frontera de México con Estados Unidos, quedando, por tanto, paralizados en territorio mexicano.

La mala gestión de México y las medidas coercitivas de Estados Unidos están dejando cada año a cientos de miles de personas en tierra de nadie, con recursos muy escasos y sin posibilidades reales de prosperar. En este sentido, los mayores beneficiados son los cárteles de droga mexicanos y las redes de tráfico de personas, que, en el mejor de los casos, se posicionan como una vía de escape para una parte de esta población migrante y poder subsistir de alguna forma. Sin embargo, en la mayoría de los casos la colaboración de la población migrante irregular con estas organizaciones delictivas es forzosa, siendo obligados a tener un futuro aún peor que en sus países de origen.

Mapa 2: Rutas migratorias hacia Estados Unidos a través de México. Fuente: BBC.

La crisis migratoria entre Estados Unidos y México nos presenta una serie de medidas a evitar ante una problemática que afecta a cientos de miles de personas cada año y que, en definitiva, solo beneficia a las redes criminales:

1. Estigmatización con fines políticos de la población migrante como principal causante del crimen organizado dentro del país.
2. Deportaciones forzosas sin garantías legales.
3. Represión institucional a través de organizaciones gubernamentales como el ICE.
4. Aplicación de medidas populistas e inviables, como la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.
5. Facilitación de las actividades delictivas de las mafias criminales a través de la proporción de un gran número de personas en situación de vulnerabilidad.
6. Limitación de los derechos humanos de los migrantes irregulares.
7. Colaboración limitada o nula con los países de origen en materia de prevención y control de la migración.
8. Dificultar la integración de los migrantes irregulares al sector productivo de los países de destino.

2. CRISIS MIGRATORIA EN ITALIA

En el caso de Italia, la migración irregular proviene tanto de diferentes puntos de África como de Oriente Medio. Desde finales de los años 90 del siglo XX, el país mediterráneo comenzó a sufrir un aumento considerable de la migración irregular de estas dos zonas geográficas, siendo el momento de mayor presión tras la caída de Gadafi en el año 2011, evento que generó un alto nivel de inestabilidad en la región.

A principios de siglo, la migración irregular que llegaba a las costas italianas era predominantemente de origen tunecino, libio, marroquí y argelino, aunque posteriormente crecería el porcentaje de migrantes originarios de países subsaharianos y de Siria. La isla de Lampedusa siempre fue un punto crítico debido a su proximidad geográfica con el continente africano. Precisamente en esta isla se han producido algunos de los momentos de mayor gravedad, llegando a recibir un número de migrantes superior al de los propios habitantes de la isla.

Antes del estallido de la Primavera Árabe, Italia combinó medidas de control fronterizo, como el aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad en los puntos más afectados por la migración, con acuerdos bilaterales con los principales países exportadores de migrantes. De esta manera, se buscaba mitigar la presión de los flujos migratorios desde los puntos de salida. Sin embargo, tras la caída del gobierno libio en el año 2011, Italia perdió temporalmente un aliado estratégico clave en la contención de la migración, lo que hizo que las cifras de migrantes irregulares aumentaran considerablemente.

Durante estos años, la situación fue tan grave que Italia desarrolló la operación Mare Nostrum (2013-2014) con el objetivo de rescatar personas en el Mediterráneo. Tras conseguir salvar exitosamente a decenas de miles de personas, Mare Nostrum fue reemplazada por la Operación Tritón (2014-2018), con la cooperación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX). Esta segunda misión fue duramente criticada, pues contó con menos recursos que su predecesora y, solo en un año, contó con una tasa de mortalidad por naufragios en el Mediterráneo diez veces superior.

La llegada de Giorgia Meloni en el año 2022 supuso un punto de inflexión en muchos aspectos para la política italiana, incluido todo lo relacionado con la gestión migratoria. La primera ministra italiana ha mantenido una línea continuista respecto a las acciones iniciadas por su predecesor Mario Draghi, aunque reforzando algunas de las medidas más relevantes. Por un lado, las relaciones bilaterales de Italia con algunos de los países clave dentro de las rutas migratorias que le afectan, como son Libia y Túnez, permiten que el país europeo tenga un cierto margen de actuación para poder gestionar los flujos migratorios más numerosos. Gracias a la colaboración con cuerpos de seguridad como la Guardia Costera libanesa, Italia consigue mitigar la presión migratoria antes de que buena parte de los migrantes lleguen a las costas italianas.

Por otro lado, Italia plantea la crisis migratoria no solo como un problema de seguridad humanitaria, sino también como un problema de seguridad nacional. Por este motivo, el gobierno de Meloni impulsó en el año 2024 una polémica medida: el traslado de migrantes a Albania (país miembro de la OTAN y candidato a entrar a la UE) con el objetivo de desincentivar las llegadas a su propio territorio. Esta acción, aunque alivió en cierta manera la presión migratoria del país, también creó debates sobre los aspectos legales y humanitarios de la reubicación de los migrantes. Además, esta no ha sido la única medida polémica desarrollada por Italia, pues años atrás el país mediterráneo también obtuvo críticas por criminalizar a las ONGs que trabajaban en sus costas y el cierre de puertos con grandes números de llegadas.

Mapa 3: Rutas migratorias a Italia. Fuente: El Orden Mundial.

Por tanto, dadas las similitudes del caso italiano con la migración irregular que llega a España, tanto por proximidad geográfica como por el perfil de los migrantes, se puede sacar una serie de lecciones positivas y negativas:

1. Relaciones bilaterales con los países de origen y de tránsito.
2. Implicación de la Unión Europea en el control migratorio.
3. Planteamiento de la crisis migratoria como un asunto de seguridad nacional.
4. Reubicación de los migrantes a Albania.
5. Criminalización de las ONGs y otras organizaciones humanitarias.
6. Cierre de puertos y zonas críticas.

3. CRISIS MIGRATORIA ENTRE GRECIA Y TURQUÍA

El año 2015 estuvo marcado en Europa por cifras históricas de llegada de migrantes y refugiados que huían de conflictos en sus países de origen. Entre estos países estuvo, como se ha mencionado, Italia, pero también Grecia. Estos recibieron una gran presión por parte de los países del norte de la Unión Europea, a pesar de su inestabilidad económica y financiera, para hacer frente a la cantidad de migrantes y refugiados que llegaron al continente.

Un porcentaje significativo de estos entró a Europa por Grecia desde Turquía. En concreto, la ruta marítima del mar Egeo, con destino final en las islas griegas, fue la principal vía de entrada irregular a la Unión Europea. Este flujo migratorio supuso un verdadero reto para las instituciones y agencias europeas, tanto a nivel humanitario como de seguridad, lo que llevó a calificar a esta oleada migratoria de crisis a nivel formal.

Si bien la relación entre Turquía y Grecia ya se encontraba marcada por ciertos vaivenes, la cuestión migratoria estuvo determinada por el doble factor geográfico y político. Por un lado, la posición de Turquía en el mapa la convertía en el principal punto de tránsito hacia Europa. Por el otro, la pasividad de Turquía para controlar los flujos hacia Europa y en concreto hacia Grecia ha sido interpretada como una verdadera instrumentalización migratoria, es decir, como una forma de ejercer presión sobre la Unión Europea a través de la masa de personas desplazadas.

En este sentido, se considera que esta actividad de Turquía obedeció, no tanto a la escalada del conflicto en Siria, sino a las tensiones políticas vividas en el Mediterráneo, así como a sus actividades de exploración de hidrocarburos ilegales en la zona económica exclusiva de Chipre, contrarias a los intereses y el derecho de la UE.

La reacción de Europa pasó por la elaboración del llamado Acuerdo UE-Turquía en 2016. El objetivo era ayudar a Turquía en la acogida de las personas migrantes bajo protección temporal y prevenir los flujos irregulares hacia la Unión Europea. Así, la UE externalizó el control migratorio dejando el control de los flujos en manos de Turquía.

En otro orden, en 2020 se produjo un segundo episodio de gran relevancia en tanto a la instrumentalización de la migración desde Turquía a la Unión Europea. En febrero de 2020, el gobierno de Erdogan anuncia el cese en el control de las fronteras y la habilitación del paso de migrantes a Grecia. Por su parte, las autoridades griegas responden con  dureza, suspendiendo por ejemplo las solicitudes de asilo temporalmente o usando gases lacrimógenos en las intervenciones. La consecuencia de esta situación fue una crisis humanitaria instrumentalizada por Turquía con fines políticos. En esta crisis, miles de personas quedaron varadas en condiciones precarias, sin garantías de asilo y dándose numerosas denuncias de abusos y malos tratos.

La Unión Europea contaba con dos herramientas para hacer frente a estas oleadas en 2015. Por un lado, el Sistema Común de Asilo, cuyo objetivo era unificar las políticas migratorias. La problemática radica en que no se aplica de forma práctica de manera uniforme, lo que genera desplazamientos entre los solicitantes de asilo. Por otro lado, la Unión cuenta con el espacio Schengen. En este caso, el dilema surge cuando algunos Estados establecen controles fronterizos internos de forma unilateral al escalar las oleadas de migrantes.

            De esta forma, en 2015 se estableció un sistema de contingentes mediante la Agenda Europea de Inmigración. Esta decisión no es unánime en el seno de la institución, puesto que si bien países como Italia abogan por una respuesta conjunta, otros como Hungría o Polonia rechazan el sistema de cuotas.

Existe una narrativa de “securización” de las migraciones que cristaliza en los años 2000 en el seno de la Unión a raíz de la evidencia de las deficiencias en las políticas y mecanismos de emergencia de la Unión Europea para gestionar los flujos migratorios irregulares, así como las redes de tráfico en las fronteras exteriores e interiores de la UE. Esta narrativa de seguridad en ocasiones ha chocado de frente con la narrativa humanitaria de la crisis migratoria.

En este aspecto, cabe destacar en la crisis de 2020 su carácter marcadamente humanitario, señalando la relevancia de las vías de entrada principales desde Turquía a Grecia. Los migrantes cruzan por Turquía, a través del mar Mediterráneo, por el río Evros en la frontera del norte, o por las costas turcas cercanas a las islas griegas en el mar Egeo. Sin embargo, para evitar esta ruta terrestre en 2012 el gobierno griego construye una valla en la frontera con Turquía, lo que implica que en 2015 las principales llegadas ocurren desde el Mediterráneo, una vía aún más peligrosa y rápida.

            En este sentido, la construcción del muro por Grecia ha continuado, contando en 2023 con 27 km de longitud y 5 m de altura. Si bien desde el ministerio de Protección Ciudadana se hacen estimaciones de las cifras de migrantes y traficantes que el muro ha ayudado a impedir a cruzar, la preocupación en Grecia y en la Unión Europea sobre nuevas presiones migratorias instrumentalizadas por parte de Turquía no mengua.

Cabe destacar episodios como los incidentes de Evros en 2020, para entender la fuerza de la crisis humanitaria y de seguridad de esta frontera. En esta apertura instrumentalizada de fronteras por parte de Turquía se da paso a miles de migrantes sin control a territorio griego. Se documenta por diversas organizaciones como, en el cruce vía Evros, muchos migrantes fueron detenidos por fuerzas griegas y devueltos a Turquía sin posibilidad de solicitar asilo. Además, se documenta que hubo uso de violencia física, robos, desnudos forzados, e incluso disparos con munición real y detenciones arbitrarias.

En 2016, Grecia se convirtió en la primera nación de la Unión Europea en solicitar asistencia de la Unión en la gestión de las migraciones. FRONTEX ha desempeñado un papel crucial desde entonces, en colaboración con las autoridades nacionales. Así, los controles son llevados a cabo mediante la colaboración entre agentes de policía griegos y agentes de Europol, siguiendo planes operativos acordados. Todo esto se manifiesta en una mayor participación de FRONTEX y las agencias europeas en la vigilancia de las fronteras, así como en la posibilidad de asumir más responsabilidades en términos de intervención en el territorio nacional de los Estados miembros.

Mapa 4: Crisis migratoria entre Grecia y Turquía. Fuente: 20 minutos.

Los distintos episodios de crisis migratoria entre Grecia y Turquía nos ofrecen una serie de lecciones aprendidas:

1. La externalización del control migratorio y la protección internacional a estados vecinos lleva a una pérdida del control sobre las fronteras.
2. La externalización del control migratorio puede hacer al país cómplice de las violaciones de los derechos humanos por parte del país en que se externaliza.
3. El ofrecimiento de incentivos a cambio de la contención de la migración puede en muchos casos no ser una medida suficiente para frenar la instrumentalización de la migración.
4. Las fórmulas informales y los acuerdos bilaterales relajados reducen la capacidad de negociación de forma que se produce una delegación informal así como una pérdida de transparencia en un proceso crítico para la seguridad del país o institución.
5. El papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad y guardias fronterizas debe estar coordinado y sujeto a planes operativos acordes a las circunstancias.
6. Las fronteras geográficas y limitaciones físicas de los medios y vías de migración así como sus características y peligrosidad deben ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar los planes operativos para prevenir la pérdida de vidas humanas.
7. No debe separarse la dimensión humanitaria de la de seguridad en tanto a las cuestiones de crisis migratoria.
8. El tráfico de personas es una actividad criminal que se ve reforzada durante las crisis migratorias.          

4. INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR ENTRE BIELORRUSIA Y LA UNIÓN EUROPEA

La frontera entre Bielorrusia y Polonia ha sufrido en los últimos años los efectos del deterioro de las relaciones con la Unión Europea. En la primavera de 2021 se produce el estallido de la crisis migratoria en la frontera con Polonia, Lituania y Letonia, como consecuencia de distintos roces con la Unión. Uno de ellos fue el aterrizaje forzado en Minsk por el presidente de un avión de Ryanair en Bielorrusia, que concluyó con la detención de un periodista y una pasajera. Este altercado dio lugar una serie de condenas y sanciones por parte de la Unión Europea. Como consecuencia, Bielorrusia anuncia su próxima pasividad en la prevención de la inmigración irregular en la frontera.

A partir de este momento, el régimen de Lukashenko comienza a promover activamente la llegada de migrantes desde Oriente Medio, Asia y África hacia Bielorrusia, facilitando visados e incentivándolos a dirigirse a la frontera con la Unión Europea. Esto fue señalado por la Unión como una estrategia de presión híbrida como herramienta de desestabilización de la institución europea.

La crisis migratoria fue declarada formalmente tras los miles de intentos de entrar por esta vía en la UE, que puso en evidencia la vulnerabilidad política y de seguridad de dicha frontera ante presiones de sus vecinos. En consecuencia, a finales de 2021 Polonia modifica el Acta de Extranjeros otorgando cobertura legal a las llamadas devoluciones sumarias o pushbacks de personas migrantes que pudiesen cruzar la frontera de forma irregular desde este foco. Este instrumento legal permitía a las autoridades polacas declarar zonas de exclusión, estados de emergencia e incluso suspender parcialmente procedimientos de asilo en aras de una amenaza al orden público o de seguridad nacional. Este enfoque genera controversias en tanto a los principios normativos de la Unión y el Derecho Internacional, que garantiza el principio de no devolución en contra de las devoluciones sumarias.

La institucionalización de estas devoluciones masivas supone de nuevo una tensión en esta situación de crisis migratoria entre la securización y el factor humanitario del conflicto, que no son sino dos caras de la misma moneda. Este acto unilateral por parte de un Estado miembro en contra de los principios y la legalidad de la Unión supone una fuerte evidencia del éxito de la desestabilización que de facto supuso la estrategia de presión híbrida de Bielorrusia mediante la instrumentalización de la migración sobre la Unión Europea.

Ante la migración organizada, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) alerta en 2022 de la necesidad de “evitar situaciones de dependencia de estrategias políticas de terceros países que no sean compatibles con las políticas y principios de la Unión”. Así, podría concluirse que la enmienda de Polonia reforzó la asimetría en el enfoque de la migración y el asilo en la Unión, y puso en evidencia las limitaciones institucionales de la Unión para garantizar el cumplimiento de los estándares comunes en cuestiones migratorias. Además, simultáneamente a la modificación de la legislación de Polonia, Bielorrusia desplazó a alrededor de varios miles de personas a un campamento improvisado en la frontera, de forma que quedaron atrapadas entre los países en situación de completa vulnerabilidad. Esto no era solo un riesgo para su bienestar físico, emocional y protección sino también un mecanismo de presión mediática sobre la Unión.

Si bien no hay consenso sobre las cifras y la situación exacta de estas personas (unas 4.000), sí produjo un agravamiento de la crisis humanitaria, un endurecimiento inmediato de las políticas fronterizas por parte de Polonia, Lituania y Letonia y una ruptura profunda de las relaciones entre la UE y Bielorrusia, así como el aumento de la tensión con Rusia.

En otro orden, las elecciones presidenciales de Bielorrusia de agosto de 2020 fueron declaradas fraudulentas por la Unión Europea, así como la OSCE y otros observadores internacionales. Tras la violenta represión de las protestas contra el régimen, la Unión consideró el régimen de Lukashenko como violador sistemático de los Derechos Humanos. Como se puede observar, tanto en el caso de los campamentos improvisados en la frontera, como en el caso de las elecciones y en la instrumentalización de las migraciones, el régimen autoritario permite al presidente un margen de maniobra más amplio de lo que lo haría un régimen democrático para actuar sin rendición de cuentas a costa de vidas humanas para conseguir sus fines políticos. Estas actuaciones van en contra de la legalidad de la Unión, que tiene una profunda raíz en los Derechos Humanos.

Las sanciones europeas en este sentido han pasado por distintas fases a nivel cronológico y a nivel objetivos. En primera instancia, se incluyeron sanciones personales a funcionarios por torturas y fraude electoral entre otras acciones. En segunda instancia, tras la crisis en la frontera con Polonia, Letonia y Lituania, la UE incluyó en las sanciones a instituciones que facilitaban la llegada de migrantes, aerolíneas y agencias de viajes. Fue la primera vez que la UE imponía una sanción a un país por instrumentalizar la migración en forma de ataque híbrido. En tercer lugar, se impusieron sanciones vinculadas a la guerra de Ucrania, dado que Bielorrusia permite a Rusia usar su territorio para la invasión. Esto da lugar a sanciones económicas en sectores clave por parte de la Unión.  Por último, en 2024, y persistiendo estas cuestiones, Europa fortalece su política de sanciones, tratándola de facto como cómplice del régimen ruso y un actor hostil en tanto a que utiliza la migración como arma de presión política.

Mapa 5: Pasos fronterizos entre Bielorrusia y Polonia. Fuente: RFI.

De la crisis migratoria entre Bielorrusia y la Unión Europea podemos extraer las siguientes lecciones aprendidas:

1. Reconocimiento formal y público de la utilización hostil de la migración como arma política, que permite responder en consecuencia de forma coherente y unívoca.
2. La falta de estándares comunes en la Unión genera vacíos e inestabilidad real y percibida que deben ser solventados o al menos debatidos en el seno de la Unión para evitar que vuelvan a cometerse errores semejantes.
3. Los estándares de un régimen autoritario son distintos a los de una institución o un gobierno democrático, pues se permitirán actuar por mecanismos no regulados al no estar afectados por una rendición de cuentas.
4. La participación de población de terceros países involucra a nuevas actores en el diálogo y la gestión. No debe olvidarse que la cuestión no involucra solo a los dos países enfrentados sino que también atañe a toda una institución de Estados miembros y países de otros continentes que forman parte de organismos que tienen mecanismos que pueden activar para resolver conflictos. Reducir el conflicto a una cuestión bilateral entre dos países vecinos limita las oportunidades de enfrentar la presión ejercida.
5. El fenómeno migratorio puede y quizás debe tratarse como un arma híbrida en manos de un actor que busca dinamitar la estabilidad política, social y de seguridad de un país.
6. La ausencia de mecanismos europeos de respuesta rápida genera oportunidades de acción para actores hostiles que busquen escalar las crisis a falta de protocolos de respuesta homogéneos.
7. De nuevo, la externalización de las fronteras no puede recaer únicamente en los Estados fronterizos.
8. La Unión precisaba de un Reglamento contra la instrumentalización migratoria (como el llevado a cabo en 2024).
9. Es necesario implicar a todos los actores que de facto participan de alguna manera en la instrumentalización, desde los acuerdos turísticos a los propietarios de las aerolíneas u operadores y los manipuladores de visados, de forma que la diplomacia pueda ejercer un efecto en todo el proceso de instrumentalización en los países de origen, de tránsito y demás participantes directos o indirectos.
10. La propaganda y la información o desinformación en los medios forma parte del proceso de instrumentalización, influyendo en la desmoralización de las sociedades.
11. Los pushbacks y detenciones arbitrarias así como otras acciones de dudosa garantía humanitaria debilitan la credibilidad de la Unión Europea, que difícilmente puede ser restaurada si no se toman medidas al respecto.

MEDIDAS APLICABLES A LA MIGRACIÓN IRREGULAR EN ESPAÑA

            Después de estudiar los anteriores casos, se pueden identificar una serie de medidas o recomendaciones para poder mitigar su situación migratoria.

            En primer lugar, se ha demostrado que la colaboración con los países de origen y tránsito es clave a la hora de controlar los flujos migratorios. Permite obtener una mayor información en base a la monitorización en el terreno y en los puntos de salida hacia Europa. Además, permite crear infraestructuras para el cuidado de los migrantes y disminuir de esta manera posibles futuros problemas de saturación en los países de destino. En el caso de España, la cooperación con Marruecos y Argelia es esencial, así como con los países de África occidental, en especial con Mauritania y Senegal.

            Otro factor importante es la implicación de la Unión Europea en la gestión migratoria. España puede aprovechar su posición como miembro relevante en la UE para hacer frente a esta crisis, y no solo por intereses del propio país, si no por un interés común para el resto de miembros de la organización. España no es solo un objetivo de destino, también puede ser utilizada como país de tránsito para llegar a otros países europeos, como Francia, Bélgica o Países Bajos.

            Por último, el planteamiento de la migración como un asunto de seguridad nacional, además de como un problema humanitario, ha demostrado obtener mejores resultados. La aplicación de medidas preventivas permite disminuir la presión migratoria, mejorando las capacidades de gestión de las rutas migratorias y la aplicación de más recursos por persona.

POSIBLES ESCENARIOS

            A continuación, se presentan varios posibles escenarios futuros en relación con la crisis migratoria que sufre España.

1. Giro político a la derecha en España:

Dada la inestabilidad política que vive el país, cada vez es más probable la posibilidad de unas elecciones adelantadas. Pese a las diferentes encuestas, como el CIS, que le dan una eventual victoria al PSOE, en los medios de comunicación se comenta con frecuencia el aumento de popularidad de VOX, partido de extrema derecha, crítico con la migración y socio de actores importantes como Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Viktor Orban, entre otros. La llegada de VOX al gobierno, tanto en coalición con el Partido Popular como en solitario, podría cambiar completamente el planteamiento estratégico de España frente al control migratorio.

2. Implicación exhaustiva de la Unión Europea en el control migratorio:

Cada vez son más los países europeos que sufren un aumento de la criminalidad por parte de bandas organizadas. En Bélgica, Países Bajos y Suecia es cada vez más frecuente la intervención policial en zonas urbanas por culpa de las actividades delictivas de organizaciones con una cierta infraestructura y con acceso a armas de fuego. Muchas de estas organizaciones criminales están compuestas por migrantes o por ciudadanos de segundas generaciones que no han conseguido una integración efectiva en el país, siendo, por tanto, foco de atención de los partidos europeos más escépticos con la migración, llevando el debate a la Comisión Europea. Ante esta situación, los países europeos podrían potenciar medidas más contundentes para frenar este auge de la delincuencia, aumentando los controles migratorios y fortaleciendo los protocolos de monitorización y repatriación. 

3. Empeoramiento de la crisis migratoria por la situación del Sahel:

            La situación en el Sahel es cada vez más grave. La inestabilidad generada por los grupos terroristas operantes en la zona y los golpes de Estado hacen que cada año cientos de miles de personas se vean obligadas a desplazarse de sus hogares. Ante tal nivel de inseguridad, aumenta la cantidad de personas que recurren a los flujos migratorios hacia España y otros países europeos, saturando las capacidades de los mismos.

CONCLUSIONES

Tras la exposición de estos casos, se considera de relevancia extraer una serie de aprendizajes sobre la materia de estudio.

En este caso, como se ha visto, España tiene una situación geoestratégica clave en la contención de la migración irregular que pueda subir desde la zona de Marruecos como país de origen o tránsito hacia Europa. Sin embargo, como pudo observarse en la crisis migratoria en Ceuta en 2021, España tiene que aprender de otros países europeos en tanto al señalamiento y reconocimiento institucional de la instrumentalización de la migración como una amenaza híbrida y un arma utilizada ad hoc para desestabilizar al país.

Las crisis migratorias tienen dos facetas inseparables, de seguridad y humanitaria y dar pie a la narrativa institucional de solo una sola de ellas es ceder al chantaje institucional y a la desinformación. Como pudo verse en ese caso y con las concesiones que hizo España, las instrumentalizaciones no han dejado de suceder. Por lo tanto, con la externalización del control de las fronteras y las concesiones políticas realizadas por la instrumentalización de la migración, los países como España en este caso solo pierden poder y se vuelven de facto cómplices de las transgresiones de los derechos humanos que esos países en los que se delega la gestión fronteriza realizan de una tarea que les corresponde.

En este sentido, podemos aprender de acciones mejorables de la gestión norteamericana de las fronteras. Hay un enorme riesgo de facilitar la actividad delictiva de las mafias criminales en tanto a los movimientos migratorios, y precisamente por esto debe haber una colaboración con los países de origen en materia de prevención y control.

Esto nos lleva a una lección clave, y es que España pertenece a la Unión Europea y a convenios, instituciones y tratados internacionales que la sostienen y guían en materia migratoria. Si bien esto a veces puede parecer limitante, puede observarse en el caso de Grecia, que fue la primera en pedir ayuda de la Unión en 2015-2016 para gestionar los flujos migratorios irregulares, que la migración no es un fenómeno bilateral entre dos países, al menos en este caso.

Si se quieren evitar acuerdos como el mencionado polémico acuerdo entre la UE y Turquía, y que haya una menor asimetría en el abordaje de la migración, debemos tener planes de contención, políticas preventivas y capacidades para abordar los distintos escenarios que nos deparan las fronteras de la Unión. Esto evitaría el fraccionamiento interno que se vio en los casos estudiados como en el de Bielorrusia, como con el Acta de Polonia o cuando los países de la Unión han decidido unilateralmente cerrar fronteras o incluso construir muros físicos como Grecia.

En tanto a los escenarios que se plantean, cabría destacar la necesidad del aumento de capacidades operativas y de respuesta rápida a las amenazas y la lucha contra la desinformación y la polarización en la población.

Por último, España tiene un gran elenco de lecciones que extraer de países vecinos y lejanos que han vivido lecciones asimilables, si bien marcadas por diferentes eventos y características, pero que podrían serle de utilidad para elaborar un marco de respuestas a un conflicto cada vez más evidente y tangible en su entorno cercano.